El Congreso ha comenzado a tramitar una reforma respaldada por el PP que permitirá disolver organizaciones que promuevan el franquismo. Esta iniciativa socialista se refiere a la Ley de Memoria Democrática.
Este martes, en el Pleno, se aprobó la consideración de la propuesta del PSOE, la cual modifica la legislación sobre el Derecho de Asociación para que se puedan desmantelar asociaciones que glorifiquen el franquismo y menosprecien a sus víctimas.
La disolución podrá ser solicitada por la Fiscalía, y solo se concretará a través de una decisión judicial.
La tramitación ha recibido el apoyo mayoritario del Congreso, con la excepción de Vox, que fue el único partido en oponerse. Aunque el PP ha manifestado su apoyo a esta legislación, durante el debate acusó al PSOE de utilizar a Franco como una especie de “comodín”.
A pesar del respaldo de sus socios, algunos han mencionado que planean presentar enmiendas, ya que consideran que la ley debería ser más contundente. ERC y Junts han expresado reservas sobre la viabilidad de la implementación, ya que la responsabilidad de disolver estas organizaciones recaerá en los tribunales.
Con esta propuesta, el PSOE cumple con la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada en octubre de 2022 y anticipaba una modificación en la ley de asociaciones. A pesar de esto, la reforma se presenta con un año de demora, ya que debió haberse iniciado a más tardar en octubre de 2023, un año después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria. Para acelerar el proceso, el PSOE ha elegido la vía de una proposición de ley en lugar de un proyecto gubernamental.
El PSOE ha planteado, según lo informado por Europa Press, la adición de una cláusula en la ley mencionada que considere como motivo para la disolución la «apología del franquismo».
Se especifica que esta apología puede manifestarse «ya sea promoviendo el golpe de 1936 o la dictadura subsecuente, o exaltando a sus líderes, siempre que se menosprecie o humille la dignidad de las víctimas del golpe de 1936, de la Guerra Civil o del régimen franquista, así como incitar al odio o a la violencia contra estas personas por su condición».
La norma también aclara que la disolución debe llevarse a cabo a través de una resolución judicial, y que será responsabilidad del Ministerio Fiscal «iniciar acciones en estos casos».
Asimismo, el proyecto de ley del PSOE establece que el fundamento para la disolución se aplicará sin importar los objetivos o actividades indicados en los estatutos de la asociación, así como el cumplimiento o no de su obligación de registro, ya que esto se considera solo con fines de visibilidad.
El Ministerio de Cultura, a cargo de Ernest Urtasun, ha comenzado a tomar medidas para disolver la Fundación Francisco Franco.
En el transcurso del debate, algunos grupos como Bildu y el BNG han instado a actuar para disolver también otras fundaciones que honran la figura de Francisco Franco, y desde el Ministerio de Cultura ya se están realizando gestiones en este sentido.
Los motivos que podrían llevar a la disolución de asociaciones o fundaciones como la mencionada son equivalentes. La diferencia principal radica en que, en el caso de las fundaciones, es el Protectorado vinculado al Ministerio de Cultura quien inicia el procedimiento, mientras que, según la propuesta de ley del PSOE, en el caso de las asociaciones, esta responsabilidad recae en la Fiscalía. En ambos escenarios, no obstante, es un juez quien tendrá la última palabra.
Este martes, el Pleno del Congreso ha dado luz verde a la consideración de la propuesta de ley del PSOE, que busca modificar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación. Esta reforma permitirá la disolución de entidades que promuevan el franquismo y desacrediten a sus víctimas. El inicio del proceso dependerá de la Fiscalía y se llevará a cabo únicamente a través de una resolución judicial.
