Durante la primavera de 2018, un audaz y joven dirigente socialista impulsó una moción de censura contra el Gobierno del PP, que en ese momento estaba atrapado en una maraña de escándalos de corrupción de los cuales no podía escapar.
A pesar de que el joven líder solo contaba con 84 asientos en el Congreso, logró obtener la colaboración de varios grupos parlamentarios, formando así la mayoría necesaria. Ese día, Pedro Sánchez se dirigió a la nación desde el estrado del hemiciclo con declaraciones claras y contundentes, que cualquier ciudadano decente puede respaldar, sin importar su ideología.
Expresó que «la corrupción es un agente erosionador y dañino para cualquier nación; socava la confianza de la sociedad en sus gobernantes y, como consecuencia, debilita las instituciones del Estado; además, ataca la cohesión social que es fundamental para la convivencia en una democracia. La combinación de impunidad por la gravedad de los hechos investigados y la asombrosamente lenta respuesta de la Justicia, junto con la falta de asunción de responsabilidades por parte de los implicados, agrava la situación». Hoy, más de seis años después de esos agitados momentos, vivimos otra vez tiempos convulsos por escándalos de corrupción que involucran al Gobierno del mismo joven dirigente que ascendió al poder gracias a la corrupción de otros. Con el paso del tiempo, el respetado semanario británico The Economist ha dejado de considerarlo audaz y lo ha calificado de despiadado, un término mucho más difícil de tolerar. Este hecho no debería alarmar demasiado a los de Moncloa, excepto porque suelen recurrir a la prensa internacional para defender su gestión cuando esta es favorable.
Los casos del Tito Berni, Begoña Gómez, el hermano del presidente y Koldo-Ábalos aún no han sido resueltos judicialmente y permanecen en los tribunales, a pesar de que han caído en el olvido mediático. Los procesos están avanzando lentamente, como mencionó Sánchez durante su intervención en la moción de censura a Rajoy, refiriéndose a la «lenta respuesta lógica de la Justicia». Desde Moncloa, se afirma haber dado una respuesta política rápida y decisiva, aunque hay aspectos que no parecen coincidir con esta declaración. Es cierto que en 2021, Sánchez destituyó a Ábalos tanto del Gobierno como de la dirección del PSOE, pero nunca aclaró las razones detrás de esa decisión. Si su intención al apartarlo era por conocer sus actividades, ¿por qué no lo comunica? ¿Y por qué no llevó el asunto a los tribunales? Además, ¿por qué se mantuvo a Ábalos en las listas del PSOE para las elecciones de 2023? Por último, cabe preguntar: ¿cuál es la versión correcta sobre el caso Delcy?
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