Álvaro García Ortiz declaró este miércoles que no está «ni siendo investigado ni acusado». Así lo afirmó el fiscal general del Estado durante una entrevista en RTVE, en respuesta al auto del Tribunal Supremo que se divulgó esa mañana, donde se le señala por un supuesto delito de revelación de secretos, según lo que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado.
En su conversación con Xavier Fortes en «La noche en 24 horas», García Ortiz comentó que «el auto establece que solo el Tribunal Supremo tiene la autoridad para iniciar indagaciones sobre la filtración de correos que le involucran».
Específicamente, el tribunal superior menciona en su análisis que la sospecha que pesa sobre él está asociada con una declaración de prensa emitida el 14 de marzo, que se hizo pública en los días previos, revelando información de correos.
Este comunicado está vinculado a la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por posibles delitos de fraude fiscal y falsificación. Antes de que se divulgara la nota, se conocieron diversas informaciones sobre presuntos acuerdos donde la Fiscalía estaba en diálogos con González Amador para evitar su condena y una posible prisión. Estos detalles, según se alega, surgieron de filtraciones de correos.
García Ortiz defendió su posición en el cargo, afirmando que la Fiscalía debe ser robusta ante cualquier ataque, y explicó que no tenía conocimiento previo sobre los correos mencionados y solo tomó conciencia de su existencia cuando un medio de comunicación pidió acceso a ellos. Asimismo, el fiscal general dejó claro que su decisión de no renunciar, como ha solicitado el PP, se fundamenta en que él no fue el responsable de la filtración de esos correos.
García Ortiz ha reafirmado su responsabilidad respecto al contenido de la nota de prensa, aclarando que el fiscal general del Estado no envía correos durante la noche. Adicionalmente, señaló que en la Fiscalía hubo varias personas que conocieron dicha información, aunque prefirió no especular si la investigación del Supremo debería incluir a otros empleados que accedieron a esos mensajes.
En cuanto a la nota de prensa publicada en marzo, indicó que su intención principal era desmentir un rumor infundado. A su juicio, no tiene lógica emitir un comunicado y, al mismo tiempo, filtrar correos. Dijo que, si tuviera que hacerlo de nuevo, actuaría de la misma manera. A pesar de que la repercusión ha sido indeseable en relación al objetivo que perseguía, repetió que existía una información falsa que afectaba a la Fiscalía, por lo que era necesario ofrecer una respuesta institucional.
Durante la conversación, el presentador mencionó que tras la controversia, se había mencionado que el origen de la información provenía de «fuentes cercanas a la defensa» de la pareja de Ayuso, sugiriendo que esto incluía a los abogados de González Amador. García Ortiz aclaró que esto es un punto señalado por la Fiscalía y no por él. Desde el inicio del proceso, él no ha estado involucrado en los documentos y, como investigado, se abstiene de hacer más comentarios.
Finalmente, García Ortiz se refirió al rumor de un posible acuerdo con la pareja de Ayuso, enfatizando que la conformidad representa un beneficio para el acusado; al aceptar tal acuerdo, el reo está asumiendo ciertos beneficios.
En una reciente declaración, se cuestionó la existencia de un posible perjuicio ante un beneficio, enfatizando la importancia del trabajo realizado por jueces y fiscales. Cada día, en los tribunales se otorgan numerosas sentencias de conformidad, y se posponen juicios en virtud de estas. La profesionalidad de los jueces en la evaluación de este tipo de casos se considera impecable.
En cuanto a las acusaciones de persecución política o «lawfare», el fiscal general optó por no profundizar en este asunto. Defendió la necesidad de su papel para preservar la integridad de las instituciones, asegurando que el Tribunal Supremo actuará únicamente basado en hechos y fundamentos legales. Resaltó que, a pesar de las dificultades y persecuciones que pueden surgir por su posición, los fiscales poseen un amplio volumen de información. Aunque podría utilizar dicha información de manera perjudicial hacia ciertos grupos políticos, dejó claro que esa no es su intención. Dio lugar a la idea de que su función requiere una postura neutral e imparcial, lo que a menudo lo convierte en blanco de críticas desde diversos sectores.
A lo largo de la conversación, reiteró que el fiscal general ostenta un considerable poder conferido por el propio Gobierno y no se siente en desventaja a la hora de hacer valer sus argumentos. El reciente fallo del Tribunal Supremo, que se encargará de investigar si el fiscal general y la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, están implicados en la filtración de correos electrónicos, representa un hecho sin precedentes en la historia democrática del país.
Asimismo, se investigará el comunicado de prensa relacionado con este tema. Desde el Partido Popular han solicitado que García Ortiz se retire. Según ellos, «no es posible que siga afectando negativamente el trabajo de la Fiscalía en nuestra nación».
