El Tribunal Constitucional ha decidido suspender varios puntos del protocolo de atención a menores establecido por el Gobierno canario. Esta resolución se ha tomado tras aceptar el recurso presentado por el Ejecutivo, que argumenta que el acuerdo impugnado podría violar derechos fundamentales.
Este martes, de manera unánime, el Pleno del Constitucional determinó la suspensión de partes del protocolo que regula la atención a niños que llegan en embarcaciones, el cual ya había sido detenido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Según informan fuentes de la corte, la decisión fue adoptada después de que se barajara el artículo 161.2 de la Constitución, que permite la suspensión automática de normas autonómicas durante cinco meses cuando son recurridas por el Gobierno, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El Ejecutivo sostiene que el mencionado protocolo restringe las competencias autonomías sobre la protección de menores, altera la definición legal de desamparo y establece deberes para las fuerzas de seguridad, al tiempo que determina las acciones que debe llevar a cabo el Estado en sus competencias.
En dicho protocolo, se afirma que los menores que llegan solos a la costa sin un adulto a cargo no están desprotegidos, sino que se encuentran bajo la custodia de la Policía o la Guardia Civil, lo que implica que el Estado es responsable de su acogida inicial. Además, el Gobierno indica que solo se hará cargo de ellos en centros de la comunidad autónoma si han sido debidamente identificados y siempre que haya disponibilidad de plazas.
Independientemente de la resolución del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había decidido suspender dicho protocolo al considerar que pone en riesgo la protección de este grupo. Aunque el Tribunal entiende las preocupaciones planteadas por el Gobierno autonómico, afirma que este tiene fundamentos válidos al mencionar el nivel de sobrecarga de los recursos disponibles y también al criticar el método de entrega de los menores extranjeros, en función de la documentación presentada.
Sin embargo, los jueces recalcan que es fundamental priorizar el bienestar de los menores. Este martes, el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, suspender varios apartados del protocolo establecido para la atención de los niños que llegan en embarcaciones, que ya se encontraba en pausa por la decisión del TSJC.
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