Vox ha decidido separar al diputado Emilio del Valle, quien había estado a cargo de la ley relacionada con los etarras, aunque seguirá manteniendo su escaño. Este representante asumió la responsabilidad por el error cometido al permitir que se aprobara una reforma de la ley orgánica 7/2014, que se ocupa del intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones penales dentro de la Unión Europea.
En esta reforma, el Gobierno incluyó enmiendas que favorecían a los presos de ETA.
Emilio del Valle, en su calidad de portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, comunicó su decisión de poner su puesto a disposición del partido a través de sus redes sociales, reconociendo la falta cometida.
En respuesta, Vox emitió un comunicado rechazando su dimisión debido al valioso trabajo que ha realizado durante su tiempo en el parlamento. El partido, liderado por Santiago Abascal, indicó que el error es una responsabilidad compartida y presentó disculpas a los ciudadanos que se sienten indignados por la situación creada por el Ejecutivo.
Además, Vox precisó que si su grupo hubiese votado en contra durante la tramitación de la ley, las consecuencias negativas derivadas de esas enmiendas no se habrían podido impedir. Por lo tanto, un nuevo diputado asumirá las funciones que ejercía del Valle.
Vox ha decidido mantener a Emilio del Valle en su puesto, pero el grupo parlamentario ha acordado que un diputado distinto se encargue de las labores en la Ponencia, en caso de que el proyecto de ley regrese al Congreso después de su paso por el Senado. El partido reafirma su compromiso de «explorar todas las alternativas para frenar la implementación de esta ley o, si no es posible, mitigar sus efectos». En este momento, la formación está analizando qué hacer con el otro ponente. Emilio del Valle, quien es ponente en la Comisión de Justicia del Congreso, ha ofrecido su renuncia al partido tras reconocer el error por permitir la aprobación de la reforma de la ley orgánica 7/2014, que trata sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, en la que el Gobierno incluyó dos enmiendas que favorecen a los presos de ETA.
