Este martes, Moncloa confirmó que no revertirá las modificaciones en la ley orgánica 7/2014, las cuales afectarían la severidad de las penas para más de 40 integrantes de ETA, entre otros sentenciados. Por su parte, el Partido Popular perdió la oportunidad de impulsar esta ley en el Senado sin los cambios mencionados.
El PP había solicitado a la Junta de Portavoces retirar las enmiendas propuestas por Sumar, que anulaban una cláusula que limitaba las reducciones de penas para condenas cumplidas en otros países de la UE. Sin embargo, la falta de consenso frustró el intento de la oposición de corregir su fallo en el Congreso, ya que los partidos que forman parte del Gobierno y sus aliados se oponen a su eliminación.
En consecuencia, el PP decidió aplazar la discusión de la ley en el Senado, que estaba programada para ayer, hasta el lunes. Ayer mismo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reiteró sus disculpas a las víctimas de ETA y reconoció el error de su partido relacionado con las mencionadas enmiendas. Según fuentes del Partido Popular, el reglamento del Senado permite modificar el proyecto de ley si todos los grupos lo consienten. Sin embargo, «el PSOE y sus aliados no han querido respaldar la solicitud del PP, alineándose con los intereses de Bildu y los reclusos de ETA,» afirmaron desde el PP. A pesar de ello, planean continuar explorando todas las vías políticas, parlamentarias y judiciales para frenar esta reforma. Por ahora, el PP utilizó su mayoría en el Senado para postergar la votación que estaba prevista para el martes.
Era su única oportunidad para ganar tiempo y buscar la manera de revertir el respaldo unánime recibido por la ley el 18 de septiembre en el Congreso, un respaldo que incluía al PP, Vox y UPN. Debido a este apoyo, Feijóo se comunicó con Maite Araluce, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), para disculparse personalmente por no haber detectado el error y para expresar su rechazo al «pacto encubierto entre Bildu y el Gobierno». Posteriormente, hizo un llamado a la «conciencia» de todos los socialistas, tanto en el Senado como en el Congreso, instándoles a que retiren las enmiendas de la ley, al mismo tiempo que demandó a Sánchez y a Yolanda Díaz su eliminación. El representante del PP argumentó que su votación en contra no habría tenido impacto, dado que el Gobierno dispone de mayoría parlamentaria gracias a sus aliados. En consecuencia, enfatizó que hay «un abismo moral entre un error en un procedimiento legislativo y la intención deliberada de un Gobierno de liberar a presos de ETA». Afirmó que, si Sánchez persiste en esta indignidad, será el único culpable ante la historia. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, intentó aclarar el respaldo del partido en la votación del 18 de septiembre. «Nuestra única motivación para apoyar la reforma de la ley orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea fue que España cumpliera con sus obligaciones de alinearse a la normativa comunitaria relativa al intercambio de información penal. Ese era el objetivo declarado. En cuanto al objetivo oculto que manejaba el Gobierno, son aquellos que lo promovieron los que deben ofrecer explicaciones, y esperamos recibirlas en las próximas horas».
La ministra portavoz, Pilar Alegría, dejó claro el martes que «no existe ningún error ni fallo» y pidió al PP que cese en su «indignante» utilización del terrorismo. «El PP no puede afirmar que desconocía lo que estaba votando. Saben perfectamente que es el mismo texto que presentó Rajoy en 2014», señaló, aludiendo a la transposición europea aprobada por el expresidente hace diez años. Alegría respaldó la modificación citando un informe del Consejo de Estado del 16 de diciembre de 2023 que respalda la ley de manera unánime. Añadió que la transposición era una obligación impuesta por Europa. En relación con la solicitud del PP para eliminar la ley, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, respondió que sus «problemas deben resolverlos ellos solos». Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), también se pronunció y criticó que se está cumpliendo la agenda de ETA de «vaciar las cárceles», expresando su gran «indignación» hacia la clase política. Por otro lado, el Partido Popular descartó tomar medidas contra aquellos que apoyaron las enmiendas de la ley. «Es una responsabilidad compartida; no vamos a señalar a individuos específicos», afirmaron desde la dirección del PP. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que mantendrá en sus puestos a los responsables de la tramitación de esta ley, incluyendo a José Manuel Velasco, María Jesús Moro y Rafael Benigno Belmonte.
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