Por la tarde se ha desatado una nueva oleada de solicitudes de dimisión. Después de la reunión de los fiscales, el líder del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, recibió las opiniones de los miembros del Consejo Fiscal sobre su decisión de permanecer en su puesto a pesar de que el Tribunal Supremo lo ha imputado.
La mayoría de los vocales le han solicitado que se aparte del cargo para no comprometer «la credibilidad» del cuerpo fiscal en su conjunto. La junta, que se inició a las 16:00 y se extendió por casi dos horas, se desarrolló de manera «tranquila», según informaron algunos asistentes, con intervenciones de los 12 consejeros en un ambiente «cordial».
García Ortiz fue el primero en hablar, ofreciendo explicaciones sobre la situación, y después lo hicieron los demás miembros, uno por uno. Los integrantes de la Unión Progresista de Fiscales, que incluye al propio fiscal general, expresaron su apoyo incondicional hacia él. Santiago Mena y Yolanda Ortiz comunicaron su respaldo a García Ortiz, fundándose en «razones morales e institucionales» y en «el contenido mismo de la decisión» del Tribunal Supremo. «La razón por la que se llevó la exposición razonada al Tribunal Supremo no genera dudas: la aclaración de la Fiscalía General no reveló ningún secreto ya que todo estaba previamente publicado», argumentaron los fiscales. Por otro lado, Salvador Viada, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), solicitó la renuncia de García Ortiz y, según algunos fiscales, fue el miembro más crítico con el comportamiento de su superior.
Seis miembros de la Asociación de Fiscales, la más representativa, han instado al fiscal general a que «reconsidere su decisión de no renunciar» a su puesto. En un comunicado tras la sesión del Consejo Fiscal, esta asociación expresó que «la elección del fiscal general de seguir en el cargo cuestiona la confianza en la actuación de todos los profesionales de la carrera». Además, señalaron una situación problemática: «la incongruencia de que quien debe intervenir para defender la legalidad y los derechos ciudadanos esté bajo la jefatura de alguien que está siendo investigado». Los vocales advirtieron que «no existe mayor consecuencia perjudicial para el Ministerio Fiscal que permitir el deterioro continuo de la institución, mientras se pretende mantener el liderazgo y representación a pesar de estar bajo investigación». Por su parte, el fiscal general, que según testigos de la reunión se mostró «serio» pero «calmado», ha reafirmado su decisión de no dimitir y ha hecho evidente su intención de continuar al confirmar la celebración de la próxima reunión del Consejo Fiscal a finales de diciembre.
