Feijóo está ampliando su enfoque social y reactivando el plan destinado a regular el acceso de los jóvenes a internet. El Partido Popular presentará varias propuestas en las Cortes, que incluyen sanciones para las compañías tecnológicas y una actualización de los estatutos de la CNMC con el fin de gestionar los servicios digitales y abordar la ‘brecha digital’ para las personas con discapacidades.
La ley de conciliación y un plan alternativo de vivienda son los dos ejes fundamentales que respaldan el cambio social que busca Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de distanciarse, al menos en parte, del ruido político y mostrar una imagen más constructiva e institucional.
Sin embargo, estas no serán las únicas iniciativas dentro de esta nueva estrategia legislativa. En las próximas semanas, el partido relanzará su propuesta para regular el acceso de los menores a internet, una idea que ya había defendido Feijóo en la campaña de las elecciones generales del 23 de julio y que consideran crucial desde Génova. El Consejo de Ministros aprobó en junio un anteproyecto de ley sobre la protección digital de los menores, el cual todavía no ha llegado al Congreso. El PP también busca aprovechar esta dimensión social ante la fragilidad parlamentaria del gobierno, que según ellos ha dejado de participar en este debate desde que se sugirió el carnet digital para restringir el acceso a contenido pornográfico antes de las elecciones europeas. Fuentes de Génova indican que se pretende lanzar diversas iniciativas legislativas de forma desagregada para reintroducir este tema en la agenda política.
Save the Children informa que más de la mitad de los jóvenes se expone por primera vez a contenido pornográfico antes de cumplir 13 años. Además, un estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) revela que un 33% de los niños y adolescentes entre 12 y 16 años podrían estar desarrollando una dependencia de manera compulsiva hacia Internet y las redes sociales. Por otro lado, una investigación de la Universidad de La Rioja alertaba que al menos un 33,5% de los menores ha experimentado algún tipo de victimización en línea, que puede incluir ciberacoso, abuso en relaciones o grooming —una táctica donde un adulto finge ser un menor para conectar con jóvenes—.
Desde el Partido Popular (PP), se afirma que se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo junto a diversas organizaciones para crear una alternativa legal y educativa que ayude a los padres a gestionar el acceso de sus hijos a contenidos perjudiciales en línea. En breve, se impulsará una proposición no legislativa que se debatirá en la Comisión de Transformación Digital del Congreso, con el objetivo de presionar al Gobierno para reformar los estatutos de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de que esta asuma un papel real como regulador de los servicios digitales en España, de acuerdo con el reciente Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA). El PP denuncia que desde febrero, el Gobierno está incumpliendo la normativa europea obligatoria en lo relacionado a la protección de menores en el ámbito digital. La CNMC todavía no puede ejercer completamente sus competencias para supervisar a las grandes plataformas y sancionar a aquellas que no se adhieran a los criterios establecidos por las normativas europeas. Sin dicha reforma, advierten en el PP, cualquier intento de controlar el acceso de los menores a internet será ineficaz.
El Partido Popular (PP) ha diseñado un proyecto para restringir el uso de redes sociales entre los más jóvenes que contempla un aumento de recursos para la autoridad de Competencia, asegurando que cumpla su función de supervisión y sanción. Esta iniciativa también aboga por sancionar a aquellas empresas que no cumplan con los procedimientos de verificación de edad y control establecidos por la DSA.
Adicionalmente, se proponen acciones para resguardar la privacidad y seguridad de los datos de los menores, así como implementar mecanismos eficaces que permitan a los usuarios reportar sin demora contenido inapropiado. Asimismo, buscan ‘asegurar la identidad digital’ y eliminar perfiles falsos. El PP también planea la creación de un código de edad para contenidos digitales, parecido a la clasificación PEGI que se aplica en Europa, brindando así herramientas a los padres para gestionar la exposición de sus hijos a diferentes tipos de contenido.
Además, abogan por aumentar la sensibilización y acompañamiento a los padres a través de campañas que eduquen sobre la importancia de la supervisión en un entorno digital en el que la brecha tecnológica puede reducir el control parental y dificultar la vigilancia sobre lo que sus hijos ven en redes sociales. Señalan que “el móvil puede ser una herramienta útil, pero también un peligro”.
Dentro de este plan digital, el PP presentará en el Congreso una propuesta para disminuir la brecha digital, haciendo hincapié en la accesibilidad para personas con discapacidad. También sugieren implementar un programa que proporcione recursos a las fiscalías enfocadas en delitos informáticos, con el fin de publicar informes periódicos sobre las medidas que se adoptan para proteger a los menores en estas plataformas.
El Partido Popular planea solicitar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explique la inacción y la escasa comunicación del grupo de expertos creado por el Gobierno a principios del año con el objetivo de evaluar el impacto de la tecnología en los jóvenes y desarrollar un plan que los resguarde de los riesgos en línea. Desde el PP consideran que implementar estas propuestas resulta ‘difícil’ sin un acuerdo tanto político como empresarial, así como una ‘colaboración eficiente’ con la Unión Europea. Sin embargo, se preparan para liderar esta temática en breve, criticando la ‘desatención’ del Gobierno. La legislación sobre conciliación y el plan ‘alternativo’ de acceso a la vivienda son fundamentales en el giro social que Alberto Núñez Feijóo propone, buscando distanciarse, en parte, de la controversia política y presentar una imagen más proactiva e institucional. No obstante, estas no serán las únicas medidas en su nueva agenda legislativa. En las próximas semanas, el partido reactivará su iniciativa para regular el acceso de los menores a internet, un compromiso que su líder ya había destacado durante la campaña de las elecciones generales del 23 de julio y que en Génova consideran fundamental en su estrategia política.
