Sánchez ha llegado a un acuerdo con Bildu para eliminar el uso de pelotas de goma y suavizar las sanciones por faltar al respeto a las fuerzas del orden. El Gobierno ha decidido otorgar a Bildu la posibilidad de comunicar la derogación de la polémica ley mordaza impulsada por Rajoy.
Por su parte, el PNV reclama el reconocimiento de su propuesta original y planea introducir enmiendas. Se busca poner fin a las devoluciones en caliente. Desde Podemos, han manifestado que consideran estos cambios como insuficientes.
El Ejecutivo ha entregado a Bildu la responsabilidad de liderar la anulación de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde se comprometen a prohibir las pelotas de goma que usan los antidisturbios, aunque aún no se ha definido un cronograma para esta transición.
De acuerdo con los acuerdos alcanzados entre el PSOE, Sumar y Bildu en las últimas horas, también se atenuarán las sanciones relacionadas con faltas de respeto y desobediencia hacia los agentes, las cuales se clasificarán de graves a leves y deberán ser «objetivables».
El anuncio ha tomado por sorpresa a los demás partidos en el Parlamento. Fuentes del Gobierno han confirmado el acuerdo, pero han expresado su ignorancia sobre las razones que llevaron a Bildu a hacerlo público en este momento, lo que ha generado descontento en el PNV. Este último partido había sido el motor detrás de la propuesta inicial para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana y, durante la legislatura anterior, logró un amplio consenso para reformar 36 artículos del texto, aunque la iniciativa se estancó por la oposición de ERC y Bildu, que la consideraron «insuficiente». Moncloa no había comunicado los avances a estos aliados. En una rueda de prensa en el Congreso, los representantes de Bildu, Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu, señalaron que el Gobierno prohibirá el uso de pelotas de goma en manifestaciones violentas, reemplazándolas gradualmente por medios menos dañinos que no provoquen «lesiones irreparables».
En Cataluña y el País Vasco, las pelotas de goma han sido sustituidas por pelotas de espuma. Igualmente, los insultos hacia los cuerpos de seguridad ahora se consideran faltas menores, y si la persona afectada se retracta, la sanción será cancelada. «Se pone fin a sanciones sin fundamento o que dependen de interpretaciones arbitrarias, se protege la libertad de expresión y se suspenderá la pena en caso de retractación», declara Bildu. Por otro lado, la desobediencia ante la policía también se clasifica como falta leve, y debe ser «manifiesta, clara y objetiva». «Solamente se podrá imponer una sanción si hay resistencia física a una orden de la policía», aclaró el diputado Iñarritu, quien también mencionó la «negativa visible y evidente a identificarse» cuando se lo pidan los agentes, así como proporcionar información falsa. Iñarritu aplaudió la eliminación de las pelotas de goma como método de control del orden. «Es una gran noticia anunciar que cesarán esos proyectiles de caucho, un material policial de otra época que, como es bien sabido, ha causado al menos 23 muertes en el Estado y ha dejado a cientos con lesiones graves en ojos y otras partes del cuerpo». No han aclarado si el nuevo material será exactamente pelotas de espuma, que ya se están usando en estas regiones, y que tampoco cuentan con el respaldo de los grupos parlamentarios mencionados. Además, el Gobierno se ha comprometido a modificar la ley de extranjería en un plazo máximo de seis meses, buscando poner fin a las devoluciones inmediatas de inmigrantes irregulares, respetando las normativas internacionales sobre protección y asilo. Se establecerán oficinas de asilo en la frontera para evaluar la situación de estas personas antes de proceder a cualquier orden de expulsión.
