El líder del PP en Andalucía y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó este sábado como un «atropello institucional» el tercer grado otorgado a los etarras Harriet Iragui Gurruchaga y Luis Mariñelarena Garciandía. También se refirió al pacto entre el Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, y EH-Bildu para modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del anterior gobierno del popular Mariano Rajoy, un acuerdo que, a su juicio, deja a los cuerpos de seguridad «sin protección ante los delincuentes».
Este pronunciamiento tuvo lugar en Linares (Jaén), donde Moreno clausuró unos encuentros organizados por el grupo parlamentario del PP andaluz. Durante su intervención, expresó su «pena y tristeza» por eventos de carácter nacional, haciendo hincapié en la concesión del tercer grado penitenciario a Iragui Gurruchaga, quien fue condenado por el asesinato del exfiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, así como del concejal del PP, José María Martín Carpena, en Málaga, y del doctor militar Antonio Muñoz Cariñanos, en Sevilla.
Además, Moreno criticó que esta decisión fue tomada por la socialista María Jesús San José, desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
La reciente decisión también afecta a Luis Mariñelarena Garciandía, quien fue sentenciado por su implicación en el atentado con coche bomba que resultó en la muerte del ex vicelehendakari del PSOE vasco, Fernando Buesa, y del agente de la Ertzaintza, Jorge Díez Elorza, que lo protegía. Juanma Moreno ha expresado su tristeza al ver que una consejera del PSOE en el País Vasco otorga el tercer grado a individuos que no muestran remordimiento por sus crímenes y que aún tienen hasta ocho años de condena por cumplir, lo que les permitirá salir en libertad bajo dicho régimen penitenciario. Este hecho lo ha calificado de «mezquino e insoportable».
Moreno ha hecho un llamado a «la ética de la política», advirtiendo que no se debe menospreciar la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familias con esta «humillación sin sentido». A su vez, ha mencionado que el Gobierno central sostiene que esta medida de tercer grado ha sido aprobada por la autoridad judicial. Asimismo, ha criticado el pacto entre el Gobierno central —formado por el PSOE y Sumar— y EH-Bildu, que busca modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza», impuesta durante la gobernación de Mariano Rajoy.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y EH-Bildu incluye diversas medidas, como la eliminación de las pelotas de goma como método para controlar disturbios. Asimismo, se establece que no se sancionará la simple captación o difusión de imágenes de las acciones policiales, un punto que ha sido muy criticado por los sindicatos de policía. Además, se propone eliminar la sanción severa por alteraciones graves en eventos o manifestaciones que tengan lugar cerca del Congreso, el Senado o las asambleas legislativas autonómicas, y se limita el tiempo de identificación de una persona a un máximo de dos horas, pudiendo extenderse hasta seis en casos excepcionales. También se ajusta el criterio de «prueba casi absoluta» de los testimonios de los agentes al imponer sanciones y se restringen los registros corporales a sospechas concretas.
Por su parte, Moreno ha expresado que con este acuerdo, «Bildu decide» sobre la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que, según él, les deja vulnerables ante los criminales. Esto le llevó a cuestionar al Gobierno central sobre la falta de otra fuerza política con la que se pudiera llegar a acuerdos, preguntándose retóricamente si este enfoque es sensato, digno o representa realmente al socialismo. El presidente del PP andaluz considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está bajo la influencia y limitaciones de partidos independentistas. En ese sentido, ha criticado que en el PSOE andaluz «nadie se pronuncie ni impugne este agravio institucional», afirmando que el PP no se quedará en silencio ni se rendirá en estas circunstancias.
