La causa en curso contra Begoña Gómez, compañera del presidente, acaparará esta semana la atención del ámbito judicial madrileño, con decisiones cruciales en el horizonte. La Audiencia de Madrid se planteará si archiva el caso o lo limita, mientras que el juez encargado de la investigación evaluará la viabilidad de las denuncias interpuestas en su contra.
Inicialmente, se esperaba que algunas de estas resoluciones se tomaran la semana pasada, pero durante la reunión de los magistrados de la sección 23 se dieron cuenta de que no habían recibido uno de los recursos necesarios, específicamente el presentado por el abogado de Gómez.
Como resultado, el tribunal decidió posponer la deliberación hasta este lunes, momento en el que revisará tanto los recursos de la Fiscalía como los de la defensa, liderada por el exministro Antonio Camacho. De esta manera, se abordará el futuro del proceso que sigue el juez Juan Carlos Peinado, relacionado con acusaciones de tráfico de influencias y corrupción.
El destino del caso dependerá de tres magistrados, quienes decidirán si archivan la investigación, la limitan o la mantienen bajo la dirección del juez Peinado, quien también investiga al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. Fuentes del juzgado aseguran que el magistrado está calmado y aceptará el fallo de la Audiencia sin inconvenientes. La defensa de Gómez solicita finalizar lo que considera una investigación demasiado amplia y general, que, según ellos, contraviene la ley; no obstante, también pide que, en caso de que no se archive, se limite el alcance de la misma.
El abogado, muy crítico con la manera en que el juez lleva el caso, ha apelado la decisión donde Peinado indicó que está examinando «todas las acciones, actitudes y comportamientos que ha realizado la investigada desde que su marido ocupa la presidencia del Gobierno español, según se detalla en la denuncia original». A pesar de que el juez reconoció que no estaba investigando ciertos contratos otorgados al empresario Barrabés por la entidad pública Red.es debido a que están bajo la supervisión de la Fiscalía europea, la defensa de Gómez sostiene que sí se está ocupando de aspectos que no fueron mencionados por la Audiencia de Madrid en un auto emitido en mayo pasado. Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado restringir la investigación según lo expuesto por la Audiencia en dicho auto, aunque reconoce que tras esta resolución «parecería que el caso se habría quedado sin hechos por investigar».
En cuanto a las querellas contra el juez, independientemente del desarrollo del caso de Begoña Gómez, el juez Peinado enfrenta tres querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM): una por revelación de secretos y dos por posible prevaricación. La primera de ellas fue discutida por el TSJM el martes anterior, aunque todavía se espera su fallo; la segunda será el tema principal en la próxima reunión, programada también para el martes; respecto a la tercera, presentada por Begoña Gómez, no se ha definido una fecha. El TSJM revisará el martes la querella presentada por la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, argumentando que el juez Peinado actuó de manera prevaricadora al dictar «con pleno conocimiento» varias resoluciones consideradas «injustas» y contrarias a la ley, basadas en «convicciones personales».
Una de las situaciones destacadas es la que llevó a Pedro Sánchez a testificar en Moncloa, aunque la normativa le permite presentar su declaración de forma escrita en aquellos casos que se relacionen con su trabajo. La querella argumentaba que no se puede separar a una persona de su papel, ya que lo relevante de la investigación es su rol como presidente del Gobierno y esposo de la persona bajo indagación. Se mencionó que el juez Peinado no ofreció «ni una línea» que respaldara la decisión de solicitar su presencia en persona en lugar de por escrito. A diferencia de una querella previa relacionada con la divulgación de secretos, esta cuenta con la aprobación de la Fiscalía, que sostiene que el juez no justificó adecuadamente «la necesidad y el beneficio» de la cita de Sánchez, ni explicó por qué eligió una comparecencia que podría comprometer más a la institución que representa. El juez encargado de esta decisión es Francisco José Goyena, quien ya había encontrado indicios de posible revelación de secretos contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, a raíz de un comunicado de la Fiscalía sobre una pesquisa por un presunto fraude fiscal relacionado con el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
