Raquel Pérez, viuda de un guardia civil asesinado, lucha en los tribunales para conseguir lo que le corresponde del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Su esposo, José Manuel Arcos Sánchez, falleció hace seis años en Granada a causa de un disparo efectuado por Juan Antonio Moyano, conocido como El Kiki, un criminal con un extenso historial delictivo.
El 15 de octubre de 2018 marcó un antes y un después en la vida de Raquel. Rememora con tristeza cómo aún le aterra el sonido del teléfono, recordando aquella madrugada en la que recibió la devastadora noticia de que su marido había sido ingresado en el hospital.
A pesar de que El Kiki fue condenado a 22 años y medio de prisión por homicidio y tenencia de armas, Raquel enfrenta un arduo proceso judicial en su intento de que el Estado le otorgue la indemnización que nunca recibió debido a que el asesino se declaró insolvente. Junto a su abogado, Javier López y García de la Serrana, argumenta que debería aplicarse el principio de indemnidad, al igual que se hace con los agentes que resultan heridos en servicio.
Raquel ha estado aguardando durante un año una decisión por parte de la Audiencia Nacional (AN), la cual podría establecer un precedente favorable para las viudas de los guardias civiles que perdieron la vida a manos de Igor El Ruso y, supuestamente, por el narcotraficante Karim El Baqqali en Barbate (Cádiz). Aunque asegura que «siento el deseo de llorar», advierte a las autoridades que «continuaré luchando hasta el final». Lo hace por su esposo, por sus hijos y por todos aquellos que «cada día se visten con un uniforme para nuestra protección».
Los recuerdos de la fatídica noche del crimen son fragmentarios, pero Raquel ha ido pieza por pieza armando la historia. Relata que fue el compañero de José Manuel quien la contactó en la madrugada. «Me comentó que había ocurrido un incidente». «Pensé que podría haber sido un accidente de tráfico o que lo habían apuñalado». Sin embargo, no se enteró de que había recibido un disparo hasta que alguien en el hospital le informó: «No ha tocado ningún órgano». Aunque esa frase podría dar algún alivio, intuyó que la realidad era mucho más seria. «Le pregunté a una enfermera si su estado era grave y entonces vi su expresión». La situación era alarmante. «Mi esposo se desangró». A las 8:20.
Raquel recuerda que fue la primera viuda en el contexto de este Gobierno. Desde entonces, han existido otras, enfrentándose a discursos similares, aunque con diferentes nombres. Ella denuncia el desamparo que percibió desde la madrugada en que asesinaron a su esposo. «Las autoridades no mostraron ni un poco de empatía», dice, recordando el comentario de alguien que le sugirió que debía ser fuerte por sus hijos, justo cuando aún estaba el cuerpo de José Manuel. «¿Acaso pensé que me habían extraído una muela?», reflexionó. “Se había ido la persona que amaba, quien conocí a los 16 y con quien compartí más de 20 años”.
Esta percepción de olvido se intensifica ante la negativa del Ministerio del Interior de cubrir los 334.292,84 euros que se le impusieron al asesino de su pareja. Raquel considera que este monto es completamente razonable, enfatizando que su esposo «entregó su vida por la institución sin pensar en su hogar». «Él falleció para eliminar a un delincuente y evitar más daño».
Según ella, si el condenado ha declarado su insolvencia, es el Ministerio del Interior el que debe asumir esa responsabilidad económica, ya que «era para quien servir». «Este monto no lo solicitamos; fue determinado por un juez».
Lo más frustrante, subraya Raquel, es que este tipo de problemas no deberían resolverse en los tribunales. Critica la actitud de la Administración central y aclara que su lucha legal no es únicamente una cuestión monetaria. «Esto se trata de dignidad y sentimiento», por lo que promete que «jamás me rendiré».
Cuatro años en esta batalla judicial han pasado. Es fundamental entender el recorrido de una reclamación que podría ser vital para muchas familias que pierden su sustento y que, al mismo tiempo, sienten el dolor añadido de no recibir lo que la justicia ha ordenado por el asesinato de sus seres queridos.
El ministerio ha indicado que los agentes recibirán indemnización si están vivos, pero en caso de fallecimiento, sus familiares no obtendrán nada. Tras la condena a El Kiki, que fue sentenciado el 27 de noviembre de 2020 a veintidós años y medio de cárcel, con una responsabilidad civil de 334.292,84 euros, se declaró su insolvencia el 25 de febrero de 2021. Javier López, el 12 de abril de ese mismo año, solicitó a la Administración la compensación basada en el principio de indemnidad para funcionarios que sufren daños en el ejercicio de su labor.
Dado que el caso se gestionó en los órganos centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, se inició un «expediente administrativo de resarcimiento» el 30 de noviembre, según lo indicado en una resolución de la Subsecretaría de Interior. El encargado del caso consideró que la demanda debía ser aceptada, descontando 40.000 euros ya pagados por el seguro de vida y accidentes, pero se encontró con la negativa de la subsecretaria. En un documento fechado el 2 de noviembre de 2022, desestimó la solicitud de Raquel y sus hijos con un «razonamiento cuestionable», según López, argumentando que «la indemnización corresponde al agente y no a su familia».
