El Parlamento italiano ha ratificado este miércoles de manera definitiva una legislación que considera la gestación subrogada como un «delito universal», permitiendo así que se impongan sanciones en el territorio italiano, incluso si la práctica se lleva a cabo en otros países.
Este proyecto, impulsado por el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, los Hermanos de Italia, obtuvo luz verde en el Senado con 84 votos a favor y 58 en contra, tras haber sido aprobado por la Cámara de Diputados en julio de 2023.
Aunque desde 2004 la gestación subrogada ya está penada en Italia, la nueva normativa la considera también «punible» si se realiza en el extranjero. Específicamente, la legislación de 2004 establece en su artículo 12 sanciones que van de 600.000 a un millón de euros, además de penas de hasta dos años de prisión para aquellos que, en cualquier forma, lleven a cabo, organicen o promuevan el comercio de gametos, embriones o la subrogación materna. La modificación estipula que estas penas se aplicarán asimismo a los ciudadanos italianos que opten por esta técnica reproductiva fuera del país. Meloni ha expresado su firme apoyo a esta ley, calificando en diversas ocasiones a la gestación subrogada como una «práctica inhumana». Su ministra de Familia, Eugenia Roccella, llegó a hacer comentarios sarcásticos respecto a los hijos nacidos por este método, sugiriendo que los de madres de países en desarrollo son «más baratos», mientras que el diputado Federico Mollicone afirmó que esta práctica era «más grave que la pederastia». Por otro lado, desde la oposición, Alfredo Bazoli, portavoz del Partido Demócrata, criticó la legislación señalando que representa un «paternalismo estatal que convierte a Italia en un juez ético de la moral de sus ciudadanos», en contraposición a los principios del liberalismo político.
La senadora Ilaria Cucchi, del grupo Verdes e Izquierda, advierte sobre el riesgo de «socavar las relaciones» con naciones que permiten esta práctica, planteando la incógnita de cómo se sancionará a individuos con doble nacionalidad. Para ella, la gestación subrogada es un «acto de desmesurada inhumanidad» dirigido a padres principalmente heterosexuales, quienes recurren a esta opción en un 90%. Desde el Movimiento 5 Estrellas, Maria Domenica Castellone criticó al Gobierno de Meloni por su tendencia a prohibir, calificando esta acción como «propaganda a expensas de personas y niños nacidos del amor». Iván Scalfarotto, portavoz de Italia Viva (centro, oposición), advirtió que «esta regulación está destinada a impactar a los padres» que han elegido este camino, y que «las verdaderas víctimas serán sus hijos, cuyas actas de nacimiento serán vistas como pruebas de un delito». En contraste, los partidos de la coalición gubernamental, incluidas Forza Italia y la Liga, respaldaron la medida. Massimiliano Romeo, portavoz de la Liga, sostuvo que la maternidad subrogada «no se trata de un acto solidario». Domenica Spinelli, senadora de Hermanos de Italia, justificó esta normativa como un intento de «desincentivar» la gestación subrogada, aunque afirmó que su finalidad última es rechazar «la violencia hacia las mujeres». Ahora, tras la votación, queda la incertidumbre sobre el estatus legal de los hijos nacidos de gestaciones subrogadas ya existentes en Italia. La administración de Meloni ha chocado con ayuntamientos como el de Milán, donde su alcalde, Beppe Sala, ha realizado el registro civil de los hijos de parejas homosexuales, aludiendo a un «vacío legislativo».
En diciembre de 2022, el Tribunal Supremo de Italia estableció que los niños que nacen por gestación subrogada requieren ser reconocidos a través de la adopción, siendo necesaria la validación de un magistrado.
