Semana convulsa para el PSOE: la imputación del fiscal general y Ábalos generan inquietud en Moncloa y Ferraz
Existen temores sobre posibles nuevos escándalos relacionados con el exministro. Se reitera que Álvaro García Ortiz considera que el caso será archivado.
Los aliados políticos muestran desconfianza por el impacto en su imagen: «esto es una tormenta perfecta».
A pesar de estar acostumbrados a lidiar con crisis y desafíos, el Gobierno y el PSOE han sentido la presión provocada por el caso Ábalos y la inesperada imputación del fiscal general del Estado.
Tras la conmoción por las acusaciones de corrupción contra el exministro de Transportes, el Tribunal Supremo ha iniciado una investigación sobre Álvaro García Ortiz, por supuestas filtraciones de información confidencial. Aunque Moncloa asegura que esto no tendrá mayores consecuencias, el impacto negativo en la reputación del Ministerio Público es significativo.
El Ejecutivo intenta proteger al fiscal mientras renueva sus críticas hacia el poder judicial, argumentando que «solo actúan con unilateralidad». Sin embargo, tanto Moncloa como Ferraz han tenido que afrontar el desgaste de esta semana problemática, que comenzó con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Ábalos y que culminó con la imputación de García Ortiz. Esta secuencia de crisis ha dejado a los socialistas desorientados y cansados, relegando a un segundo plano la urgencia por los presupuestos y la necesidad de apoyo de Junts, con quienes están dialogando para lograr una estabilidad que facilite las conversaciones sobre el próximo año fiscal.
Las irregularidades asociadas con el exnúmero tres del PSOE han sido objeto de discusión constante en el partido durante estos días. La detención de su asesor, Koldo García, hace ya ocho meses, afectó gravemente la imagen política de Ábalos, lo que finalmente resultó en su expulsión del grupo parlamentario. Sin embargo, la reciente noticia de más comisiones adicionales, fuera del contrato de suministros de mascarillas, ha generado una gran conmoción entre los miembros del partido. Líderes socialistas han manifestado que no anticipaban el impacto de este caso y admiten que la situación se ve complicada para el exministro en términos judiciales.
Esta situación de desasosiego está acompañada por la preocupación acerca de la extensión de la relación que el exministro tuvo con el comisionista Víctor de Aldama, así como la investigación relacionada con una trama de hidrocarburos llevada a cabo por la Audiencia Nacional, que ha llevado al empresario a la cárcel. Tanto Moncloa como Ferraz no cuentan con pruebas que aseguren la inexistencia de otros posibles escándalos que pudieran ocasionar más perjuicios. Existe el temor de que esta situación tenga repercusiones negativas en las próximas elecciones.
A pesar de intentar defender su postura al afirmar que lo expulsaron antes de que se le imputara (actualmente, el juez ha comenzado los trámites para solicitar que el Supremo le impute), los socialistas han decidido cerrar filas. “Si se indaga más, la situación podría empeorar”, afirman. Ayer, el presidente del Gobierno evitó comentar en el Congreso sobre cualquier contacto que pudiera haber tenido él o su esposa, Begoña Gómez, con Aldama, quien también está vinculado a Air Europa y tiene fuertes lazos en Venezuela.
Recientemente, la situación del Gobierno se ha visto complicada por la imputación del fiscal general. Desde el Ejecutivo, sostienen que «no tendrá consecuencias» ya que la acusación de filtración de secretos proviene de la divulgación de correos entre el fiscal del caso y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que admitió haber cometido fraude fiscal. De acuerdo a fuentes oficiales, no se puede responsabilizar a Álvaro García Ortiz por su difusión en ciertos medios, ya que otras personas también tenían acceso a ella. Este argumento ya había sido presentado por la Fiscalía en sus apelaciones. Afirman que «el caso no avanzará», debido a la dificultad para localizar al responsable de la filtración. Esto sirve como motivo para continuar con el proceso, a pesar del desgaste que implica para la institución.
