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Este lunes, el Senado ha decidido no aprobar la reforma legal que reduciría las penas de más de 40 individuos vinculados a ETA en España. Este desenlace, esperado debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta, se anticipó desde que la semana pasada se esclarecieron las consecuencias de la propuesta.

Hasta ahora, muchos pensaban que, dado que no hubo enmiendas ni veto durante el paso por la Comisión de Justicia, la votación de hoy no tendría impacto y la ley se promulgaría automáticamente en el BOE. Sin embargo, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha indicado al concluir la sesión que la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados, siguiendo lo que determina un informe de los servicios legales de la Cámara.

Según fuentes del PP, «no hay antecedentes de un rechazo absoluto a una propuesta que no haya sido modificada en Comisión. Por ello, conforme al artículo 90.2 de la Constitución y los artículos 106.1 y 122 del Reglamento del Senado, se considera esta votación como un veto que deberá ser resuelto por el Congreso». El regreso de la propuesta al Congreso no tendrá un efecto significativo más allá de retrasar su aprobación, ya que el Gobierno y sus aliados tienen la mayoría suficiente en esa Cámara. El Congreso ya dio su visto bueno a la reforma el 18 de septiembre con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios. Hoy, el Partido Popular, Vox y UPN han tenido una nueva ocasión para disculparse ante las víctimas de ETA por haber respaldado esta ley sin conocer completamente sus repercusiones, así como para criticar al Gobierno por promover una norma que sabían que desembocaría en excarcelaciones y reducciones de penas.

Marimar Blanco, senadora del Partido Popular y hermana de Miguel Ángel Blanco, un concejal del PP asesinado por ETA en 1997, ha enfatizado la enorme diferencia que existe entre cometer un error y tomar la decisión consciente de liberar a asesinos de la organización terrorista. Vox se ha alineado con las críticas del PP, instando a este partido a hacer todo lo posible para evitar la liberación de etarras sin que se muestren arrepentidos por sus crímenes. La senadora Paloma Gómez ha expresado esta demanda, sin ofrecer detalles sobre qué medidas concretas podría tomar el PP para prevenir la implementación de la normativa en cuestión.

Además, UPN ha utilizado sus intervenciones para criticar al Gobierno, acusándolo de promulgar la norma «de mala fe» y sin avisar que daría lugar a la reducción de las penas para los etarras en el país, según ha afirmado la senadora navarra María Mar Caballero. Por su parte, el PSOE ha reprochado al PP por utilizar el Senado para sus propios intereses. La senadora socialista Elena Diego Castellanos ha instado a los populares a moderar su rencor y odio, tachando su actuación de «bochornosa» y sosteniendo que han creado una «realidad paralela» para lidiar con crisis internas dentro de su partido. Castellanos ha resaltado que, sin importar la votación en contra de esta ley, el texto respaldado en el Congreso se publicará tal como fue aprobado. Asimismo, ha lamentado la inconsistencia del PP al actuar «en contra de sus propias decisiones» y ha denunciado su falta de respeto hacia las instituciones democráticas.

La senadora del Partido Socialista ha expresado su descontento, calificando de «triste y lamentable» el intento de poner a la ciudadanía española en una posición de confrontación debido a actos inaceptables en el Parlamento. Por su parte, Gorka Elajabarrieta, senador de Bildu, respaldó la reforma, acusando al Partido Popular de pretender «ignorar las directrices de Europa». Según Elajabarrieta, el gobierno de Rajoy había aplicado la normativa europea de manera «torticera» hace años, y ahora se busca actualizar la ley de aquel Ejecutivo para «sincronizar la legislación española con la europea». Él enfatizó que «la reforma beneficiará a los presos vascos, quienes tienen los mismos derechos que todos los detenidos», y dijo que «la era de las excepciones debe finalizar».

En el marco del rechazo del PP, Marimar Blanco ha representado la oposición del partido. Tal como hizo en el Congreso la semana anterior, el PP externó su descontento este lunes con Blanco liderando las críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. Comenzó su discurso disculpándose con «todas las víctimas» por el «error» del PP al haber respaldado la reforma en el Congreso y no haberla bloqueado posteriormente en el Senado. También expresó su «dolor e indignación» ante lo que calificó como una «maniobra encubierta» del Gobierno para «liberar a integrantes de ETA» en virtud de un «pacto secreto» con Arnaldo Otegi. Blanco afirmó que la reforma «abre las puertas de las prisiones y reabre las heridas de las víctimas», acusando al Ejecutivo de liberar a «violadores, golpistas y terroristas», refiriéndose a la ley del ‘solo sí es sí’, a la amnistía y a esta reforma que ya no puede ser detenida por el Senado.

La senadora del Partido Popular ha realizado una crítica profunda sobre las «falsedades» del Gobierno, señalando dos en particular: que la reforma legal fue impuesta por Europa y que el Consejo de Estado respaldó la norma (cuando en realidad fue en 2013 cuando se aprobó la normativa por el Gobierno de Rajoy, que ahora se busca modificar). También ha expresado su descontento al señalar que el Ejecutivo ignora que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respaldó la ley que está vigente actualmente. «Barre con la dignidad de las víctimas bajo la alfombra del sanchismo», ha reprochado Blanco a los miembros del PSOE, añadiendo un desafío: «Acusan a este partido de añoranza por ETA, ¿me mirarán a los ojos y dirán que tengo nostalgia de ETA?». En contraste, continuó diciendo que el PP añora «la época en que el PSOE actuaba con decencia para proteger la dignidad de las víctimas». Después de solicitar al Gobierno que anule la ley, Marimar Blanco se ha retirado a su asiento, lo que ha generado un extenso aplauso entre sus colegas.