Sumar ha criticado al PSOE, su socio mayoritario en el Gobierno, por las deficiencias en las políticas de vivienda. Señala que en España se ha privilegiado el «rentismo», considerando la vivienda como una «mercancía» en lugar de un derecho fundamental, como establece la Constitución.
Durante un debate que reunió a representantes de PSOE, Sumar, PP y Vox sobre el tema de la vivienda, estas fuerzas políticas expusieron sus propuestas para abordar el creciente problema de los costos de vivienda, que se han vuelto cada vez más insostenibles.
Gala Pin, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, manifestó que esta perspectiva mercantilista ha resultado en un escaso parque público de viviendas y en normativas de arrendamientos que han facilitado la especulación en el alquiler a lo largo del tiempo. Por ello, Sumar sugiere adoptar medidas más radicales, incluyendo restricciones para la compra de viviendas que no se destinen a la residencia y limitaciones en el alquiler temporal y de habitaciones, actualmente utilizadas como «salida» a las regulaciones del Gobierno.
Por su parte, Ignasi Conesa, portavoz de Vivienda del PSOE, argumentó que muchos de los problemas actuales en el sector habitacional son herencia del Gobierno de Mariano Rajoy, al que calificó de haber manejado de manera «desastrosa» una crisis muy severa en el mercado inmobiliario. «De aquellos polvos vienen estos lodos», afirmó. En contraste, el PP ha responsabilizado al Gobierno de «ahogar» el mercado de la vivienda.
La vicesecretaria de Medio Ambiente y portavoz de Vivienda del partido, Paloma Martín, ha destacado que la crisis habitacional actual es el resultado de las políticas del gobierno de coalición actual, que, según su perspectiva, han «estrangulado» este sector. Martín ha criticado con fuerza la Ley de Vivienda, considerándola una norma con efectos «perversos» que ha ocasionado inestabilidad jurídica y un aumento en los precios de los alquileres. Para abordar esta problemática, la líder del PP ha propuesto una reforma fiscal que incluya la reducción de impuestos y la liberalización de más terrenos.
Carlos Rodríguez, portavoz de Vivienda de Vox en el Congreso, se ha alineado con el PP en la necesidad de ofrecer más seguridad jurídica a los propietarios y en la reducción de impuestos, como el IVA en la adquisición de la primera vivienda. Sin embargo, ha aclarado que la Ley de Vivienda «no es el origen de todos los problemas» en este sector, aunque opina que ha intensificado tendencias que llevan en curso las últimas dos décadas.
En el debate, se ha discutido sobre la intervención de los precios debido a la inflación que afecta al mercado. Vox ha manifestado su rechazo a esta estrategia, citando evidencia «científica» y «empírica» que demuestra su ineficacia, lo que puede llevar a una disminución en la construcción de nuevas viviendas, una baja en la calidad de los inmuebles existentes y una reducción en la oferta de alquiler, generando así un «efecto ‘boomerang'». En contraste, Gala Pin, de Sumar, considera que es esencial regular los precios, ya que la mayoría de las propiedades en el país pertenecen a «grandes propietarios y rentistas». La diputada sostiene que es fundamental «cambiar la mentalidad» y ver la vivienda como un «derecho» en lugar de una «mercancía».
La portavoz del PP sostiene una postura diferente a la de Sumar, asegurando que lo primordial para el Gobierno es comprender los «efectos negativos» que puede traer la intervención en el mercado de arrendamientos. Según ella, «regular los precios del alquiler solo reduce la oferta de viviendas». En contraste, un diputado del PSOE aboga por la intervención en el mercado de alquileres, sugiriendo la implementación de topes en las zonas más tensionadas, una medida contemplada en la Ley de Vivienda. Además, menciona que existen otras maneras de actuar en este ámbito, como aumentar la construcción de vivienda pública o multiplicar de manera significativa los presupuestos destinados a este fin.
La necesidad de incrementar el parque de vivienda pública ha sido un tema común en las intervenciones de PSOE, PP, Sumar y Vox, señalando que la situación en España está muy por debajo de los estándares europeos. La portavoz de Sumar ha destacado el modelo de Viena, que cuenta con más del 50% de su parque habitacional en manos públicas, gracias a políticas iniciadas en los años 20 que no solo se dedicaban a la construcción de viviendas, sino también a la adquisición de las mismas para garantizar el acceso a las clases trabajadoras y medias.
Sin embargo, Gala Pin ha expresado su preocupación por la tendencia en España de considerar la vivienda pública como un recurso para situaciones de emergencia y no como una solución estructural. Por su parte, el representante de Vox ha tomado el ejemplo de Viena, advirtiendo que esto convierte al alcalde en el arrendador de la ciudad: «No sé qué tan pluralista o deseable sea esa situación, ya que la gente tiende a no votar en contra de su propio arrendador». Además, ha subrayado que, aunque está de acuerdo en la necesidad de ampliar el parque público, el PSOE y el PP, que han estado en el poder desde los años 80, han optado por no invertir en este sector.
Durante el periodo del PP, Paloma Martín ha destacado que actualmente no existe oferta de viviendas y que para afrontar esta situación es necesario primero «introducir suelo en el mercado», además de promover la cooperación entre el sector público y privado en la realización de nuevos proyectos de edificación, eliminar los «trámites burocráticos excesivos» y combatir el problema de la «ocupación». Por su parte, el socialista Ignasi Conesa ha comentado sobre la gestión del PP en el contexto de la crisis financiera, alegando que Mariano Rajoy dejó a muchas familias en una situación precaria con sus deudas, priorizando ayudas para los bancos en lugar de atender a los más necesitados.
En cuanto a los pisos turísticos, el final del debate se centró en su regulación, responsabilidad de las comunidades autónomas, siendo considerados un importante problema por formaciones como PSOE y Sumar. Desde la perspectiva del PP, el aumento de estos alojamientos se ha dado precisamente para eludir la Ley de Vivienda. Vox también ha criticado las diversas políticas implementadas en las últimas décadas que han desviado viviendas convencionales hacia el sector turístico para obtener mayores beneficios económicos. Representando a Sumar, Pin ha expresado la necesidad de actuar con mayor firmeza para que este tipo de propiedades no congestione áreas muy pobladas, como las costeras. Finalmente, el portavoz del PSOE ha reconocido que existe un problema con los pisos turísticos, evidenciado por la creación del comisariado de vivienda por parte de la Comisión Europea.
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