Categorías: Crónica
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18 octubre, 2024 5:52 am

Los ciudadanos españoles que tuvieron que abandonar Líbano debido al conflicto bélico comentan: «No deseaba marcharme, pero cada noche en Beirut se tornaba más complicada que la anterior.»

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El Gobierno considera que el Congreso podría aprobar una reducción de la jornada laboral legal, incluso sin el apoyo de los empresarios. Esta información proviene de fuentes de alto nivel en las conversaciones sociales que son conscientes del estado actual de las negociaciones.

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Indican que una posible abstención del PP o el apoyo de Junts podrían facilitar la aprobación de la iniciativa promovida por Yolanda Díaz, lo que es crucial para determinar si esta reforma, que es clave para su departamento, será efectiva en esta legislatura.

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A pesar de los esfuerzos de Trabajo, los sindicatos y los empresarios, la decisión final recae en el Parlamento. Sin una mayoría adecuada en las Cortes, no se podrá modificar el Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada máxima actual de 40 horas a 37,5 en el próximo año.

La disminución en la agresividad con la que el Ministerio de Trabajo se ha comunicado con los empresarios desde julio se interpreta en este sentido. Desde entonces, el departamento de Díaz ha propuesto diversas medidas de flexibilidad y apoyo a pequeñas empresas con la intención de atraer a la CEOE hacia un acuerdo. Incluir a la patronal en un pacto podría hacer que partidos como el PNV o Junts, que valoran la perspectiva empresarial, acepten la propuesta. Sin embargo, en este tiempo la postura oficial de la patronal no ha cambiado, manteniéndose firme en su rechazo a una reducción legal de la jornada, considerándola una imposición que interfiere en la libertad del empresario, argumentando que este aspecto debería ser regulado a través de convenios. A pesar de esto, las fuentes alertan que bloquear la negociación, confiando en que el Parlamento no aprobará un acuerdo sin la participación de los empresarios, podría no ser una estrategia efectiva.

Informes recientes sugieren que no sería inesperado que el PP optara por abstenerse en una posible votación en el Parlamento sobre una medida que es bien recibida por la mayoría de los votantes de diferentes partidos. Se entiende que las nuevas propuestas relacionadas con la conciliación, que incluyen una iniciativa para implementar una semana laboral de cuatro días —aunque condicionada a negociaciones con los agentes sociales—, podrían facilitar la abstención del PP. Sin embargo, el partido no está enfocado en reducir horas laborales, sino en ofrecer mayor flexibilidad en la distribución de la jornada. Además, su propuesta para una ley de conciliación no incluye esta reducción. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ha mantenido reuniones esta semana con los principales sindicatos del país, donde se discutieron estas cuestiones. Después de uno de estos encuentros, Unai Sordo, secretario general de CCOO, expresó que no percibe al PP como dispuesto a apoyar la disminución de la jornada laboral a 37,5 horas. En cuanto a Junts, el Gobierno no descarta el respaldo de los posconvergentes si finalmente se presenta la reducción de jornada en el Congreso. Es sabido que Yolanda Díaz, junto con Joaquín Pérez Rey, realizó una visita a Cataluña en septiembre con la intención de atraer a las organizaciones empresariales Pimec y Foment del Treball, aunque sus líderes no mostraron interés en las propuestas del Ejecutivo. Por otro lado, tras varias reuniones donde el Ministerio de Trabajo había sido más conciliador con la patronal, Yolanda Díaz endureció su postura y advirtió a los empresarios recientemente. La vicepresidenta destacó que las ayudas ofrecidas a las pequeñas y medianas empresas para bonificar las cuotas sociales durante contrataciones relacionadas con la reducción de jornada están condicionadas a la firma de un acuerdo por parte de la patronal.

“El diálogo social debe ser impulsado con incentivos y tratado con consideración”, declaró. En este sentido, expertos en el proceso de negociación indican que el plazo se está reduciendo y que la negociación debe finalizar antes de que termine el año. Asimismo, subrayan que si se alcanzara un consenso únicamente con los sindicatos, las bonificaciones para las pequeñas y medianas empresas se eliminarían, lo que, según estiman, afectaría económicamente a la patronal.

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