El análisis del Comité Editorial de EC sobre la situación de la inmigración y el papel de Trump
En su cuarto encuentro de este año, el Comité Editorial de El Confidencial ha abordado diversos temas, incluyendo el impacto de la nueva financiación para Cataluña, los inicios del CGPJ, datos sobre inmigración en España y las elecciones en Estados Unidos, programadas para el 5 de noviembre.
Con las elecciones norteamericanas a la vuelta de la esquina, se ha discutido cómo la posible reelección de Donald Trump o la victoria de Kamala Harris podrían influir en la campaña electoral.
Los focalizados temas en esta carrera incluyen aspectos económicos, derechos individuales y la inmigración, cuestión de especial interés en el contexto español.
También se revisó el pacto entre el PSC y ERC que busca una financiación específica para Cataluña y se exploraron los primeros avances del nuevo Consejo General del Poder Judicial.
La ‘financiación específica’ para Cataluña
El acuerdo entre el PSC y ERC sobre una financiación singular para Cataluña ha generado gran debate, no solo entre las comunidades autónomas, sino también dentro del mismo partido socialista, donde ha encontrado resistencia. Según señaló José Antonio Zarzalejos, este modelo de financiación se asemeja a «un concierto económico» similar, aunque no idéntico, a los que se aplican en el País Vasco y Navarra.
El acuerdo alcanzado establece una relación bilateral, dejando a Cataluña fuera de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Se propone crear una Agencia Tributaria propia para Cataluña, que reemplazaría a la Agencia Estatal. También se contempla que la recaudación de todos los impuestos en la región y su gestión sea completamente autónoma. Asimismo, se estipula que Cataluña tendrá que aportar una suma al Estado para cubrir los servicios que este ofrezca en su territorio. Se amplía la capacidad normativa en materia fiscal para la comunidad y se establece su contribución a la solidaridad con otras regiones, sujeta a un límite basado en la «ordinalidad» y el «esfuerzo fiscal» promedio de las otras comunidades, aunque esta cláusula fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de 2006.
Según el análisis de Zarzalejos, dichas medidas son «demasiado amplias y carecen de detalles prácticos». Además, destaca que no existe un documento oficial que respalde el acuerdo ni que haya sido presentado por el Gobierno. No obstante, el principal impedimento para implementar este acuerdo es la «ausencia de un sustento constitucional, estatutario y ordinario», lo que significaría que su ejecución podría transformar el modelo de financiación y colocar a Cataluña en una situación similar a la de los territorios vascos y navarros.
Es importante señalar que el sistema concertado cuenta con una autorización explícita en la Constitución, en el Estatuto vasco y en la Ley del Concierto de 2002. En contraste, el acuerdo navarro data de 1841 y ha funcionado como un régimen de financiación continuo desde entonces, recogido en la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de 1982. Asimismo, los territorios forales están reconocidos en la sentencia número 76 del 26 de abril de 1988.
Por esta razón, según Zarzalejos, Cataluña no posee la autorización constitucional necesaria para establecer un sistema de financiación pactado. «Para que esto sea viable, se requeriría una reforma constitucional, la excepción en la aplicación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en esa comunidad y la creación de una o varias leyes ordinarias que regulen el concierto y el cupo, además de la contribución a la solidaridad interterritorial», alertó.
Carlos Sánchez subrayó que la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas desde 1993 depende de «la voluntad política de cada Gobierno», subrayando que el modelo debe ser revisado cada cinco años, ya que la corresponsabilidad fiscal actual es insuficiente. Sin embargo, esta revisión no se ha llevado a cabo desde 2014, a pesar de que la población ha aumentado en casi tres millones desde 2009. «Al multiplicar estos tres millones de nuevos habitantes por los 3.300 euros de financiación por persona, se observa una falta de aproximadamente 10.000 millones de euros solo en 2023», explicó.
Al principio, se asignó el 15% de los grandes tributos, luego un 30% y ahora se ha llegado a un 50% (con la excepción del Impuesto sobre Sociedades). Según Sánchez, el incremento en estos porcentajes responde a diferentes mayorías en el Parlamento y al clientelismo federal. El modelo actual, en vigor desde 2009, presenta un delicado equilibrio entre regiones que incluye varios fondos diseñados para atender las diversas necesidades de las comunidades autónomas. Este sistema es extremadamente complicado y la mayoría de la población no entiende su funcionamiento, asemejándose a un menú a la carta que, sin embargo, deja sin opciones a algunas comunidades. Las que enfrentan mayores dificultades son la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Este enredo no ha impedido que la financiación por habitante para competencias similares oscile entre los 3.954 euros en La Rioja y los 3.056 euros en Murcia, que es la que cuenta con menos recursos. Cataluña se encuentra ligeramente por encima de la media, que es de 3.396 euros, mientras que Madrid está en el promedio con 3.364 euros. A esto se debe sumar el conjunto de competencias normativas de cada comunidad autónoma, que son muy detalladas y significativas debido al dumping fiscal, lo que les otorga cierta flexibilidad para reducir impuestos.
