La Fiscalía de Lleida ha solicitado más de dos años de prisión para dos personas acusadas de asesinar al oso Cachou en abril de 2020 en la Val d’Aran, en Lleida. Se les imputa por infracciones contra la fauna y por un delito relacionado con la violación de secretos.
Los implicados son un exconseller del Conselh d’Aran y un exagente del departamento de Medio Ambiente. En su solicitud de acusación, el ministerio público señala que José Antonio Boya, quien fue conseller de Territorio entre 2015 y 2019, es considerado el autor de la muerte del oso mediante el uso de veneno.
Por otro lado, se le imputa también al exagente, Aran Medan Guerrero, por haber colaborado en la localización del animal.
La Fiscalía exige para Boya una pena de dos años y cuatro meses de prisión, mientras que para el exagente, busca una condena de dos años y tres meses de cárcel. Según la acusación, el exagente conocía los códigos de geolocalización y era consciente de que la información que manejaba era «confidencial» y no debía ser divulgada. Aun así, compartió esta información con Boya, sabiendo que su intención era eliminar al oso. Entre el 30 de enero y el 26 de marzo de 2020, gracias a los datos de ubicación que el exagente proporcionó, se colocó un «señuelo» en la zona con veneno, dirigido a atraer a Cachou. La ingesta de este veneno resultó fatal para el oso, que murió el 9 de abril de 2020 en el bosque de Soberpera.
La Fiscalía subraya en su denuncia que Cachou pertenecía a la especie protegida del oso pardo, objeto de la catalogación como especie en peligro de extinción. Este animal se encuentra bajo el Régimen de Protección Especial del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y su muerte intencionada está prohibida. Para el responsable directo del fallecimiento del oso, el ministerio solicita una condena de prisión, además de una inhabilitación de tres años y medio para ejercer como ganadero. Asimismo, se pide que no pueda cazar ni pescar durante un periodo de cinco años y cuatro meses. En relación al segundo acusado, la Fiscalía demanda, además de una pena de prisión, una sanción económica de 5.400 euros, la inhabilitación para acceso a cualquier puesto público por un año y seis meses, y la inhabilitación para trabajar como agente medioambiental durante tres años y medio, además de la prohibición de cazar y pescar durante cinco años y cuatro meses.