Entre los aliados en el Parlamento, se ha notado un aumento del nerviosismo en las filas del PSOE en los últimos días. Las controversias se acumulan como una nube sobre el Gobierno de coalición, creando un ambiente pesimista en el Congreso. No obstante, todos, excepto ERC, están de acuerdo en que Sánchez se mantendrá en su puesto, ya que no existe una mayoría alternativa viable. Gabriel Rufián es el único que advierte que Junts podría terminar apoyando una moción de censura junto al PP y Vox, algo que en Génova descartan, en Moncloa minimizan, en Sabin Etxea detestan y en Junts consideran poco probable. «El PP debería darse cuenta de que estará en la oposición por un buen tiempo», señalaban desde Sumar.
No obstante, el principio de realidad se manifiesta en la evaluación que hacen los demás socios, quienes cada mañana enfrentan una nueva controversia y observan con incredulidad la evolución de una legislatura que no logra despegar. Este momento crítico se centra en la aprobación del presupuesto para 2025. Desde Podemos, el socio más volátil para Sánchez junto a los independentistas catalanes, comentan: «Se está configurando una tormenta perfecta. Si no logra concretarse, es porque el PP carece de astucia, ni siquiera acierta a marcar en una portería vacía». Una voz destacada dentro del partido de Ione Belarra remarcaba ayer que la situación de Ábalos es bastante grave. Recordaban que si el presidente obligó a la dimisión de Ábalos por la responsabilidad de su mano derecha, Koldo, esa misma razón ahora se vuelve en su contra.
A pesar de todo, la acusación del fiscal general del Estado dio lugar a una respuesta casi unánime entre los grupos aliados, quienes mencionan de manera generalizada la «guerra sucia judicial» supuestamente promovida por el sector «de la derecha» contra el Gobierno. Fuentes del lado progresista del parlamento mencionan: «Los jueces saben que Ayuso es intocable».
El PNV tiende a manejar con cuidado sus opiniones sobre el Gobierno, aunque algunas personas fuera de los canales oficiales sugieren que la situación creada por la imputación del fiscal general es «insostenible». Se cuestionan las implicaciones para los fiscales encargados de establecer el criterio del Ministerio Público en el caso de García Ortiz, así como para los testigos que deban declarar. «Esto crea un escenario complicado dentro de la institución. El fiscal debería haber renunciado», subrayan fuentes del nacionalismo. Por otro lado, un aliado reiteraba las irregularidades de García Ortiz. «Cuando ocupas un cargo público, a veces tienes que contenerte, aunque eso duela», manifestó tras oír la defensa incondicional de Moncloa hacia el fiscal, quien supuestamente intentó defenderse de un «bulo» relacionado con el novio de Ayuso.
Otras voces apuntan a que Moncloa pudo haber sugerido a Ortiz que se mantuviera en su puesto para evitar una percepción de debilidad. «A perro flaco, todos le echan pulgas», enfatiza un diputado nacionalista al respecto.
El Ejecutivo enfrenta dificultades para manejar esta tensión, que se agrega a la constante dependencia de Carles Puigdemont en cada votación. Todos los esfuerzos por desviar la atención hacia la acción política no han tenido éxito. Sin embargo, Pedro Sánchez insiste en que nada ni nadie lo apartará de su objetivo de una legislatura prolongada.
Ni la práctica habitual de estar en situaciones límites, ni la experiencia adquirida al tratar con problemas constantes han protegido al Gobierno y al PSOE de la conmoción provocada por el caso Ábalos y el golpe posterior por la imputación del fiscal general del Estado. Mientras intentaban asimilar el escándalo relacionado con la presunta corrupción del exministro de Transportes y exsecretario de Organización, el Tribunal Supremo ha decidido investigar a Álvaro García Ortiz, el fiscal general, por la posible divulgación de información confidencial. A pesar de que desde Moncloa afirman que «no tendrá consecuencias», esta situación ha provocado otra crisis interna que ha afectado gravemente la reputación del Ministerio Público.