La consecuencia de esta estructura es una falta de claridad que genera de forma habitual «gran ruido político», posiblemente a causa de las deficiencias del Título VIII de la Constitución. En lugar de consolidar el modelo y definir en la propia Constitución un sistema que no se ajuste a las necesidades temporales, ha dejado la puerta abierta, lo que favorece el desorden, concluyó.
El reciente Consejo General del Poder Judicial ha iniciado su andadura, aunque no sin enfrentar ciertos «retos». Su primera gran controversia surgió con la elección de Isabel Perelló como presidenta, un proceso que se prolongó durante varias semanas, revelando un patrón que podría repetirse en el futuro.
Finalmente, se alcanzó un consenso tras la concesión del bloque conservador a la demanda del grupo opositor de que la presidencia debería ser ocupada por una mujer, renunciando así a su candidato preferido, el magistrado Pablo Lucas, quien actualmente actúa como presidente en funciones de la Sala de Contencioso. «Es un juez apreciado dentro del Tribunal Supremo y en la carrera en general, pero su candidatura fue bloqueada por Bolaños», explicó Parera.
Los diez miembros del bloque conservador decidieron no apoyarlo tras generar un quiebre en el otro sector y lograron convencer a dos vocales de Sumar. A cambio, se anticipa que Lucas será nombrado presidente de su Sala. Parera subraya que la fractura en el bloque progresista y la división de los vocales de Sumar «tendrá una gran importancia en el futuro».
Luego de la elección de Perelló, se llevó a cabo un reparto equilibrado en las distintas Comisiones. La más significativa es la Permanente, seguida de la de Calificación, en ambas se ha garantizado la igualdad entre los representantes de cada bloque. Además, ya se ha iniciado el proceso para que se completen los primeros nombramientos, que incluirán a los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, entre ellos, la Sala Segunda, actualmente liderada por Manuel Marchena, cuyo segundo mandato finaliza el próximo 8 de noviembre. «Con esto, se inician los nombramientos más relevantes, y las decisiones que se tomen en este ámbito tendrán un impacto significativo en las futuras elecciones», concluyó.
La migración en España
Desde finales de los años 90, España ha cambiado su rol en el ámbito migratorio, pasando de ser un país que enviaba población a convertirse en un destino principal para inmigrantes, algo que ocurrió más tarde en comparación con otras naciones occidentales. Este fenómeno creció rápidamente y, en los años previos a la crisis económica, España se posicionó como el país con mayor número de inmigrantes per cápita registrado.
Ángel Villarino llevó a cabo un análisis de esta transformación, indicando que de los aproximadamente 48 millones de personas censadas en enero de 2023, el 18% nació fuera del país y un 12% carece de nacionalidad española. Estas cifras son comparables o incluso superiores a las de naciones importantes en términos de recepción de inmigrantes como Estados Unidos (14%), Países Bajos (16%), Francia (12%), o Alemania (18%). Solo algunos estados productores de petróleo en Oriente Medio presentan tasas notablemente más altas. A diferencia de lo que se observa en otras partes del mundo, muchos de los inmigrantes en España viven «bajo la sombra de la irregularidad», ya que las vías legales para su entrada son escasas. El proceso más común, la reunificación familiar, no supera las 40.000 autorizaciones anualmente.
Uno de los principales desafíos en el discurso sobre la migración es la escasa comprensión del público en relación a conceptos fundamentales. Villarino enfatizó que una gran mayoría de los inmigrantes en situación irregular ingresan al país por vía aérea y tienen su origen en América Latina. Aunque su ingreso es legal, la infracción ocurre cuando permanecen más tiempo del permitido. Esta realidad se refleja claramente en las cifras actuales, que estiman que la población indocumentada en España oscila entre 500.000 y 700.000, según datos recientes de Funcas.
En cuanto a los países de origen, Colombia encabeza la lista con 209.000, seguido por Honduras con 82.000, Perú con 71.000 y, por último, Venezuela con 51.000. El primer país no hispanohablante que aparece es Marruecos, con 16.000, seguido de Senegal con 6.500. «Esto refleja que la inmigración irregular desde África es actualmente un fenómeno poco común en comparación con el total», detalló un experto. Sin embargo, «es un tema central en el debate público», y cada vez que el CIS nota inquietud entre los ciudadanos sobre este asunto, suele estar relacionado con un desembarco en las costas o un cruce en la verja de Melilla, lo que provoca una gran atención mediática y reacciones políticas.
