El Ejecutivo ha expresado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser acusado por el Tribunal Supremo de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, afirmó que la única acción realizada por el fiscal fue «desmentir rumores» divulgados y «exponer la verdad objetiva», confiando en que su imputación no tendrá consecuencias. «El Gobierno se alinea con los fiscales que dicen la verdad y no con los delincuentes confesos», subrayó Bolaños.
Esta situación marca la primera ocasión en que un fiscal general enfrenta una imputación. Ante esto, García Ortiz ha manifestado su deseo de seguir dirigiendo la Fiscalía, una decisión que ha recibido el respaldo unánime del Gobierno. «Profundamente respeto este auto y estoy convencido, debido a mi confianza en la Justicia, de que este asunto no tendrá relevancia», se defendió el ministro de Justicia después de revisar el auto, que menciona un posible delito de revelación de secretos vinculado a filtraciones antes de una nota de prensa emitida por la Fiscalía para contrarrestar otras informaciones de los medios. Específicamente, el Supremo se refiere a correos electrónicos entre el fiscal encargado del caso y el abogado de González Amador que fueron divulgados en la prensa.
Desde la perspectiva del Gobierno, la acción del fiscal general se da porque la pareja de Ayuso «admite haber cometido dos delitos por evasión fiscal» y solicita un acuerdo con la Fiscalía «para evitar la prisión». Durante las investigaciones, surgió una filtración «desde el entorno de la Comunidad de Madrid», la cual fue considerada «falsa» por Bolaños en referencia a un artículo del diario El Mundo que sugiere que la Fiscalía está intentando negociar un acuerdo con González Amador.
Bolaños sostiene que tras el acceso a esa información, la Fiscalía emitió una nota con el propósito de «desmentir el rumor» y proporcionar la «verdad objetiva», que señala que el compañero de Ayuso «ha admitido los delitos y busca un acuerdo con la Fiscalía para evitar la prisión». «La Fiscalía actuó conforme a su responsabilidad», afirmó Bolaños.
Sin embargo, el Tribunal Supremo no señala al fiscal general a causa de la nota de prensa, sino por las filtraciones que ocurrieron antes de esta, las cuales anticiparon su contenido. Según fuentes de Moncloa, creen que el caso no tendrá desarrollo alguno, ya que los periodistas que dieron a conocer esas informaciones no revelarán sus fuentes.
Bolaños no ha hecho comentarios acerca de las filtraciones anteriores, pero reiteró que el fiscal únicamente ha hecho «un relato de la realidad». «Veremos qué sucede, pero confío en que no habrá consecuencias para aquellos que expresan la verdad», señaló el ministro, reafirmando su «confianza» en el sistema judicial y en el Tribunal Supremo para que la «verdad salga a la luz».
«Estas son las realidades objetivas y específicas, y el Gobierno apoya al fiscal general y su trabajo en la Fiscalía», declaró Bolaños.
