En la cocina de la Terrasseta, un comedor social en Gràcia, las actividades se distribuyen entre quienes pelan cebollas, quienes preparan hamburguesas y quienes organizan la mesa, todo listo para ofrecer 150 menús diarios a personas en situación de dependencia del alcohol.
Sin embargo, desde hace meses enfrentan la preocupación de no saber qué sucederá después del 31 de octubre, cuando cesará la financiación del Ayuntamiento de Barcelona. María Luisa Marin, la presidenta de la Asociación La Rauxa y promotora del comedor, denuncia que la decisión del consistorio fue tomada «sin fundamento», algo que las autoridades municipales desmienten.
Desde el Ayuntamiento aseguran que han implementado una reestructuración de los servicios de comedor mediante una nueva licitación, con el objetivo de mejorar la calidad de atención a los ciudadanos. «El enfoque busca elevar la dignidad en la atención de las personas, creando espacios apropiados y ofreciendo un servicio profesional centrado en la inclusión social», afirman sobre el nuevo sistema. El conflicto surge de un «contrato especial» que se otorgó en el año 2000, tras un desacuerdo en un concurso público, permitiendo a la asociación prorrogar el acuerdo cada cuatro años. El último contrato debía renovarse este octubre, pero la Terrasseta se encontró con la noticia inesperada de que debían participar en un concurso. «En una reunión con el Ayuntamiento para hablar de la prórroga, nos informaron que debíamos presentarnos a la nueva licitación», comenta Marin, quien señala que dicha reunión fue el 10 de abril y que el plazo para el concurso culminaba el 17. «No teníamos tiempo suficiente para preparar la documentación necesaria», justifica la doctora. Durante los 24 años de funcionamiento del comedor en Gràcia (antes contaron con otro en el Clot), nunca habían competido en un concurso, a pesar de haberse llevado a cabo seis de ellos. «No era necesario», concluye.
El Ayuntamiento ha justificado la finalización del contrato argumentando que “la normativa europea ha cambiado los contratos públicos para comedores sociales”. Sin embargo, insisten en que esto no les afecta, ya que la legislación catalana respalda su contrato, el cual sigue vigente y no entra en conflicto con la normativa europea. Desde el consistorio sostienen que comunicaron todas las decisiones relacionadas con la nueva licitación a la Rauxa “de manera adecuada y a tiempo”, indicando que la entidad optó por no participar en el proceso, a pesar de estar al tanto de que una nueva licitación estaba en curso.
El comedor de la Terrasseta es considerado un servicio público de la ciudad, y como tal, debe ser gestionado mediante un concurso que define claramente los perfiles profesionales necesarios para asegurar la correcta prestación del servicio. Es fundamental, además, que este recurso cuente con la supervisión profesional de los Servicios Sociales, ya que está dirigido a personas que los utilizan.
Este espacio es peculiar porque la mayoría de quienes laboran allí son personas en proceso de rehabilitación por problemas de alcoholismo, aunque también hay trabajadores sociales. La doctora que supervisa el comedor enfatiza la importancia del rol de aquellos que han vivido experiencias similares, quienes a menudo comparten sus historias y motivan a otros a buscar ayuda. Asegura que ver a personas que han logrado recuperarse y están insertadas en el mundo laboral es crucial para los usuarios del comedor.
La directora de la asociación ha expresado que, tras recibir la notificación del Ayuntamiento, su intención es continuar con el funcionamiento del comedor, buscando financiación en otras fuentes. En la actualidad, ya han establecido colaboraciones con entidades externas como el Banco de Alimentos y supermercados como Mercadona y Consum, lo que les permite contar con abundante provisión de alimentos.
Marin enfatiza que la labor del comedor es crucial, tanto para los empleados que perderían su empleo si se cierra, lo que considera «un despropósito», como para aquellos que se benefician de sus servicios. «Están esforzándose en superar una enfermedad», subraya, y reafirma que no están en contra de nadie.
Apoyo de organizaciones y partidos políticos
En una petición en Change.org para reinstaurar la financiación municipal, la asociación resalta su labor de más de veinte años, brindando cenas «de calidad», facilitando reinserciones laborales de AARR tras completar un tratamiento de rehabilitación y motivando a otros afectados a solicitar ayuda. Expresan su descontento con el hecho de que «el Ayuntamiento de Barcelona se ampara en justificaciones que sugieren una mala preparación o ejecución del comedor social, lo cual es completamente falso». La Terrasseta también cuenta con el respaldo de más de diez entidades, entre ellas, el Centro Catalán de Solidaridad, la Federación Catalana de Drogodependencias y otras adicciones, y la Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS), quienes han escrito al gobierno municipal defendiendo la labor de la asociación. Este martes, tanto Junts como Barcelona En Comú solicitaron al Ayuntamiento, en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte, que se garantice la continuidad del comedor. «Es un proyecto único, aunque a veces su singularidad entra en conflicto con ciertas normativas legales, y el desafío es hallar un equilibrio entre ambas realidades, que son igualmente significativas», mencionó la regidora de Junts, Neus Munté. Carolina Recio (Bcomú) destacó que la Terrasseta realiza «una labor invaluable e irremplazable en nuestros barrios» y que para muchas personas «es un recurso urgente y único».
En respuesta a estas solicitudes, el ayuntamiento se comprometió a evaluar la posibilidad de ofrecer apoyo a quienes están involucrados en el programa de reintegración laboral. «Es una inquietud para nosotros», afirmó Sonia Fuentes, la comisionada de Acción Social, quien también comentó que se dialogará al respecto con la organización. Sin embargo, subrayó que hay una clara distinción entre el servicio de comedor y la continuidad del programa de inserción, así como el tratamiento de personas con adicciones. Por su parte, Marin expresa que ha estado solicitando desde hace varios meses un encuentro con Maria Eugènia Gay, la segunda teniente de alcalde encargada de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de Vida, así como con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sin recibir ninguna contestación.
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