Villarino argumentó que si la meta es detener la inmigración ilegal «como frecuentemente se dice», el primer paso debería ser reintroducir la exigencia de visas para quienes llegan desde Colombia y Perú, un procedimiento que se suspendió hace varios años durante el mandato de Mariano Rajoy. La conversión del debate suele surgir con la llegada de inmigrantes africanos que cruzan la frontera de manera ilegal, lo que invita a una discusión que no se centra exclusivamente en la ilegalidad, sino más bien en el origen, la religión o la raza, sin entrar en definiciones de lo que esto implica.
La llegada de inmigrantes africanos se realiza, fundamentalmente, mediante pateras, cayucos o saltando fronteras, dado que no existen muchos otros métodos. En cuanto a las estrategias que han logrado contener este fenómeno en los países del Mediterráneo, el consenso apunta a que la colaboración con naciones fronterizas es la única que ha dado resultados. Este tipo de acuerdos provoca que, ante el cierre de una ruta, surjan rápidamente nuevas alternativas, lo que incrementa las exigencias económicas que los gobiernos de otras costas establecen.
Villarino opina que la cuestión migratoria «es inevitable y ya se está manifestando en España», que goza de una situación favorable al ser un punto de encuentro de un crisol cultural proveniente de Latinoamérica, donde los guetos son poco comunes. Sin embargo, alertó que, al igual que en otras partes de Occidente, es probable que nos veamos «atrapados entre un enfoque humanitario y uno identitario», dificultando el análisis desde perspectivas demográficas y económicas. En relación a este último aspecto, es importante destacar que la inmigración es crucial para asegurar el crecimiento económico, puesto que ninguna estrategia de aumento de la natalidad ha mostrado efectividad, ni siquiera las implementadas en Hungría, que dedica casi un cinco por ciento de su PIB a este objetivo.
Se requiere establecer un sistema migratorio renovado que nos permita gestionar quiénes llegan, de qué manera y con qué motivos, sin sobrecargar a los inmigrantes y a organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales acaban formando redes de clientelismo al asumir responsabilidades que no les competen, lo cual genera un alto costo económico, argumentó. Asimismo, subrayó que es incorrecto pensar que las naciones occidentales rechazan en masa a los extranjeros y que el sistema en su conjunto ha fracasado. «En varios de estos países, más de la mitad de las familias extensas ya tienen al menos un miembro que nació fuera», añadió.
En este contexto, Marta García Aller mencionó que el sociólogo Hein de Haas expone en su obra *Los mitos de la inmigración* que una de las creencias más comunes es que el fenómeno migratorio está fuera de control, cuando en realidad esa percepción no se ajusta a los hechos. Un estudio realizado por 18 universidades que examina la inmigración irregular global indica que el número de inmigrantes sin papeles en los principales países europeos no ha experimentado cambios significativos en los últimos 15 años. Según los investigadores del proyecto MIrreM, entre 2016 y 2023, entre 2,6 y 3,2 millones de inmigrantes irregulares residían en 12 naciones europeas, lo que equivale a menos del 1%, y los datos de 2008 eran similares. «No es la inmigración irregular lo que está en aumento, sino su utilización como un recurso retórico en el ámbito político, tanto en Europa como en Estados Unidos», concluyó.
Hace un siglo, la proporción de migración internacional en el mundo era de alrededor del 2,2%, mientras que hoy la Organización Internacional para las Migraciones cifra esa cifra en un 3,7%. Esto significa que, hace cien años, el 97,8% de las personas residían en el país de su nacimiento, comparado con el 96,3% actual, según indicó García Aller. Además, resaltó un cambio notable en la naturaleza de quienes migran, mencionando que, según «The Economist», dentro de los últimos 50 años ha surgido una nueva realidad: «Ya no son los europeos quienes migran; ahora somos nosotros los que recibimos migrantes. Lo que realmente ha cambiado no son las cifras, sino quiénes están en movimiento».
No obstante, el aumento del rechazo hacia la inmigración no se basa en hechos concretos, sino en percepciones erróneas. García Aller citó a De Haas, quien critica a los políticos por jugar a dos bandas: «Mientras condenan la inmigración ilegal y a las organizaciones que la facilitan, también ignoran la llegada de inmigrantes que son fundamentales para impulsar la economía». En Francia, Emmanuel Macron busca acelerar las expulsiones, mientras que Alemania implementa políticas similares. Asimismo, si Donald Trump recupera el poder en Estados Unidos, su propuesta implicaría la deportación de 11 millones de personas que se encuentran en el país de manera irregular, lo que podría resultar en «un caos económico».
Con respecto al futuro de Estados Unidos, el próximo 5 de noviembre se llevará a cabo la elección que decidirá si Trump regresa a la Casa Blanca o si Kamala Harris asume el cargo de Joe Biden. Estas elecciones se desarrollan en un contexto donde ha comenzado a decaer lo que se ha denominado la cultura woke durante la última década.
