Mazón y Guardiola han vuelto a plantear el tema nuclear, solicitando una reevaluación del cierre de las centrales de Cofrentes y Almaraz. Los presidentes autonómicos del PP están aumentando la presión sobre el Gobierno para que extienda la operación de estas plantas, argumentando que es crucial para la autonomía energética y la creación de empleo.
La decisión de clausurar las centrales nucleares en España continúa generando divisiones en el ámbito energético y entre distintas administraciones. Las instalaciones de Cofrentes, ubicadas en la Comunidad Valenciana, y Almaraz, en Extremadura, están programadas para cerrar en 2030 y 2027, respectivamente, siguiendo el plan de descarbonización del Gobierno.
Carlos Mazón y María Guardiola, ambos del Partido Popular, han intensificado recientemente sus demandas al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que reconsideren estos plazos, señalando que un cierre adelantado podría acarrear efectos adversos en sus respectivas regiones.
A pesar de la creciente presión regional y de la situación en el sector energético, hasta ahora no se ha emitido ninguna comunicación oficial del Gobierno central que sugiera una modificación de estas fechas. Tanto Mazón como Guardiola son miembros del Partido Popular, cuya dirección está en manos de Alberto Núñez Feijóo. Este líder ha adoptado una postura ambivalente en torno a la energía nuclear, mostrando apertura hacia la idea de extender la vida de las plantas si esto es necesario para asegurar la estabilidad del suministro energético.
Mazón y Guardiola se alinean con la dirección del partido al solicitar una reevaluación de la planificación energética para garantizar tanto la producción de electricidad como el empleo en las áreas afectadas por estas infraestructuras. Carlos Mazón, quien lidera la Generalitat Valenciana, ha manifestado claramente su demanda al Gobierno central para reconsiderar el cronograma de clausura de la central nuclear de Cofrentes, cuyo cierre está previsto para 2030. Según su perspectiva, la actual situación energética en España, que se caracteriza por un aumento en la demanda y los retos de la integración de energías renovables, requiere un análisis de los plazos de cierre de las instalaciones nucleares.
Mazón ha afirmado en varias ocasiones que «cerrar Cofrentes sin contar con un plan alternativo sólido sería un acto de imprudencia». Resaltó la necesidad de asegurar que las energías renovables puedan satisfacer la demanda antes de tomar una decisión de tal magnitud. Además, no es solo Mazón quien ha solicitado la revisión del cierre de Cofrentes; su antecesor, el socialista Ximo Puig, también consideró pertinente abrir un debate sobre el calendario nuclear, dado el retraso en la instalación de energías renovables y la descoordinación con la demanda futura de electricidad.
Este consenso entre Mazón y Puig resalta que, más allá de las diferencias partidistas, el destino de Cofrentes representa un tema crucial para la soberanía energética en una de las regiones de España con un desarrollo más reducido en instalaciones fotovoltaicas. El presidente valenciano ha indicado, además, que la incertidumbre en el ámbito geopolítico y el incremento de los costes energéticos son factores que deben tenerse en cuenta al decidir sobre el calendario de cierres.
A pesar de que el Gobierno central no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre la modificación del calendario establecido por orden ministerial, Mazón argumenta que, si las energías renovables no logran reemplazar a la energía nuclear en los próximos años, sería necesario replantear su cierre. Según fuentes de la Generalitat, «si la energía nuclear representa un 20% de la producción total en España, funcionando casi el 98% del tiempo, eliminarla antes de contar con un reemplazo nos dejaría a merced del gas durante muchas más horas al año, como sucedió en Alemania, lo que incrementaría significativamente las facturas eléctricas de hogares y negocios».
Por otro lado, la administración valenciana reconoce que su postura actual es únicamente de declaración. No ha implementado ninguna acción burocrática para intentar instar a una revisión del calendario, un proceso que, además, excede sus atribuciones.
En Extremadura, la presidenta María Guardiola ha destacado las repercusiones económicas y sociales que podría acarrear el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027. Guardiola ha enfatizado que esta clausura necesita ser reevaluada, dado que la región depende en gran parte de los empleos directos e indirectos que proporciona la instalación. Con más de 1.000 empleos en riesgo, la presidenta extremeña ha advertido que un cierre sin un plan de reconversión laboral claro resultaría en un golpe devastador para la economía local.
