Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela, ha sido condenado a 10 meses de prisión por ocultar ingresos obtenidos de PDVSA. Su hijo, Alejo Morodo, también ha aceptado una sentencia de dos años de cárcel tras ser hallado culpable de dos ilícitos fiscales.
Esta decisión se enmarca dentro de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción. Durante el juicio, que comenzó este lunes en la Audiencia Nacional, se reveló que el exembajador ocultó casi 4,5 millones de euros que su hijo ganó a través de negocios con la compañía petrolera estatal entre 2013 y 2014.
En este proceso, la Fiscalía había solicitado tres años y medio de prisión para Raúl y ocho años y medio para Alejo. Sin embargo, tras el pacto, la Fiscalía redujo estas penas considerando la confesión y compensación realizada, ya que ambos abonaron un total de 1.410.000 euros a la Hacienda pública por la deuda acumulada. Aunque Raúl y Alejo han aceptado las condenas, lo que les exime de ingresar en prisión, la esposa de Alejo, Ana Catarina Varandas, aún enfrenta una solicitud de ocho años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, a la que la Abogacía del Estado ha retirado su acusación, aunque sigue siendo acusada por el grupo Manos Limpias por dos delitos fiscales.
El proceso judicial seguirá en relación a Ana Catarina Varandas, quien este lunes ante el tribunal ya afirmó no asumir culpa por los delitos que se le imputan. También se mantendrá en el juicio la solicitud del fiscal para el decomiso de beneficios que presuntamente Alejo Morodo obtuvo de forma ilegal entre 2011 y 2012, superando los 340.000 euros y un inmueble situado en Madrid, dado que este aspecto no fue incluido en los acuerdos de conformidad alcanzados. En este contexto, la organización Manos Limpias ha decidido retirar las acusaciones de blanqueo de capitales y de pertenencia a una organización criminal respecto a todos los imputados. La fiscal, en su escrito, detalla que Raúl Morodo estableció vínculos con altos funcionarios de Venezuela entre 2004 y 2007, periodo en el cual ocupó el cargo de embajador de España, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, señala que, aprovechando esta situación, su hijo Alejo empezó en 2007 una supuesta relación contractual con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para servicios de asesoría legal y consultoría internacional, que se presume eran ficticios, y que se extendieron hasta 2014, generándole significativos ingresos. La fiscal señala que Alejo Morodo «creó tres empresas pantalla para formalizar la facturación de esos supuestos servicios, evadiendo así el pago del IRPF y optando por el tipo impositivo más bajo del impuesto de sociedades». En otras palabras, «formó sociedades sin recursos materiales, personales y sin actividad comercial, las cuales utilizó como contratadas por PDVSA, facturando a nombre de ellas los servicios que, según el relato de la fiscal, él mismo y su padre reconocieron durante el juicio».
Raúl Morodo y Ana Catarina Varandas están implicados en la realización de un acto ilícito, según se señala. Además, se menciona que el exembajador no informó a la Hacienda sobre las ganancias que recibió relacionadas con las actividades de dos de esas empresas. Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela, ha aceptado una pena de 10 meses de cárcel en el tribunal por un delito fiscal, debido a la ocultación de casi 4,5 millones de euros que su hijo Alejo ganó en sus transacciones con la petrolera estatal PDVSA entre los años 2013 y 2014.
