Las investigaciones realizadas por las fuerzas de seguridad del Estado, junto con las valoraciones de la Fiscalía Anticorrupción y las proyecciones de los implicados en el ‘caso Koldo’, han revelado hasta ahora que las adjudicaciones públicas vinculadas a esta red ascienden a 60 millones de euros, con comisiones estimadas en 16,5 millones de euros y un total de 88.199 euros destinados a garantizar comunicaciones seguras para sus miembros.
Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, indica que el presunto intermediario de la trama, Víctor de Aldama, «pareció valorar que podría lograr ingresos de 60.000.000» de euros mediante su empresa Soluciones de Gestión.
La apertura del caso resultó en la confiscación de las propiedades de Aldama, quien tenía en su computadora un archivo titulado ‘Mascarillas’, creado en marzo de 2020, justo en el auge de la pandemia de COVID-19. En ese momento, el empresario estaba «totalmente involucrado» en el manejo de uno de los contratos y «parecía ya consciente de las ganancias potenciales». Según sus estimaciones, el primer acuerdo con Puertos del Estado representaría 20 millones de euros para su compañía. Aldama siguió actualizando este documento hasta mayo, incluyendo otras adjudicaciones como los 12,5 millones de Adif, cerca de 3,5 millones del Ministerio del Interior, 3,7 millones de las Islas Baleares y 12,2 millones de las Islas Canarias. Además, estaba en prisión preventiva por otro caso relacionado con un fraude en el IVA en gasolineras, en el que también había anticipado unos ingresos de 7,5 millones de euros por un contrato con Correos.
Soluciones de Gestión logró recibir un importe significativo, sin embargo, la UCO informó que esta cantidad fue devuelta semanas más tarde. Las supuestas comisiones ilegales han salido a la luz, destacando las enormes sumas de dinero que los implicados en el caso habrían recibido. La Fiscalía Anticorrupción estima que Aldama obtuvo 5,5 millones de euros, mientras que el empresario Juan Carlos Cueto alcanzó hasta 9 millones. Además, se suma el incremento presuntamente ilegal de hasta 1,5 millones de euros del exasesor Koldo García, ligado al exministro José Luis Ábalos. Según el Ministerio Público, los nueve contratos que se otorgaron a Soluciones de Gestión generaron un beneficio total de 16,5 millones de euros para estas personas bajo la investigación del juez Ismael Moreno.
Las investigaciones no solo se han enfocado en los fondos percibidos por Soluciones de Gestión y las comisiones mencionadas, sino que también han revelado gastos significativos en alquileres y en la adquisición de un chalet que, según la UCO, habría utilizado el propio José Luis Ábalos. Dicho chalet, conocido como ‘La Alcaidesa’, se localiza en La Línea de la Concepción. En el informe entregado al juez, los investigadores indican que Ábalos tuvo acceso a la propiedad, que pudo ser alquilada para obtener ingresos. Esta finca fue comprada por Aldama por la suma de 526,000 euros mediante empresas que aparentemente estaban bajo el control de Claudio Rivas, asociado de Cueto. Además, se han encontrado «pruebas» de que un supuesto «testaferro» pagó 82,298 euros por el alquiler de un apartamento en Plaza España, Madrid, donde residía J.R.G., pareja del exministro.
La UCO señala que, de los 88.101 euros pagados por el alquiler, el empresario Víctor de Aldama habría financiado 82.298 euros a través de un testaferro. Además, se menciona en el informe que, entre 2018 y 2022, Ábalos «tenía una conexión especial» con J.R.G., quien fue la beneficiaria del inmueble. También se debe considerar el efectivo que Aldama habría entregado a Koldo para el mantenimiento de la operación. En los registros del empresario, se encuentra un primer pago de 11.500 euros a ‘Grandu’ en octubre de 2019, aunque las transferencias en efectivo habrían continuado, al menos hasta septiembre de 2022, a través de intermediarios que recibían 10.000 euros mensuales. La UCO no ha estimado la suma total que el ex asesor de Ábalos habría recibido. Además, la Guardia Civil, en un informe accesible a esta agencia, dio a conocer que Aldama habría invertido 88.199 euros al agente Rubén Villalba para obtener dispositivos que permitieran a los presuntos miembros de la organización «comunicarse de forma segura, evitando cualquier posible intervención judicial o policial». Según los investigadores, la seguridad era «un componente crucial» para el supuesto intermediario, aunque Koldo García «también habría recibido» teléfonos seguros para sus operaciones.
Un exministro fue visto utilizando un dispositivo que le proporcionó un asesor de Ábalos, según informes del Instituto Armado. Este asesor afirma que esos equipos fueron principalmente empleados durante su tiempo en el Ministerio. Por otro lado, el agente que entregó los teléfonos asegura que Ábalos también hizo uso de algunos. A lo largo de su tiempo en el Gobierno, siempre solicitó teléfonos básicos en lugar de smartphones para sus comunicaciones. Villalba, en conversaciones interceptadas, mencionó haber visto al exministro con uno de esos teléfonos. La función de Villalba consistía en gestionar estos móviles, sustituyéndolos para los miembros de la red y eliminando los anteriores, lo que incrementaba así la protección de los sujetos investigados, según detalla el informe. En cuanto a De Aldama, el agente que estaba a cargo de su seguridad indicó que solicitaba un número considerable de dispositivos en intervalos cortos, llegando a pedir entre dos y tres teléfonos al mes. Su argumento era que «contaminaba» esos aparatos.
