En las Tres Mil, la presencia de armamento bélico genera temor en la población, ya que la Administración no ejerce control sobre la situación

Armas de guerra en las Tres Mil: «La población vive con temor, ya que aquí la Administración no ejerce su autoridad»

Un tiroteo durante la noche del sábado ha generado preocupación en el barrio más empobrecido de España debido a la clase de armamento involucrado.

La investigación sugiere la existencia de un enfrentamiento entre grupos criminales, mientras que los residentes claman por poner fin a la «impunidad».

Bajo un cielo nublado y con farolas que proyectan luces amarillas sobre los edificios, el eco de disparos de armas automáticas interrumpe la calma nocturna.

Este no es un conflicto en Gaza o el Líbano, como se evidencia en el acento de la persona que ha grabado y difundido las imágenes en Sevilla. Nos encontramos en las Tres Mil Viviendas, una de las áreas más deterioradas del Polígono Sur.

Desde ese momento, la Policía Nacional ha comenzado a investigar el incidente, calificado como «de suma gravedad» por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Las pesquisas indican que podría tratarse de un enfrentamiento entre clanes que llevan tiempo operando en el narcotráfico en la zona. Este lunes, los servicios de emergencias de Sevilla recibieron otra alerta tras la llamada de un vecino que reportó haber oído disparos nuevamente en el mismo área.

Rosario García, miembro de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, conoce bien la situación. Este diciembre, celebrará 42 años viviendo en el barrio. «La gente tiene miedo porque aquí no hay presencia de la Administración», expresa García, quien desde hace años es una de las activistas que destaca el bajo nivel de ingresos per cápita en esta zona.

Cuando esta activista de Sevilla empezó a defender a su comunidad, sus demandas principales eran la creación de una escuela pública para evitar que los niños del barrio tuvieran que atravesar la carretera de Utrera para asistir a clase, así como la necesidad de un centro de salud que permitiera a los vecinos no tener que caminar hasta el Hospital Virgen del Rocío para sus consultas médicas. «Eso ya pertenece al pasado», reconoce García. Sin embargo, el tema de la seguridad y el aislamiento que afecta a la zona continúa presente después de varias décadas. Hace 12 años, una niña de 7 años llamada Encarnación perdió la vida debido a una bala perdida durante un tiroteo entre grupos rivales. Con estos antecedentes, no es sorprendente que en los vídeos del altercado reciente se escuche a los vecinos instando a los niños a agacharse mientras se oyen los disparos. En junio, otro suceso similar dejó a dos vecinos sin vida en una pelea en las Tres Mil. «Es necesario tomar cartas en el asunto, sea quien sea; y las Administraciones lo saben, pero no actúan», sostiene Rosario García, que incluso confiesa que no está segura de si verá una mejora en la situación del Polígono Sur. «Me gustaría que los medios me llamaran para que pudiera contar que todos tienen empleo», comenta en tono de broma esta activista experimentada, quien siente la falta de alguna llamada de «aprecio» por parte de las autoridades tras el tiroteo. El movimiento social que lidera García fue fundamental para la implementación de un Plan Integral para el Polígono Sur, con la colaboración de la Junta, el Gobierno y el Ayuntamiento. Sin embargo, los resultados no han sido los deseados. En ese contexto, el presidente Manuel Chaves asumió su responsabilidad, recuerda Rosario García. Pero la «impunidad» sigue instalada en las Tres Mil.

Una residente de Sevilla expresa su preocupación por la situación en su barrio, donde alrededor de 35.000 personas coexisten. «No se puede actuar a libre albedrío, existen reglas que todos deben seguir», dice. Descartando cualquier vínculo con la comunidad gitana del lugar, destaca que «las costumbres del pueblo gitano son una cosa, y esto es otra», dirigiendo su crítica hacia los líderes de clanes vinculados al narcotráfico.

Rosarío García, quien se queja del deterioro en el barrio a pesar de haber transcurrido 21 años desde la implementación del Plan Integral, señala que ha disminuido la participación de los vecinos en las protestas por sucesos recientes. «Antes, la gente se manifestaba sin temor, pero ahora tienen miedo de salir de casa y pedir lo que les corresponde», lamenta esta activa defensora de los derechos.

En el ámbito político, se ha programado un encuentro entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno, Curry Toscano, quien tiene bajo su responsabilidad la investigación. Este encuentro fue solicitado por Sanz, y fuentes de la Subdelegación confirmaron que Toscano asistirá para discutir la problemática. Durante una entrevista en Canal Sur, Toscano indicó que el suceso en el Polígono Sur debe ser examinado desde diferentes perspectivas, afirmando que no debe ser visto únicamente como un asunto de seguridad, y subrayó que los cuerpos de seguridad del Estado trabajan diariamente para abordar esta necesidad.

Toscano mencionó que los investigadores de la Policía Nacional están llevando a cabo un examen de los casquillos de los proyectiles utilizados, así como de los vídeos y el material confiscado, con el objetivo de rastrear el origen de las armas y determinar quiénes fueron los autores del tiroteo. En su comunicación, el alcalde de Sevilla también hace mención al «arsenal de balas» y a las «armas avanzadas» que han generado una «gran preocupación» entre la población. «Las Administraciones tenemos la responsabilidad máxima de asegurar la seguridad de los ciudadanos, y esa es una de mis principales prioridades como alcalde», enfatiza José Luis Sanz.

Por otro lado, el sindicato Jupol ha urgido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía para que se realice un «refuerzo significativo» de los equipos de seguridad y armamento especializado «en contextos de alto riesgo». En su comunicado, el sindicato hace referencia al uso de «armas de guerra» en el tiroteo del pasado sábado en la capital andaluza y, en respuesta, Jupol solicita al ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska la provisión de «vehículos blindados» destinados a unidades especiales de la Policía Nacional, especialmente en ciudades con más de 250.000 habitantes, donde la seguridad pública depende de este cuerpo. «Es esencial que nuestros agentes cuenten con las herramientas necesarias para su protección y la de la ciudadanía en situaciones críticas», sostiene el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, en un comunicado que también subraya la necesidad de equipar a los agentes con fusiles y subfusiles de asalto, así como con cascos y escudos de protección balística. El sindicato atribuye estas solicitudes a la «escalada de violencia» de las organizaciones criminales, asociada a la «pérdida del principio de autoridad». A pesar de estas demandas, el debate se intensifica en el ámbito político.

Este lunes, Ismael González, representante de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, calificó de «reduccionista» la solicitud del alcalde para aumentar la presencia de la policía en las Tres Mil Viviendas. «Lo que estamos viendo es el resultado de una problemática social que se ha prolongado en el tiempo», argumentó el concejal de la izquierda, en línea con lo expresado por Curry Toscano, el subdelegado del Gobierno. «Existen múltiples mecanismos que no han funcionado adecuadamente», señaló el político socialista, quien hizo hincapié en la compleja situación socioeconómica del área y propuso un enfoque «poliédrico» para tratar el tema.