El Partido Popular ha expresado sus preocupaciones y planteado «una serie de preguntas» respecto al plan de ajuste fiscal que España presentó el martes ante la Comisión Europea, argumentando que este incumple «la normativa comunitaria». El documento detalla las estrategias que el país tiene para reducir su elevado nivel de deuda y déficit público.
Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Grupo PPE, calificó el plan como «defectuoso» tanto en su fondo como en su forma. Según ella, «es un plan fiscal típico del estilo de Sánchez», añadiendo que se basa en previsiones poco realistas, un incremento descontrolado del gasto sin tener en cuenta las proyecciones europeas, además de ignorar la opinión del Congreso, de las comunidades y de los ayuntamientos, lo que genera una carga para las regiones que deberán afrontarlo en un plazo de siete años.
Este plan establece un cronograma de siete años durante los cuales España se compromete a restringir el crecimiento del gasto público con el fin de estabilizar sus cuentas, que se han visto deterioradas por la gran recesión y la crisis provocada por la pandemia, según informó Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. Para Montserrat, las proyecciones económicas son «poco realistas» y el plan representa «el ajuste de un gobierno que se encuentra en declive y que compromete nuestro futuro cuando ya no esté en el poder», refiriéndose a Sánchez, quien podría no estar en la administración para entonces. «Sánchez organiza la celebración del gasto, pero otros son los que finalmente deben asumir los costos», concluyó.
Fernando Navarrete, eurodiputado del Partido Popular, argumenta que la propuesta de ajuste, que incluye posibles aumentos en impuestos y cotizaciones sociales, tendrá repercusiones negativas sobre el empleo y deteriorará aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos. Según Navarrete, «el ajuste fiscal proyectado resulta en una disminución notable de la capacidad de crecimiento potencial de la economía, pasando del 2% a solo un 1% para finales de la década».
Los populares solicitan intervención de la Comisión
El Partido Popular ha planteado a la Comisión Europea varias preguntas fundamentadas en el Reglamento europeo 2024/1263, que detalla las normas para desarrollar planes fiscales como el que se ha presentado recientemente. Entre las exigencias, el PP destaca que es necesario «involucrar a los Parlamentos nacionales y a las partes interesadas» y que «es fundamental consultar a las autoridades regionales antes de presentar dicho plan».
No obstante, el partido sostiene que Sánchez «ignoró las solicitudes del Grupo Popular en el Congreso para discutir el asunto» y que «no se ha presentado ante las Comunidades Autónomas». Por este motivo, demandan intervención de la Comisión, argumentando que, conforme a la normativa vigente, esto «socava la apropiación nacional y la credibilidad del nuevo marco de gobernanza fiscal de la Unión Europea».
Además, desde el PP se indica que este proyecto no considera las implicaciones futuras de «los aumentos en las cotizaciones sociales» ni su impacto en «la capacidad de crecimiento económico». Según el Reglamento europeo, cada plan debe abordar «la situación procesal en el ámbito nacional, con un enfoque de gasto acorde a lo establecido en el plan presupuestario».
Ante la situación de «excepcionalidad presupuestaria que atraviesa España desde 2023», el Partido Popular ha solicitado a la Comisión que examine «la posible infracción del plazo establecido para la entrega de los Presupuestos Generales del Estado de 2025». Asimismo, piden que se considere que «el Gobierno no ha presentado, hasta la fecha en que se envió el plan fiscal-estructural, su propuesta de plan presupuestario».
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