El movimiento independentista está estableciendo una estrategia global para debilitar la percepción de España en las Naciones Unidas

El independentismo catalán impulsa una campaña a nivel internacional para dañar la reputación de España ante las Naciones Unidas.

Recientes reportes elaborados por la ANC y la Plataforma per la Llengua presentaron versiones distorsionadas y manipulativas de la realidad, señalando a España de ejercer discriminación y opresión sobre el pueblo catalán.

La estrategia independentista ha acelerado sus esfuerzos fuera de las fronteras con el fin de desvirtuar la imagen de España, intentando establecerla como un poder colonial que oprime a Cataluña como si fuera una dictadura. Cada agente en este escenario soberanista tiene su papel, y la internacionalización del conflicto recae principalmente en organizaciones que se presentan como cívicas, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Plataforma per la Llengua.

Recientemente, la ANC divulgó su intención de presentar una denuncia ante la ONU, acusando a España de «criminalizar el movimiento de autodeterminación de Cataluña». Esta no es la primera vez que lo hace, pero en esta ocasión lo hace en colaboración con la Organización de Nacionales y Pueblos No Representados (UNPO), un ente de menor jerarquía del que la ANC es parte. En realidad, se trata de una entidad donde coexisten diferentes grupos, partidos y organizaciones. La ANC ocupa la vicepresidencia de este grupo y lo utiliza para promover sus intereses políticos.

Esta semana se presentó un documento a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en el contexto de la cuarta revisión periódica universal (RPU) que se llevará a cabo en España en 2025. El informe contiene argumentos independentistas y amalgama verdades con inexactitudes y falsedades, buscando socavar la confianza internacional en el país. Se afirma, por ejemplo, que «las autoridades españolas han acusado injustamente a activistas de ser violentos, señalándolos como terroristas para desincentivar el derecho a manifestarse, lo que crea un efecto disuasorio que atenta contra la libertad de reunión y asociación».

Asimismo, se defiende la inocencia de doce personas acusadas de intentar establecer un grupo terrorista, las cuales habían fabricado explosivos artesanales y contaban con un listado de objetivos que incluía a políticos y jefes de los Mossos d’Esquadra. Este grupo fue desmantelado en septiembre de 2019 durante la Operación Judas, llevada a cabo por la Guardia Civil. Todos ellos estaban vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR), y la ANC sostiene que no se les ha concedido la amnistía, a pesar de que la legislación establece que los delitos de terrorismo no son susceptibles de perdón. «Otros activistas de los CDR también enfrentaron acusaciones infundadas de terrorismo y finalmente fueron absueltos, sin que sus casos llegaran a resultar en condenas», se indica en el informe a la ONU.

Se ha denunciado un patrón de «politización y falta de independencia en el sistema judicial», lo que ha afectado negativamente el derecho a juicios justos y a la igualdad. Además, se menciona que «aunque la ley de amnistía excluye los casos de tortura y tratos crueles, se ha utilizado para absolver a 51 agentes de policía españoles acusados de uso excesivo de fuerza contra manifestantes pacíficos durante el referéndum de independencia de 2017». En este contexto, no se afirma en ningún momento que los policías no hayan sido condenados ni que el referéndum careciera de legalidad.

El movimiento independentista ha priorizado el ámbito internacional como una estrategia crucial para recuperar su credibilidad.

Se acusa al Estado español de recurrir a «métodos legales de espionaje en contra del movimiento catalán, así como de atacar instituciones y a representantes electos catalanes, lo que infringe el derecho a la participación ciudadana, así como a la igualdad y a la no discriminación, además del derecho a la lengua y la cultura». Se sostiene que las decisiones judiciales que exigen que el 15% de la enseñanza sea en español constituyen «un importante obstáculo institucional» para implementar el modelo de inmersión en las escuelas de Cataluña, un enfoque que no se encuentra en ningún otro lugar de Europa. En este sentido, se recuerda a la ONU que el comité de expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, en su informe más reciente, señaló que ciertos procesos legales confirmados por el Tribunal Supremo español «no cumplen con los compromisos asumidos por España en la Carta».

Plataforma per la Llengua.

Un nuevo ángulo en la globalización del conflicto y la ofensiva contra España está a cargo de la Plataforma per la Llengua. Esta organización, a menudo llamada ONG de la Lengua, fue responsable de introducir observadores en escuelas (con la autorización del Gobierno independentista) para monitorear si los estudiantes empleaban el catalán durante los recesos. El martes pasado, la Plataforma envió un nuevo informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acusando a España de tratar de manera discriminatoria a quienes hablan catalán.

La entidad solicita al comité de la ONU que «reconozca a la minoría de hablantes de catalán como grupo protegido en el marco del convenio para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa». El documento señala que España favorece el uso del castellano y margina el catalán en las directrices de otorgamiento de ayudas públicas. Afirma que los catalanes «ven la justicia española de forma negativa» y denuncia que «el Estado español ha ignorado las sugerencias formuladas por otros países, que se comprometió a implementar en relación con los derechos lingüísticos, como eliminar todas las formas de discriminación y luchar contra los discursos de odio, xenofobia y racismo, promulgar una ley integral contra los delitos de odio que brinde asistencia, protección y reparación a las víctimas, así como desarrollar legislación y políticas que castiguen y prevengan estos crímenes y fomente el respeto a la diversidad».

La Plataforma había llevado a cabo una reunión en enero con el comité de expertos del Consejo de Europa, en la cual presentó un extenso informe de 50 páginas que denunciaba supuestas violaciones y desigualdades hacia la comunidad catalana. En junio, lograron obtener la categoría de entidad consultiva bajo el Consejo Económico y Social de la ONU, lo que les permite referirse a sí mismos como «entidad consultora de la ONU», aunque en realidad son únicamente un organismo consultivo de otra entidad consultora de la ONU.

El ámbito internacional es uno de los aspectos más cruciales en la estrategia del soberanismo. En años recientes, la reputación del movimiento nacionalista ha disminuido considerablemente. Sin embargo, tanto los partidos como las organizaciones cívicas y plataformas ideológicas comprenden que, sin respaldo y reconocimiento a nivel internacional, alcanzar la independencia resultará sumamente complicado. Por ello, se incluye en las tácticas la necesidad de tener una fuerte presencia en foros globales. Las instituciones catalanas han invertido cientos de miles de euros (usualmente en lotes de 100.000 euros) en oficinas de «relatores» que trabajan en torno a la ONU y otros organismos menos relevantes, con el fin de que realicen informes que respalden sus argumentos.

Recientemente, la estrategia para hacerse escuchar implica caracterizar a Cataluña como una colonia de España, buscando un proceso de descolonización similar al que llevó a cabo Guinea Ecuatorial en los años 60. La demanda de que se reconozca la existencia de una «minoría nacional catalana», como exige la ANC, es esencial en este enfoque, aunque hay sectores que se oponen a esta idea, considerándola inadecuada en relación con la realidad de la relación entre Cataluña y España.

El movimiento independentista ha acelerado su actividad en el escenario global con el propósito de desacreditar a España. Su meta es presentarla como una potencia opresora que mantiene a Cataluña bajo control, similar a una dictadura. Cada parte involucrada en el proceso soberanista tiene su papel, y la tarea de llevar el conflicto a un ámbito internacional recae en organizaciones que se autodenominan cívicas, tales como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Plataforma por la Lengua.