En una primera valoración, el Partido Popular ha criticado que Bildu se encargue de anunciar la anulación de esta ley. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, afirmó que «la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana dictada por un partido como Bildu ilustra el grado de degradación del Gobierno de Sánchez. Hoy, el PSOE ha sellado su propia muerte como partido constitucionalista». Por otro lado, Podemos ya ha manifestado su desacuerdo, tildando la nueva propuesta de «insuficiente». Ione Belarra, su portavoz en el Parlamento, comentó en redes sociales que «no se puede hablar de la derogación de la ley Mordaza, es un acuerdo muy del PSOE, con muchos titulares pero escasa transformación». Otra incógnita es la postura de Junts. La portavoz Miriam Nogueras ha abogado por la «derogación» de esta ley «regresiva», y ha adelantado que presentarán también enmiendas para una ley en Cataluña. La revisión de esta ley, que fue aprobada en 2015 por una amplia mayoría del PP, ha sido tema de debate desde 2017, aunque se estancó por la falta de acuerdo entre Bildu y ERC. Ahora, Podemos la considera «insuficiente» y el PNV, autor de la propuesta original, se reserva el derecho de hacer enmiendas. En particular, cuestionan que los agentes pierdan el principio de autoridad, fundamental en cualquier Estado. Respecto a los procedimientos, se quejan de que ni siquiera el Gobierno los ha informado ni han podido estudiar los cambios acordados con Bildu. Aitor Esteban, su portavoz parlamentario desde Bilbao, afirmó: «No puede ser un aquí te pillo, aquí te mato. Necesitamos tiempo para reflexionar y nos reservamos el derecho a presentar enmiendas».
El Gobierno ha propuesto un cambio completo en la Ley de Seguridad Ciudadana como parte del Plan de Acción por la Democracia, una iniciativa de regeneración del presidente Sánchez enfocada principalmente en mejorar la transparencia de los medios. Esta propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros hace dos semanas. En este contexto, Moncloa ha accedido a las demandas de la antigua Batasuna, permitiéndole ser la encargada de comunicar el inicio de la tramitación de esta ley, ignorando al PNV, que ni siquiera fue notificado por el Ejecutivo socialista. Esta mañana, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, se puso en contacto con Aitor Esteban para informarle sobre los cambios aceptados. Aunque visiblemente incómodo, Esteban ofreció una rueda de prensa en Bilbao para comentar el nuevo texto. Aplaudió la propuesta, pero expresó sus dudas respecto a temas como la desobediencia o la negativa a identificarse ante los agentes. «Es necesario reconsiderar el tema. El principio de autoridad es crucial para el mantenimiento del orden público y el respeto hacia las fuerzas de seguridad», destacó, restando importancia al hecho de que Moncloa no se comunicara con él previamente. Por su parte, el diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha resaltado la importancia de esta reforma, que cambiará su nombre a nueva ley de Protección de Libertades y Seguridad Ciudadana, y que será presentada mañana en la Cámara Baja, con la intención de que entre en vigor antes de que acabe el año. Santiago subrayó aspectos como el derecho a reunión y manifestación, así como el cultivo de marihuana en domicilios particulares.
La reforma parece estar en camino, y a continuación se abordará la modificación del Código Penal en relación con las libertades de expresión, según ha destacado la diputada de Bildu en su intención de despenalizar las injurias a la Corona. «No permitamos confusiones. Esto es solo una parte del problema, no lo abarca todo». Al ser preguntada sobre el motivo por el cual el Gobierno está dispuesto a realizar cambios significativos en la ley, a los que el Ministerio del Interior se opuso anteriormente, la diputada mencionó simplemente el paso del tiempo. «La legislación lleva diez años en vigor. En algún momento, es necesario llegar a un consenso sobre este asunto». La formación abertzale es uno de los aliados más consistentes del Gobierno de Sánchez; Arnaldo Otegi ha manifestado su intención de apoyar al Ejecutivo para frenar el «avance de la ultraderecha» y también para facilitar la liberación de los presos de ETA. Cabe destacar que la nueva consejera de Justicia del Gobierno vasco, socialista, ha concedido recientemente el tercer grado a dos miembros de ETA, Iragui Gurruchaga, responsable del asesinato del concejal del PP en Málaga, José María Martín Carpena, así como al fiscal Luis Portero y al médico militar Antonio Muñoz Cariñanos. «Presupuestos a cambio de presos», afirmó Elías Bendodo, coordinador territorial del PP en Génova. Bildu ha recibido el reconocimiento del Gobierno por liderar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, comprometiéndose a eliminar progresivamente las pelotas de goma utilizadas por los antidisturbios, aunque aún no se ha definido un calendario concreto para ello.
Las recientes enmiendas al texto legislativo, consensuadas entre el PSOE, Sumar y Bildu, contemplan una reducción en las penalizaciones por conductas irrespetuosas y desobediencia hacia los cuerpos de seguridad. Estas infracciones, que pasarán a ser catalogadas como leves en lugar de graves, tendrán que ser evaluadas de manera «objetivable».
