Una residente de Zaragoza ha confesado este viernes que transfirió 370.000 euros de la cuenta de su esposo a la suya mientras él se encontraba en la UCI en estado crítico debido a problemas respiratorios. María Luisa G. M.
realizó varios retiros entre el 19 de marzo y el 6 de abril de 2020, período en el que su cónyuge luchaba contra el Covid-19 y falleció el 12 de abril. Durante su testimonio en la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza, explicó que actuó de esa manera porque tenía permiso en la libreta y porque el difunto había firmado un documento que le permitía mover dinero desde BBVA.
«Nos encontramos en una panadería-cafetería en la avenida de Madrid, donde con dos testigos, una amiga y un amigo suyo, redacté un papel con lo que él me indicó y luego él lo firmó. El documento tenía su membrete y DNI en ambas caras», aseguró ante el tribunal.
Los testigos confirmaron que efectivamente tuvo lugar dicha reunión, aunque su duración fue breve debido a las restricciones sanitarias. Fue en esa fecha, el 19 de marzo, cuando la mujer recibió dos cheques por un total de 150.000 euros cada uno. Casi un mes después, el 6 de abril, realizó otra transferencia, esta vez de 40.000 y 30.000 euros. A partir de entonces, no tuvo más contacto con su marido, quien permanecía incomunicado en la UCI. La pareja era padre de tres hijos y contrajeron matrimonio en 2016. Los hijos del difunto indicaron que su relación con él no era buena, y que en 1994 habían abandonado el hogar debido a maltratos físicos y psicológicos. Nueve años después, intentaron recomponer la familia y mantenían cierto contacto, aunque no sabían la magnitud de los recursos financieros o patrimoniales que poseía. Tomaron conocimiento de la herencia dejada por su padre cuando María Luisa G. A.
Se les informó acerca del fallecimiento y la necesidad de acudir a una notaría para revisar los documentos. «Estaba muy apurada porque decía que el tiempo se agotaba. Nunca se mencionó nada sobre dinero, nos dimos cuenta de lo que sucedía después de firmar, cuando solicitaban los movimientos de la cuenta», relataron a los presentes. Según ha indicado Heraldo de Aragón, el abogado de la parte demandante, Fernando Rodríguez Burgués, sugirió la presentación de pruebas periciales, como la copia del documento firmado en la panadería; no obstante, estas han sido disputadas por el abogado de la defensa, Ángel Cordero. La acusada sostiene que la firma pertenece a su esposo, mientras que los denunciantes insisten en que no es así. Los hechos han sido calificados como una estafa o un caso de apropiación indebida, y se solicita una condena que oscile entre tres y cinco años de prisión, así como multas. Además, exigen la restitución de 370.000 euros más intereses, aunque indican que el banco también tiene parte de la responsabilidad por no implementar medidas de seguridad ante este tipo de situaciones. Dos empleadas de BBVA han declarado durante el juicio, subrayando que actuaron bajo la autorización de la mujer. En relación al famoso documento de la panadería, la acusada afirma que se encuentra en el banco, mientras que ella posee solo una copia. «Si lo han extraviado, no es mi responsabilidad», afirmó. Finalmente, la próxima audiencia se llevará a cabo el 16 de octubre debido a la falta de una testigo.
