Perplejidad total en las filas del PP ante el desliz relacionado con la legislación que reduce las penas a etarras: «Tendremos consecuencias». Génova intenta ganar tiempo al posponer la votación de la controvertida reforma en el Senado, a pesar de que la Cámara Alta ya no tiene capacidad para detenerla.
Los miembros del partido popular se sienten confundidos por este «grave» error legislativo. La tensión en el PP es palpable. La dirección de Génova corre contra reloj buscando revertir o, al menos, mitigar la implicación del voto a favor en el Congreso de una modificación legal que favorece la disminución de penas para 41 etarras.
Mientras se busca una solución, persiste la inquietud interna ante un «desliz» que, según varios liderazgos del partido, «tendrá repercusiones» para Feijóo y para la formación. La atmósfera general es de desconcierto y desánimo. La «sorpresa» es descrita como «completa». En medio de este «shock», el debate que se asoma es el de las responsabilidades en el Grupo Popular de la Cámara Baja, bajo el liderazgo de Miguel Tellado, quien cuenta con la aprobación del líder nacional. En este momento, se enfatiza desde la dirección nacional y desde el ámbito parlamentario que la prioridad no es «culpar a nadie», sino encontrar «soluciones». Sin embargo, existe un profundo malestar por el hecho de que ningún integrante de la mayoría en la Cámara Baja, que también dispone de mayoría absoluta en el Senado, pudiera identificar el enésimo «engaño» del Gobierno. «Nuestros representantes analizaron la ley y su evaluación dictaminó que solo era una simple adaptación de una directiva europea para el intercambio de información penal. Pero no se limitaba a eso», reconocen fuentes relevantes del PP. «A estas alturas, deberíamos haber discernido hasta dónde puede llegar Sánchez», añaden otras voces del ámbito parlamentario.
La atmósfera es de «indignación», «humillación» y «desagrado», como han expresado diversos miembros del Parlamento que han sido consultados. Esto se debe a que su error —similar al de Vox y UPN— ha hecho que pase desapercibida una modificación judicial importante que permitirá a Bildu cumplir con su demanda histórica: reducir las penas de alrededor de cuarenta reclusos de ETA, lo que en algunos casos resultará en su liberación inmediata. Por ejemplo, Francisco Javier García Gaztelu, conocido como Txapote, verá su condena reducida en seis años, lo que podría llevar a su salida en cuestión de meses. El 18 de septiembre pasado, el Congreso aprobó de manera unánime y sin cuestionamientos la reforma de la ley orgánica 7/2014, que incorpora una directiva europea sobre el intercambio de información de antecedentes penales. Ni el PP ni Vox se dieron cuenta de las modificaciones legales que se incorporaron durante su revisión en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, las cuales impactaron directamente en la duración de las penas, y votaron a favor en el Pleno. La propuesta siguió su curso legislativo hasta llegar al Senado. «La situación es muy seria», señala otro líder del PP, instando a una evaluación interna. El PP, que posee la mayoría absoluta en la Cámara Alta, tampoco tuvo en cuenta las implicaciones que podría acarrear la enmienda legal para los reclusos de ETA. Ningún partido opositor presentó enmiendas o solicitudes de veto. Por lo tanto, Feijóo ya no tiene la capacidad de detener o interferir en la aprobación de la ley. Este martes, la norma se encontraba ante su último procedimiento en el Senado. Sin embargo, aunque el PP decidiera votar en contra, tal rechazo no evitaría que la reforma fuera ratificada por las Cortes Generales.
Génova se mueve para ganar tiempo y considera llevar el caso al Tribunal Constitucional. A última hora del lunes, decidió aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para eliminar del orden del día el tema relacionado con la votación de la ley polémica. La tensión era evidente. De acuerdo con información obtenida por El Confidencial, la cúpula del partido solicitó de manera oficial a sus senadores que asistieran «puntuales» al pleno convocado para este martes a las diez de la mañana, con el fin de aprobar la modificación del agenda. No obstante, el margen de acción es muy limitado. Dado que se trata de un procedimiento urgente, el PP solo dispone de una semana para hallar una solución contundente. La fecha límite para que la Cámara Alta se pronuncie sobre la legislación es el 14 de octubre. Si no lo hace, la norma será remitida directamente al Boletín Oficial del Estado. El propósito del partido es resaltar la responsabilidad del Gobierno ante la «indecencia» de reducir penas a reclusos etarras durante este tiempo. En la organización hay un claro pesimismo respecto a las posibilidades de revertir esta situación. «No servirá de nada», afirman. Desde el fin de semana, se han llevado a cabo intensas negociaciones con las direcciones de los grupos parlamentarios y con los servicios legales del partido y de las Cámaras. Este medio se puso en contacto con la dirección del PP el pasado viernes. Inicialmente, Génova minimizó la gravedad de la situación tras hablar con sus asesores legales. Sin embargo, el lunes, después de la revelación de El Confidencial, la dirección del PP admitió su error y activó todas las alarmas. «Es un fallo generalizado en el que ha incurrido todo el Congreso», señaló el portavoz nacional del partido, Borja Sémper. Vox siguió un camino similar y terminó pidiendo disculpas al darse cuenta del error parlamentario.
Este lunes, Feijóo tomó la iniciativa y asumió su responsabilidad por el error, ofreciendo disculpas de manera «personal» a Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La AVT no solo censuró el acuerdo del Gobierno con Bildu, sino que también expresó su descontento con la actuación del Partido Popular. «¿Acaso no hay nadie al mando en este país?», cuestionaron. Desde la sede del PP en Génova, no descartan ninguna opción y evalúan la posibilidad de recurrir a los tribunales, con el Tribunal Constitucional como la alternativa que gana fuerza, en caso de que el Gobierno no revoque la norma antes del 14 de octubre. La controversia está generando mucha tensión. Algunos líderes sugieren que, si en una semana el partido no corrige su error, las tensiones internas podrían intensificarse. En el PP hay un ambiente de alta tensión. Génova se encuentra presionada por el tiempo, buscando cómo mitigar el impacto de la decisión a favor de una reforma legal que acortaría las penas de 41 etarras. Mientras se intenta hallar una solución, las críticas por este «desliz» continúan creciendo, y diversos miembros del partido coinciden en que esto afectará tanto a Feijóo como a la formación. La percepción general es una combinación de asombro y desánimo. La «sorpresa», aseguran, es absoluta. Y el debate, aún oculto tras el «shock» inicial, se centra en identificar culpables dentro del Grupo Popular en el Congreso, liderado por Miguel Tellado, quien goza de la confianza del presidente del partido.
