Una reciente reforma legal impulsada por el Gobierno y aprobada de manera unánime en el Congreso el 18 de septiembre ha desatado una crisis política que aún está sin resolver. El Ejecutivo propuso un cambio en la legislación que regula el intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea para alinearla con las normativas europeas.
A esta iniciativa, Sumar añadió modificaciones que, en la práctica, resultan en la disminución de penas para cerca de 50 individuos vinculados a ETA, incluyendo a Javier García Gaztelu, alias Txapote. Los partidos dieron su aprobación en el Congreso sin realizar enmiendas.
Sin embargo, la opinión del PP, Vox y UPN dio un giro este lunes al darse cuenta del verdadero impacto de esos cambios. El PP se ha comprometido a revertir lo que consideran una «trampa» del Gobierno y se prevé que pospongan la votación en el Senado para este martes. Vox cree que hay posibilidades de llegar a una «solución».
El PSOE y Sumar argumentan que esta modificación simplemente busca «transponer y aplicar» la legislación de la UE respecto al sistema europeo de información de antecedentes penales (ECRIS). Por otro lado, el PP sostiene lo opuesto: argumenta que el Gobierno está «engañando» ya que esa directiva europea «no abarca las modificaciones realizadas», según el portavoz nacional, Borja Sémper.
A pesar de que todos los países miembros deben adaptar esta normativa europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya dictó en 2018 que España no debe contar los años de prisión cumplidos en Francia. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la aprobación de esta reforma, que aún debe pasar por el Senado, podría permitir que 45 integrantes de ETA reduzcan las penas que han cumplido en Francia, e incluso algunos de ellos podrían ser liberados en los próximos meses.
A mediados de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó de manera unánime y sin oposiciones diversas todos los cambios propuestos, incluida la enmienda de Sumar que permite considerar condenas cumplidas en otros países. Esta enmienda estaba programada para ser discutida en el Senado este martes, y dado que no había ningún veto presentado, se esperaba que la oposición del PP, Vox y UPN no tuviera repercusiones, permitiendo la publicación de la ley tal como se aprobó en el Congreso en el Boletín Oficial del Estado. Ante esto, el PP ha optado por retrasar la votación mientras solicita al Gobierno la revocación de la reforma.
Por otro lado, Sumar defiende que su modificación se limita a «remediar una injusticia» existente en la legislación española, ya que ciudadanos de otros países europeos pueden beneficiarse de ciertas condiciones en el cumplimiento de sus penas, algo que no es aplicable a los españoles. Santiago sostiene que es inconcebible que los ciudadanos de la UE cuenten con un trato preferencial que no disfrutan los españoles, subrayando que esta cuestión es «de sentido común».
El PSOE también apoya las enmiendas de Sumar, argumentando que estas buscan los «objetivos de modernización y mejora» de la «seguridad jurídica» en relación con las penas en otros Estados de la UE. Aseguran que esta modificación responde a «razones de seguridad jurídica». Asimismo, los socialistas reconocen que estaban al tanto de que esta enmienda podría llevar a la reducción de penas para etarras. También critican al PP por intentar bloquear una reforma que previamente apoyaron, exigiendo explicaciones al respecto.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, decidió este lunes no involucrarse en el debate sobre este tema, aunque, en consonancia con la postura de los socialistas, afirmó que la modificación propuesta simplemente busca «asegurar la implementación de la directiva europea». En respuesta a las críticas del PP sobre supuestas irregularidades en el proceso legislativo, Bolaños destacó que la tramitación en el Parlamento fue «completamente tranquila», refiriéndose a la unanimidad que alcanzó la reforma legal.
A pesar de esto, el PP considera que la aprobación unánime en el Congreso de esta demanda de Bildu fue resultado de un «error sectorial» que atribuyen exclusivamente al Gobierno. De este modo, justifican su apoyo, junto con Vox y UPN, a algo que históricamente han desaprobado. Un portavoz del PP calificó la situación como un «engaño» del Ejecutivo, que intentó «colocar» una enmienda irrelevante para la ley aprobada en la Cámara Baja el 18 de septiembre.
Consecuentemente, el PP comunicó el lunes por la tarde que retirará de la agenda del pleno que se llevará a cabo el martes en el Senado el proyecto de ley. Esta decisión fue tomada al darse cuenta de que, independientemente de lo que se decida en el Senado, la ley será publicada directamente en el BOE. Así, buscan ganar tiempo para aumentar la presión sobre el PSOE para que «utilice su autoridad» y cancele esta reforma legal, además de explorar cualquier alternativa legal o parlamentaria que «pueda proteger» a España «de la indecencia que significaría reducir las penas a terroristas de ETA mediante maniobras parlamentarias», como explicaron desde el partido. En cualquier caso, Alberto Núñez Feijóo se disculpó este lunes con la presidenta de la AVT por su error.
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