El Congreso ha comenzado el proceso para impedir que la Fundación Nacional Francisco Franco evite su ilegalización. Este martes, la Cámara Baja dio su visto bueno a una reforma legal que busca prohibir asociaciones que promuevan el franquismo, alaben a sus líderes o glorifiquen el golpe de estado y la dictadura resultante.
La aprobación se logró gracias a los votos del PSOE, Sumar y otros grupos progresistas y nacionalistas, así como del PP, que, a pesar de criticar severamente al Gobierno, decidió apoyar la medida y anunció que presentará enmiendas para extender la prohibición a otros regímenes autoritarios.
Vox, por su parte, fue el único partido en votar en contra de esta norma.
La iniciativa que se está gestionando en el Congreso es resultado de la ley de memoria democrática aprobada en 2022, que concedió un año —aunque han transcurrido dos— para modificar la ley de asociaciones y así declarar ilegales aquellas entidades que exalten el franquismo. Esta reforma, que es bastante concisa, establece como «causa de disolución» la «realización de actividades que representen apología del franquismo, ya sea elogiando el golpe de estado de 1936 o la dictadura que le siguió». La Fiscalía iniciaría el procedimiento para ilegalizar cualquier asociación, mientras que la decisión final correspondería a un juez.
Cabe recordar que, en la legislación de hace un par de años, ya se prohibieron las fundaciones dedicadas a estas actividades, y el pasado junio, el Ministerio de Cultura comenzó los trámites para declarar ilegal la Fundación Francisco Franco. Sin embargo, la ley de memoria democrática, al tener un estatus superior, no podía modificar la ley orgánica de asociaciones, que se encuentra en un nivel normativo superior.
Es fundamental llevar a cabo una modificación independiente de esta legislación, ya que el Gobierno busca evitar que la Fundación Francisco Franco se convierta en una asociación para eludir su prohibición. La sesión del martes solo consistió en una consideración inicial, el primer paso en un proceso que tiene varias etapas antes de que el texto sea finalmente aprobado. Sin embargo, las intervenciones de algunos portavoces fueron muy intensas, destacando la del diputado del PP, Jaime de Olano, quien, a pesar de que su partido terminó respaldando la propuesta, dedicó su tiempo a criticar al PSOE. Olano no se enfocó en la posibilidad de ilegalizar las asociaciones profranquistas, sino que se centró en acusar a los socialistas de «exaltar a Hamás», «apoyar a terroristas», declarando que se han vuelto un «estercolero moral» y afirmando que están «con ETA».
El PP sostiene que el Gobierno «opta por ETA». Según Olano, esto se evidencia en la decisión de no retirar la reforma que permitirá a 44 presos etarras reducir su tiempo en prisión, lo que les permitiría salir de la cárcel antes. El futuro de esta modificación, que inicialmente fue respaldada por PP y Vox —aunque afirman que fue un error—, está «en manos» del Gobierno. Olano instó al PSOE a «decidir entre la dignidad y la ignominia» y expresó su creencia de que «entre las alimañas y las víctimas de ETA, nuevamente elegirán a ETA», lo que generó fuertes protestas de los grupos socialistas y de Sumar.
Olano hizo una mención a la dictadura de Franco, señalando que el PP ha criticado este régimen en varias ocasiones, a diferencia del PSOE, que no opina de la situación en Venezuela de la misma manera. En comparación, Vox levantó acusaciones al Gobierno, alegando que intenta limitar la libertad de asociación, y expresó su rechazo hacia una propuesta que prohibiría las agrupaciones que glorifican el levantamiento de 1936 y al «general Franco». Además, el diputado de Vox, Ignacio Hoces, culpó al PSOE de ser «el principal responsable» de la Guerra Civil. Mientras tanto, los socialistas se enfocaron en resaltar que la votación sobre esta reforma legal serviría para identificar qué partidos apoyan el reconocimiento de las víctimas del franquismo y cuáles no. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, afirmó que «se debe estar en contra de la apología del franquismo, o se colabora con la dictadura, o se falta al respeto a las víctimas, o se hace caso omiso».
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