La situación del transporte ferroviario ha vuelto a ser un tema candente en el Congreso este martes, a raíz de una propuesta no legislativa presentada por el PP. Esta iniciativa se opone a los nuevos criterios de reembolso de Renfe que, desde julio, se han vuelto más estrictos en relación con las compensaciones por retrasos.
Los miembros del partido popular han solicitado que se detengan de inmediato estos recientes estándares de puntualidad, que consideran demasiado severos. Durante el debate, otros partidos como BNG, ERC, PNV y Junts también se unieron a las críticas dirigidas al Ministerio de Transportes.
Este intercambio se cerró con la percepción del PSOE de que la votación prevista para este jueves probablemente respaldará la propuesta. El diputado socialista César Ramos comentó que algunos piensan que su objetivo es desestabilizar a Óscar Puente y que creen que lograrán una victoria; sin embargo, añadió que si el PP realmente quiere legislar en beneficio de la ciudadanía, eso sería un desarrollo positivo.
Este martes, el inicio de la nueva sesión en el parlamento estuvo marcado por una ola de críticas hacia el servicio ferroviario, originadas por una proposición no de ley (PNL) del Partido Popular que se opone a los recientes ajustes en el acuerdo de puntualidad de Renfe. Desde el 1 de julio, los usuarios pueden recibir un reembolso del 50% del coste de su billete si el tren llega con un retraso de al menos 60 minutos, en lugar de los 15 o 30 minutos preestablecidos según el tipo de servicio. Además, se establece un reembolso total si la demora supera los 90 minutos, en lugar de la anterior hora. Durante la discusión, Puente comentó que estas nuevas compensaciones para retrasos menores representarían «una reducción significativa de ingresos» para Renfe, que el año anterior pagó 42 millones por retrasos en sus trenes. La diputada de Vox, Carina Mejías, cuestionó si este año las compensaciones serían menos, afirmando que los ciudadanos «merecen una indemnización» y solicitando la dimisión de Puente.
Volver a los compromisos de puntualidad previos
El PP, en su proposición, exige la «inmediata revocación de los actuales acuerdos de puntualidad». Además, pide que el Gobierno «implemente todas las acciones necesarias para optimizar los servicios ferroviarios públicos, mejorando tanto las infraestructuras como los trenes» y «demanda» a Puente que empiece a gestionar de forma efectiva las infraestructuras públicas en beneficio de los usuarios.
Al defender esta propuesta en el Pleno, el diputado del PP, Héctor Palencia, intensificó su crítica, calificando los cambios como «un nuevo ataque del socialismo que empeora la vida de la gente» y «una de las mayores evidencias de incompetencia y desidia», al vincular las indemnizaciones a retrasos más prolongados justo en un periodo marcado por la habitualidad de estos retrasos.
Las cancelaciones en los trenes de alta velocidad han aumentado de manera notable, triplicándose en número, y tres de cuatro capitales han visto un deterioro en sus estadísticas de puntualidad, según Palencia, quien ha denunciado que el Gobierno está «maquillando» los datos sobre los retrasos y emulando a las compañías privadas como Ouigo e Iryo. Estas operadoras han influido en la nueva política de compensación de Renfe por demoras. El diputado del PP se cuestionó: «¿Cuál es el propósito de contar con una empresa pública como Renfe si solo se dedica a replicar las malas prácticas de los operadores privados en detrimento de los pasajeros?». Durante su intervención, hizo énfasis en la necesidad de asegurar un servicio puntual, en lugar de simplemente ajustar las cifras para dar la impresión de puntualidad.
La iniciativa presentada por el PP en forma de PNL no tiene un impacto obligatorio; su objetivo es instar al Gobierno a restaurar las condiciones de compensación por retrasos en los trenes a su estado anterior. Sin embargo, en el contexto político actual, la posible aprobación de esta propuesta en la votación programada para el jueves representaría una nueva pérdida de fuerza para el Gobierno en el Congreso, algo que este martes se vislumbra como una posibilidad.
A pesar de las constantes críticas al Partido Popular (PP) por presentar una propuesta que se considera «demagógica» y por su papel en la situación actual del servicio ferroviario, durante el debate, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), ERC y Junts han cuestionado también el fondo de la cuestión. En concreto, han señalado que los retrasos deben ser más pronunciados para que el pasajero pueda recibir un reembolso parcial o total del precio de su billete. La diputada de ERC, Inés Granollers, ha alertado que «la alta velocidad debe ofrecer velocidad real, y no se pueden alterar los compromisos de puntualidad ni las políticas de compensación». Además, ha manifestado su frustración: «Estamos hartos de incidentes», instando al PSOE a actuar.
El diputado del BNG, Néstor Rego, ha señalado la necesidad de avanzar en las infraestructuras y resolver los problemas operativos, sugiriendo incrementar las frecuencias, ampliar las líneas y bajar precios, además de restablecer los criterios de puntualidad. También ha criticado al PP por «burlarse de la gente» al usar este asunto como un «pretexto» para atacar al Gobierno, aunque él mismo ha presentado enmiendas a la PNL, que, de ser aceptadas, le llevarían a votar a favor.
Por otro lado, el PNV ha centrado sus críticas en el PP, recordando que «no todas las incidencias son culpa de este Gobierno; el PP ignora su propia inacción en el pasado, que ha empeorado la situación», según su diputada Maribel Vaquero, quien acusó a los populares de «copiar» una queja de Facua. Bildu ha sido el único grupo que ha manifestado que no apoyará la iniciativa del PP, argumentando que «la alternativa» a los retrasos actuales «no puede ser la destrucción del servicio público», como ha indicado su diputado Iñaki Ruiz de Pinedo.
El diputado de Junts, Isidre Gavin, ha cuestionado la decisión, considerándola errónea. Según él, hacer más estrictos los estándares de puntualidad presenta «diversas interpretaciones», ya que revela una falta de acción ante la persistente tardanza de los trenes y la aparente falta de voluntad para mejorar el servicio. Gavin ha apuntado que esta acción es «poco popular» y provoca «indignación en los usuarios», además de que carece de lógica en este momento crítico, dado que no se posee una mayoría en el Congreso. «Están arriesgando mucho, porque eventualmente el Congreso podría revertirlo», ha señalado.
Por otro lado, este jueves podría suceder que el PP avance con una Proposición No de Ley (PNL) que ha recibido enmiendas de varios grupos, indicando que, al menos, no se oponen de manera tajante. Ante esta situación, el PSOE ha decidido anticiparse, criticando a los populares por intentar debilitar al Gobierno luego de que fracasaran en sus esfuerzos por derogar la Ley de Movilidad Sostenible o una enmienda que permitiría a Adif y Renfe incrementar su endeudamiento.
El socialista Ramos ha expresado su deseo de que la iniciativa se apruebe, sugiriendo que los esfuerzos del PP buscan una pequeña victoria frente al Ministerio de Fomento dirigido por Óscar Puente. «Si esto lleva a que los diputados del PP empiecen a hacer una política constructiva, será bienvenida la propuesta», ha comentado.
