La mejora de las relaciones en las aulas de la Comunidad Valenciana, especialmente en la prevención del acoso escolar, se ha convertido en una de las metas más importantes que la Conselleria de Educación se ha propuesto para esta legislatura.
Con el inicio del primer año académico diseñado por el Consell liderado por Carlos Mazón, y con la reciente implementación de la Ley de Libertad Educativa, el equipo dirigido por José Antonio Rovira está enfocado en desarrollar una nueva normativa que aborde este asunto, colaborando con especialistas, la Inspección educativa y las instituciones, sean estas públicas, privadas o concertadas.
Específicamente, la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa ha estado «trabajando por meses» en la revisión y ajuste del decreto de convivencia que fue aprobado por el anterior Consell del Botànic en 2022, según informaron fuentes de la Conselleria a 20minutos. Sin embargo, a pesar de su reciente establecimiento, los nuevos directivos de Educación han observado que esta normativa «no satisface las necesidades actuales y carece de una orden que la desarrolle», lo que llevó a la decisión de crear un marco normativo completamente nuevo. El mismo president Mazón mencionó desde la tribuna de Les Corts en el reciente Debate de Política General el compromiso de establecer esta nueva legislación sobre convivencia en los centros educativos.
Mientras tanto, a la par que se elabora la norma (sujeta a plazos específicos), el departamento ha decidido abordar de manera independiente dos cuestiones que generan gran preocupación: el uso de teléfonos móviles en los centros educativos y el incremento de agresiones hacia los docentes.
En el primer escenario, se identificaron problemas relacionados con el uso abusivo de la tecnología en las escuelas, evidenciados tras una evaluación del entorno educativo. En particular, los hallazgos mostraron que un 8% de los estudiantes de tercer grado de Primaria están expuestos a más de tres horas diarias en sus dispositivos móviles, mientras que en sexto grado, este porcentaje asciende al 18%. Asimismo, se ha observado un incremento en casos de ciberacoso, según lo indicado por la consellería de Educación.
Como resultado, desde mayo de 2024, se instauró una resolución que prohíbe la utilización de dispositivos móviles en las instituciones educativas, con excepciones únicamente para situaciones de salud o para actividades específicas bajo la supervisión del profesor. Esta medida ha sido bien recibida por las escuelas, que sienten que cuentan con el apoyo de la Conselleria en la gestión del uso inapropiado de los móviles, según lo indicado por el departamento de Campanar. Así, esta resolución formará parte del nuevo decreto de convivencia.
Por otro lado, el área de Educación está desarrollando un «protocolo de refuerzo» destinado a proteger a los docentes, con el fin de combatir el aumento de agresiones hacia estos profesionales. La intención es que los educadores sean reconocidos y respetados como figuras de autoridad. Además, la forma de responder ante tales agresiones será incluida en una resolución actualmente en discusión entre la Dirección General, los sindicatos y los comités de seguridad y salud. Este protocolo ofrecerá respaldo tanto al personal docente como al no docente, y también se integrará en el futuro decreto de convivencia.
**Análisis de los centros educativos**
«Respondemos al análisis que recibimos de los equipos de dirección mediante la creación de un grupo de trabajo que incluye a expertos, representantes de la inspección y miembros de diversas instituciones educativas, ya sean públicas, concertadas o privadas», comentó Mazón durante el debate en el parlamento, en relación con la ratificación del decreto.
**Solicitud de un Estatuto para los Docentes**
El líder de CSIF Educación en la Comunidad Valenciana, José Seco, hace un llamado para que se elabore un Estatuto autonómico para los docentes, dado que no existe una normativa similar a nivel nacional. Este estatuto buscaría regular la autoridad docente, estableciendo un protocolo para abordar las agresiones que ocurren no solo dentro de los centros educativos, sino también en el contexto laboral.
Asimismo, propone la implementación de mecanismos destinados a proteger a las víctimas de agresiones y brindar asistencia psicológica. En este marco, también solicita la asignación de fondos y recursos para ayudar a los estudiantes afectados y fomentar la convivencia tanto en las instituciones como en la comunidad en general.
