El Partido Popular (PP) ha decidido llevar al Tribunal Constitucional el veto del Senado sobre la legislación que afecta a los presos de ETA, dado que el Congreso se ha negado a tramitarlo. Esta acción implicará una judicialización del conflicto entre ambas cámaras si la presidenta Armengol no da un giro y acepta discutir el veto en un Pleno.
Aunque el PP haya presentado esta iniciativa, la tramitación de la ley no se detiene, y su promulgación se llevará a cabo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con este paso, el PP ha iniciado formalmente un enfrentamiento institucional entre el Congreso y el Senado, amenazando con recurrir al TC si Armengol no rectifica y permite una nueva votación de la controvertida ley en la Cámara Baja.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha comunicado que primeramente se solicitará a la Mesa del Congreso que revise su decisión de no realizar un Pleno para discutir el veto. Si esta negativa se mantiene, el Grupo Parlamentario Popular, que posee una mayoría absoluta en el Senado, llevará el asunto al Tribunal Constitucional para que él decida sobre el ‘conflicto de atribuciones’.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, logró posponer la discusión de la enmienda a la ley 7/2014, que facilita la liberación de presos de ETA. En un inesperado giro, Rollán ordenó que el texto fuera devuelto al Congreso para que se pronunciaran sobre el veto que fue presentado en el Pleno del lunes anterior, donde el PP, con su mayoría absoluta, se opuso a la normativa. Esta acción es única, ya que el partido no había presentado enmiendas o vetos durante el proceso legislativo en la Cámara Alta dentro del plazo correspondiente.
La Mesa del Congreso ha desestimado la decisión de Pedro Rollán y ha comunicado que procederá a publicar el texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días. Fuentes de la Cámara Alta indican que, para abordar el conflicto de atribuciones, el primer paso consiste en remitir un requerimiento a Francina Armengol, instándola a convocar un pleno para tramitar el veto del Senado. Este requerimiento será sometido a votación en el Pleno del Senado la semana que viene. Tras su aprobación, se trasladará al Congreso, que contará con un mes para tomar una decisión. Si el Congreso no se pronuncia, el conflicto se elevará al Tribunal Constitucional para su resolución. Es importante señalar que esta figura legal no interfiere con el proceso de la norma, lo que significa que no impedirá la implementación de la ley que facilita la excarcelación de los presos de ETA. El PP ya había utilizado esta estrategia en el Senado durante la discusión de la ley de amnistía para solicitar que el Congreso retirara la norma y la considerara como una reforma constitucional en lugar de seguir el procedimiento para una ley orgánica. Ante la negativa de la Cámara Baja, el PP decidió no proseguir con el proceso, retirando el conflicto competencial y eludiendo elevarlo al TC debido a un antecedente desfavorable. Ahora, el PP ha optado por abrir un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado y está dispuesto a llevar la disputa sobre la ley que beneficia a los presos de ETA ante el Tribunal Constitucional si Armengol no revierte su postura y no permite que esta normativa sea votada nuevamente en la Cámara Baja. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha declarado que, como primer paso, enviarán una solicitud a la Mesa del Congreso para que reconsideren su negativa a celebrar el Pleno necesario para levantar el veto impuesto por el Senado a la ley.
En caso de que continúe con su negativa, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que posee la mayoría absoluta, procederá a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que este organismo se encargue de decidir el ‘conflicto de atribuciones’.
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