Ramón González Férriz mencionó que el apogeo de ciertos movimientos ocurrió aproximadamente en 2014, coincidiendo con el auge de Black Lives Matter y la elección de Trump. Esta corriente se caracterizaba por una crítica aguda de la historia estadounidense, planteando que el país se había fundado sobre bases de racismo, machismo y clasismo. Se convirtió en una influencia predominante en el ámbito editorial, los medios de comunicación de izquierda y la cultura del momento. Sin embargo, su influencia comenzó a desvanecerse en el ámbito político, ya que gran parte de sus postulados resultaban poco atractivos para los votantes progresistas, quienes, a pesar de todo, se adaptaban a rígidas normas identitarias.
Actualmente, esta disminución también es evidente en el ámbito cultural. Un análisis de The Economist indica que las expresiones vinculadas a este movimiento, como «privilegio blanco», han ido cayendo en desuso, junto con una reducción en la preocupación por temas raciales. González Férriz apuntó que los estudiantes progresistas ahora se involucran en causas como la de Palestina, que es una lucha que llevan apoyando desde hace años. Este debilitamiento de la agenda woke se refleja también en el ámbito empresarial, donde las ideas asociadas con ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) y criterios de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) están perdiendo popularidad.
Por lo tanto, ya sea debido a estrategias electorales relacionadas con el partido demócrata o simplemente a un ciclo que se cierra tras años de acentuación identitaria, «la izquierda en Estados Unidos parece adoptar una postura más clásica». En contraste, la derecha está pasando por un proceso de renovación significativo, parte de la cual implica la incorporación de teorías conspirativas y un discurso más radical.
A lo largo de esta década, el fenómeno del trumpismo ha ido adoptando conceptos sólidos, y tres de estos resuenan con fuerza entre aquellos que buscan dotar de mayor sustancia ideológica al líder republicano. En primer lugar, el autor Christopher Caldwell, en su obra *La Era de los Derechos*, argumenta que los demócratas, bajo el pretexto de los derechos civiles y la expansión del bienestar social, han estado modificando la constitución de manera encubierta durante años. Muchos —incluido el aspirante a vicepresidente J. D. Vance— ven esto como un llamado a retornar a la constitución original, protegiendo así al ciudadano blanco común, que se percibe como una minoría amenazada. Para lograrlo, proponen un modelo democrático más autoritario, enfocado en las libertades fundamentales y tradicionales.
Otro aspecto es la percepción de que el liberalismo, ya sea en su forma de neoliberalismo o como sinónimo de «progresismo», ha fracasado. Patrick Deneen, en su libro *Por Qué Fracasó el Liberalismo*, sostiene que fenómenos como la desigualdad económica, el deterioro cultural y la expansión del Estado son consecuencias de una «cultura demasiado tolerante» que ha dejado de lado la religión y las tradiciones. Desde su perspectiva, es imperativo que el Estado imponga ambas.
Finalmente, se presenta una noción económica que revela un conjunto de valores: la propuesta de Trump y algunos de sus consejeros de reemplazar el impuesto sobre la renta con aranceles, un sistema que predominó en los ingresos fiscales de EE.UU. durante el siglo XIX. Aunque este enfoque puede parecer inviable, encapsula ideas clave de la nueva derecha, como destaca González Férriz: «Más proteccionismo, menos intervención estatal y mayor autonomía personal».
En esta fase de la campaña, los resultados siguen siendo difíciles de predecir, y Pablo Pombo afirma que «esto se mantendrá hasta el final». Aunque Harris parece tener una ligera ventaja, Trump se encuentra en una posición más favorable que en 2020. La definición de la contienda se realizará en siete estados clave: Carolina del Norte, Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde los sondeos indican diferencias que están dentro del margen de error.
Las bases de ambos partidos, tanto republicano como demócrata, están activamente comprometidas, y los candidatos enfrentan un rechazo parecido fuera de su base de apoyo. Los votantes independientes, por su parte, también están distribuyendo sus preferencias de manera similar. Pombo subraya que los eventos recientes no han impactado significativamente la campaña: ni el debate ni los intentos de asesinato han dejado «una marca clara y duradera en la competencia».
Sin embargo, las diferencias en recursos humanos y económicos entre los dos candidatos son notables. Harris cuenta con más apoyo y su partido gasta tres veces más en publicidad, aunque esto no ha logrado crear una ventaja significativa. En contraste, Trump continúa demostrando su destreza para comunicar su mensaje y moldear la conversación sin costo alguno. Mantiene la narrativa del fraude en 2020, no deslegitima el asalto al Capitolio, y parece estar acumulando recursos para posibles impugnaciones. Si su derrota no es clara y rápida, «podrían surgir conflictos de varios tipos».
