El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado el periodo de audiencia pública para el proyecto de Ley del estatuto de los formadores en prácticas no laborales dentro del entorno empresarial, denominado Estatuto del Becario. Este proyecto fue acordado hace más de un año con los sindicatos CCOO y UGT, aunque sin el apoyo de CEOE y Cepyme.
En realidad, el texto fue consensuado en otoño de 2022, pero el Ministerio mostró disposición para realizar modificaciones con el fin de reiniciar las negociaciones con la patronal, lo que finalmente no resultó efectivo. Así, antes del verano de 2023, se cerró el texto con CCOO y UGT.
Inicialmente, el equipo encabezado por Yolanda Díaz tenía la intención de aprobarlo como real decreto-ley, buscando que su implementación se realizara antes de finalizar la legislatura consecuencia del adelanto electoral de Pedro Sánchez. Sin embargo, fuentes del gobierno y del propio Ministerio indicaron que la parte socialista del Ejecutivo estaba «deteniendo» la aprobación del documento. Como resultado, el proceso se detuvo tras las elecciones del 23 de julio de 2023. Tanto el Ministerio como los sindicatos han solicitado repetidamente reiniciar la tramitación.
De hecho, el acuerdo entre PSOE y Sumar incluyó, a solicitud de este último, el compromiso de validar el Estatuto del Becario en la nueva legislatura. Por consiguiente, el Ministerio ha habilitado ahora el periodo de consulta pública de esta normativa, que se extenderá hasta el 16 de octubre. A diferencia de lo contemplado hace más de un año, esta norma será tramitada como proyecto de ley, lo que podría alargar el procedimiento, pero a su vez permitirá que los partidos introduzcan enmiendas, una demanda reiterada desde la investidura en esta legislatura, que presenta una mayor complejidad parlamentaria en comparación con la anterior.
Durante las negociaciones, se discutieron diversas medidas relacionadas con la formación práctica en empresas. En general, se establece que el número de personas en esta modalidad no podrá exceder el 20% del total de la plantilla de cada empresa. Sin embargo, se contempla que «cualquier empresa puede convenir formación práctica para dos personas, sin tener en cuenta el total de trabajadores». Esto está orientado a beneficiar especialmente a las pequeñas empresas y a los autónomos.
Además, las empresas involucradas en programas formativos podrán acceder a «estímulos y ayudas para cubrir los costos de las actividades de tutorización obligatorias estipuladas en esta normativa, según lo que se determine legalmente». Por otro lado, los becarios tendrán el derecho a recibir compensaciones por los gastos que generen durante su formación, «de acuerdo con lo que se establezca en el convenio o acuerdo de cooperación, asegurándose de que sea suficiente para cubrir gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención».
El texto también especifica qué se entiende por prácticas, con el objetivo de evitar el abuso de los llamados ‘falsos becarios’, imponiendo sanciones a las empresas que incurran en estas irregularidades. Finalmente, el documento que ha sido sometido a consulta pública por parte del Ministerio de Trabajo indica que «se busca complementar la normativa sobre prácticas formativas no laborales, incorporando una serie de derechos vinculados a aspectos laborales, como la conciliación y la protección contra el acoso, así como cuestiones de prevención de riesgos, aplicable incluso en contextos donde se comparten temporalmente las condiciones y riesgos asociados a los trabajadores de la empresa».