El dictamen oficial afirmaba que «los perjuicios, tanto personales como patrimoniales, de los familiares están completamente desvinculados de la relación laboral especial entre el guardia civil y la Administración». Sin embargo, el abogado cita dos casos de un mosso y un guardia urbano de Barcelona, resueltos a favor de estos por el Tribunal Supremo, como base para sostener la validez de su reclamo.
El 15 de junio de 2023, se interpuso una demanda que comenzó a ser gestionada por la Sección 5 de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. El abogado encargado entregó su escrito de conclusiones el 18 de septiembre de ese mismo año. En este documento, que consta de 19 páginas, Javier López analiza la jurisprudencia y afirma que «el Ministerio del Interior no puede eludir su deber de compensar a los herederos de José Manuel Arcos Sánchez […] cuando se dan las condiciones para aplicar el principio de indemnidad de los funcionarios públicos por los daños que sufrieron en el desempeño de su trabajo». Además, menciona que el Tribunal Supremo ha indicado que «la Administración, como garante [del funcionario], asume la responsabilidad de pagar según una sentencia penal que ya es firme». Avisando que «esto no impide que, una vez realizado el pago, puedan reclamar los bienes del condenado como acreedores».
No obstante, la Abogacía del Estado, en un breve escrito de conclusiones presentado el 9 de octubre, se apoyó en la postura del Ministerio del Interior y solicitó el rechazo de la demanda. Dos días después, el 11 de octubre, la Audiencia Nacional informó que las actuaciones habían concluido y se encontraba «a la espera de que le corresponda el turno para votar y dictar fallo».
Ante la prolongación de este trámite, y argumentando «razones humanitarias», dado que las víctimas «desean finalizar lo antes posible con la batalla judicial emprendida hace más de cinco años», lo cual les ha afectado tanto psicológica como económicamente, el abogado solicitó una aceleración del proceso. En un auto emitido el 23 de febrero de este año, el Alto Tribunal mencionó el «número de casos pendientes» como justificación para la falta de agilidad en la programación de audiencias, destacando que «la rapidez deseable también es aplicada para esta Sección».
Javier López y García de la Serrana expresa su convicción de que «la justicia estará de nuestro lado». Aunque se describe como cauteloso, está absolutamente seguro de que «nos darán la razón». En su opinión, no hacerlo sería una falta de respeto hacia las víctimas, ya que argumenta que el enfoque del Ministerio del Interior carece de fundamento legal.
Este abogado, experto en responsabilidad civil y presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, con un amplio repertorio de investigaciones publicadas, afirma que la legislación sobre daño obliga a indemnizar a la víctima y, en caso de fallecimiento, a sus familiares.
López critica que el ministerio establece que si un agente sobrevive, recibe compensación, pero si muere, sus seres queridos no obtienen ninguna. Refuerza su punto señalando que argumentan que el principio de indemnidad solo se aplica a los agentes de la ley y no a sus familias.
Raquel anticipa que el martes será un día complicado lleno de recuerdos, aunque eso también la motiva a seguir adelante. López recalca que esta situación marca un hito, ya que es la primera vez que se presenta una demanda en caso de un agente muerto, lo que podría establecer un importante precedente. «Hay cinco viudas que están a la espera», menciona, refiriéndose a los crímenes de Barbate y los actos cometidos por Igor El ruso.
Raquel Pérez recalca que la indemnización no curará el sufrimiento que han vivido, pero cree que es justo recibirla para intentar reconstruir sus vidas, dado que «nos dejaron en una situación muy precaria». Por eso, no comprende la postura del Ministerio que lidera Marlaska, a quien critica abiertamente: «Soy muy educada, pero no le debo respeto. Es un individuo —como lo define— que está vivo, respira, pero no realiza nada».
Durante el rodaje de una película, los actores cuentan con dobles para las secuencias más peligrosas. En contraste, nuestros cuerpos de seguridad, como la policía y la Guardia Civil, se enfrentan a su trabajo únicamente con su propia integridad, sin chalecos ni recursos necesarios. A pesar de esto, los actores son considerados como profesionales en situaciones de riesgo, mientras que nuestros agentes no tienen el mismo reconocimiento, criticando así la situación que atraviesan. Raquel recuerda que su esposo tuvo que optar entre comprar un chaleco antibalas o pagar la hipoteca, decantándose por lo segundo.
Raquel expresa su frustración ante el desamparo que han sentido durante tantos años por parte de las autoridades y la falta de interés de la alta dirección de la Guardia Civil, mencionando que «nadie se ha comunicado conmigo para ver cómo estoy». Sin embargo, agradece el apoyo incondicional de quienes rodeaban a su esposo, sus amistades, su hermana y sus hijos, lo que le ha ayudado a no caer en la desesperación.
El año pasado, su hija le dijo que, aunque le costó, finalmente había recuperado su esencia. Raquel ha transformado su hogar en un refugio personal y volvió a estudiar auxiliares de farmacia en septiembre, comenzando sus prácticas este lunes. Esto representa un rayo de esperanza en medio de una vida marcada por la violencia de un delincuente con un largo historial delictivo. Sabe que el martes será un día complicado, lleno de recuerdos, pero eso también le da la determinación de continuar con su lucha. «Debo pelear por lo que me han arrebatado».
