En España, ha aumentado el número de empleados que deben ausentarse de sus trabajos debido a enfermedades, un fenómeno que se ha intensificado tras la pandemia. Las cifras son impactantes: durante el año pasado, la Seguridad Social registró 8,1 millones de casos de incapacidad temporal, comúnmente conocidos como bajas médicas, lo que representa un incremento del 36% en comparación con hace cinco años.
En 2023, el ministerio de Elma Saiz tuvo que destinar 14.000 millones a prestaciones por estas ausencias, casi el doble de los 7.500 millones que se gastaron en 2018.
Ante esta situación, la Seguridad Social ha propuesto la introducción de bajas «flexibles», permitiendo que los trabajadores puedan reincorporarse de forma parcial a sus labores, incluso sin haber recibido el alta médica completa.
Esta propuesta será discutida el próximo lunes por empresarios, sindicatos y el ministerio de Elma Saiz.
Sin embargo, la idea no ha sido bien recibida. Ha generado rechazo en ciertos sectores del Gobierno (Sumar la critica, aunque con reservas), así como en los socios parlamentarios de izquierda y los sindicatos. A pesar de esto, la Seguridad Social defiende la iniciativa, afirmando que su implementación sería voluntaria y siempre bajo minuciosa supervisión médica.
Aunque no se sepa si las bajas flexibles se materializarán alguna vez, todos los actores coinciden en que existe un problema de incapacidad temporal en España. Tanto sindicatos como empresarios lo reconocen, aunque sus enfoques sobre cómo solucionarlo difieren. Los sindicatos se centran más en la prevención y son escépticos respecto a la posibilidad de que el control de las bajas salga de la sanidad pública, mientras que los empresarios abogan por un mayor empoderamiento de las mutuas colaboradoras.
Las razones detrás del aumento en las incapacidades laborales son variadas. Sin embargo, algunas de ellas sugieren que existen tendencias profundas que podrían ser difíciles de cambiar. Una de las principales razones para esta alta tasa de bajas (un 4,1% de los trabajadores protegidos por la Seguridad Social en 2023, en comparación con un 2,8% en 2018) es bastante clara.
Parte de este crecimiento puede explicarse por el hecho de que actualmente hay más trabajadores en comparación con hace cinco años. Según la Asociación de Mutuas (AMAT), el número de personas bajo protección por incapacidades temporales aumentó un 10,2% entre 2018 y 2023, mientras que las incapacidades temporales iniciadas crecieron un 36%. Si la tasa de bajas se hubiera mantenido constante, el incremento en las incapacidades habría sido cerca del 10%. Sin embargo, esta tendencia no se ha manifestado; el número de nuevos procesos se ha elevado a una velocidad tres veces mayor.
La pregunta que surge es: ¿por qué ocurre esto? Una posible explicación es que la creciente presión sobre el sistema de salud podría estar influyendo considerablemente en esta situación. Ante el retraso en las citas con especialistas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones médicas, es lógico que también se pospongan las fechas de alta. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, el año pasado había 850,000 personas en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, más del doble que en 2006. Para abordar este problema, sindicatos, empresarios y Seguridad Social acordaron antes de las vacaciones que las mutuas pudieran asumir ciertas pruebas y procedimientos traumáticos en regiones donde la sanidad pública está saturada.
Es importante considerar que la población laboral en España está envejeciendo, lo que aumenta la probabilidad de enfermedades entre los trabajadores. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2023, un tercio de los empleados en el país tiene 50 años o más, en comparación con solo el 20% en 2006. La complicada situación demográfica en España indica que esta tendencia se intensificará, dado que la gran generación del baby boom comenzará a retirarse en masa en los próximos veinte años.