«Es fundamental no cerrar oportunidades sin crear otras. Almaraz es esencial para Extremadura, y su cierre sin opciones alternativas sería un daño irreparable», ha subrayado. Al igual que Mazón, Guardiola respalda la transición hacia energías más limpias, pero ha criticado la velocidad a la que se plantea la clausura de las plantas nucleares. Ha señalado que, en regiones como Extremadura, donde la economía carece de diversificación, es necesario más tiempo para desarrollar alternativas que sustituyan los empleos y la riqueza que produce la central.
Un elemento adicional que podría afectar esta discusión es el nuevo papel de Teresa Ribera, actual ministra de Transición Ecológica en España y futura vicepresidenta de la Comisión Europea. Ribera ha sido una de las figuras más destacadas en la defensa de la estrategia de descarbonización dentro de España y en la implementación de una política de cierre gradual de las centrales nucleares. No obstante, al asumir su nuevo cargo en Bruselas, podría estar dispuesta a reconsiderar su postura sobre este tema, influenciada por la presión de naciones a favor de la energía nuclear, como es el caso de Francia.
A pesar de su compromiso con el calendario de cierres durante su tiempo en el Gobierno español, las circunstancias energéticas actuales —marcadas por el conflicto en Ucrania y la crisis de precios— podrían ejercer presión sobre ella para que no se oponga a una revisión de esta cuestión. Esto es especialmente relevante si otros países europeos intentan extender la vida útil de sus instalaciones nucleares para garantizar su suministro energético en el marco de la transición ecológica. Recientemente, los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea han ratificado el llamado «mandato negociador» de la UE para la conferencia climática COP29 de la ONU, programada para noviembre en Azerbaiyán, sin establecer ninguna referencia que excluya la energía nuclear.
Consideraciones a favor del cierre.
En el debate sobre el cierre de las centrales nucleares, se presentan argumentos contundentes en contra de modificar los plazos establecidos por el Gobierno español. Este argumenta que debe adherirse a los compromisos de descarbonización que están delineados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que extender la operatividad de las instalaciones nucleares podría retrasar el avance de las energías renovables y obstaculizar la modernización del sistema energético. Desde esta óptica, mantener el calendario de cierre es esencial para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y resistente. La defensa de este calendario depende de la rapidez con la que se implementen las energías renovables y las tecnologías de almacenamiento, como las baterías estacionarias.
Por otra parte, aquellos que apoyan el cierre argumentan que, a pesar de la estabilidad que aporta la energía nuclear, esta conlleva la producción de desechos peligrosos y presenta riesgos de seguridad. El propósito a largo plazo del Gobierno es sustituir estas fuentes por energías renovables más limpias y seguras. Teresa Ribera ha señalado en reiteradas ocasiones que «la energía nuclear no es la respuesta a los retos climáticos y de sostenibilidad que enfrentamos. Debemos dirigirnos hacia un futuro 100% renovable».
Aunque, hasta ahora, no se han emitido declaraciones oficiales del Gobierno central sobre la revisión del calendario de cierre de las nucleares, hay diversos factores que podrían influir en un nuevo análisis por parte de quienes favorecen las prórrogas. Un aspecto crucial es la crisis energética que ha impactado a España y Europa, sobre todo a raíz del incremento en los precios del gas y las tensiones geopolíticas a nivel internacional.
En el ámbito energético, compañías como Iberdrola, que opera en Cofrentes, sostienen que sería técnicamente viable extender la vida operativa de las centrales nucleares más allá de los 40 años inicialmente establecidos. Esta postura resalta que los avances tecnológicos permiten un funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares durante un período más amplio, similar a lo que se observa en otras naciones.
La decisión de cerrar las centrales nucleares en España sigue siendo objeto de controversia tanto en el sector energético como entre las administraciones públicas. Las instalaciones de Cofrentes, situadas en la Comunidad Valenciana, y Almaraz, en Extremadura, tienen programado finalizar su actividad en 2030 y 2027, respectivamente, de acuerdo con el plan de descarbonización promovido por el Gobierno central. Los presidentes autonómicos, Carlos Mazón y María Guardiola, del Partido Popular, han aumentado recientemente sus demandas para que el Gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, evalúe este cronograma, advirtiendo que un cierre anticipado podría acarrear repercusiones adversas para sus comunidades.
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