La reforma de la financiación en los gobiernos locales se encuentra estancada y los municipios ponen el foco en el sistema catalán. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recalca la importancia de iniciar de inmediato un diálogo sobre la creación de un nuevo modelo para las entidades locales.
Sin embargo, el Gobierno todavía no ha atendido sus peticiones y no hay un plan establecido para futuras reuniones.
Los múltiples ayuntamientos han expresado que se hallan en una situación crítica. En la reciente Junta de Gobierno de la FEMP, llevada a cabo el 25 de septiembre, se abordaron esta problemática y otras cuestiones sin resolver.
La presidenta, María José García Pelayo, solicita al Ministerio de Política Territorial la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local, ya que el encuentro de julio no se ocupó de los asuntos importantes para los municipios. «No es equitativo que los ayuntamientos queden al margen de esta conversación», afirmó, subrayando que el ministro Angel Víctor Torres no ha proporcionado respuesta hasta el momento.
El diagnóstico es común. Las administraciones consultadas por este medio expresan su descontento con el reciente encuentro de la comisión, que no logró abordar sus principales inquietudes. Desde la financiación hasta las reclamaciones relacionadas con las pérdidas del impuesto de plusvalía siguen sin resolución. «Se organizó para la fotografía y para cumplir con un trámite», indican fuentes del ayuntamiento en referencia al papel de Torres. Subrayan la importancia de que los municipios sean prioridad en las discusiones sobre la reforma del sistema de financiación, el cual ya ha sido identificado como el desafío más importante de la legislatura y se ha complicado debido al acuerdo entre el PSC y ERC para otorgar un estatus especial a Cataluña.
Muchos municipios ven el cupo como el principal obstáculo que afecta a sus intereses. Los regidos por el PP incluso asumen que no habrá avances. «Ya sabemos que todo se destinará a Cataluña», manifiestan, alineándose con los Gobiernos autonómicos que se han quejado de lo que consideran un trato desigual, incluyendo zonas gobernadas por el PSOE, como Asturias y Castilla-La Mancha. «Es imposible que nos ofrezcan alguna respuesta, pues saben que no pueden decirnos nada», añaden.
Este viernes, la presidenta de la FEMP se pronunció sobre el asunto, repitiendo su deseo de formular una declaración institucional «en contra de la financiación privilegiada de Cataluña» en la comisión de Hacienda de la entidad. «Tengo claro que mi responsabilidad como presidenta de la Federación es buscar el consenso, extender la mano y tratar de que la voz de todos los ayuntamientos españoles sea uniforme», enfatizó García-Pelayo.
En un estado de inacción.
La modificación en la financiación de los gobiernos locales se encuentra estancada. Ni el Ministerio de Política Territorial ni el de Hacienda han discutido formalmente este asunto con las entidades locales. Desde el ministerio encabezado por María Jesús Montero, afirman que hay un «compromiso» para tratar la cuestión, sin embargo, la realidad es que no ha habido interacción ni reuniones programadas.
Además, no se ha previsto nada para la próxima Comisión Nacional de la Administración Local, como admitirán en la cartera dirigida por Torres. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reitera su solicitud: un reparto «más justo de la capacidad de gasto entre las administraciones», evitar que se impongan competencias sin los recursos necesarios y abrir un diálogo paralelo al que se lleva a cabo a nivel autonómico.
Esta demanda no es nueva. En la reunión de julio, la FEMP acudió con la misma agenda, y durante el mandato anterior, bajo la dirección del socialista Abel Caballero, se promovió una nueva legislación que incluía, entre otras cuestiones, una revisión del límite de gasto para disminuir la carga sobre los municipios. Además, la organización subraya la inquietud de los ayuntamientos respecto a los plazos de ejecución de los fondos europeos y a la resolución en torno a la plusvalía, que significó una notable reducción de los ingresos locales tras el fallo del Tribunal Supremo sobre la devolución de liquidaciones definitivas.
De hecho, en la última Junta de Gobierno, la FEMP notificó que ha enviado a los grupos parlamentarios en el Congreso dos propuestas de enmienda relacionadas con el impuesto. Su intención es que se extiendan las medidas para mitigar el impacto económico de los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, así como implementar acciones fiscales, energéticas y sociales hasta que se resuelvan los recursos en litigio.
La discusión sobre la financiación local se encuentra estancada. La FEMP hace hincapié en la importancia de tratar de manera urgente la creación de un nuevo modelo para los municipios, sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuesta a sus solicitudes, en medio del conflicto por el famoso cupo catalán y la resistencia de las autonomías. El gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en suspenso esta situación y no cuenta con un cronograma a corto o mediano término para comenzar conversaciones con los ayuntamientos.
