En la mira hay más de 300 contratos directos relacionados con centros de Formación Profesional (FP) otorgados por la anterior administración de Ayuso. La Consejería de Educación ha informado a la Fiscalía sobre posibles irregularidades en dos establecimientos que ahora están bajo investigación.
Tanto Más Madrid como el PSOE han denunciado que se fragmentaron facturas para eludir la legislación durante la gestión de Ossorio.
Actualmente, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid está revisando esos contratos menores, que no contaron con publicidad ni concurrencia, y que fueron realizados esencialmente durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso.
Más Madrid ha sido reciente en presentar al Ministerio Público las carpetas que suscitan sospechas, señalando la fragmentación de facturas para evitar los controles establecidos y no tener que realizar convocatorias de concursos, siguiendo las denuncias anteriores del PSOE y de la propia consejería.
Las acusaciones señalan irregularidades en la asignación de obras en al menos ocho centros educativos. Los documentos presentados por Más Madrid, el pasado martes, y por el PSOE, en julio, argumentan que el departamento, en ese entonces bajo la dirección de Enrique Ossorio (PP), ahora presidente de la Asamblea de Madrid, otorgó contratos fraccionados de menos de 40.000 euros con el fin de evitar la competencia y asignarlos de manera directa. La formación encabezada por Mónica García ha expresado su preocupación por un «uso indebido de la figura del contrato menor que podría constituir un fraude».
Más Madrid ha identificado un total de 342 contratos otorgados a once proveedores, sumando 6.187.711,98 euros. Se menciona que «en algunos casos hay conexiones entre los proveedores debido a las personas encargadas de gestionar estas empresas». El partido se basa en informes publicados por eldiario.es e indica que las obras están vinculadas a diversas instituciones, como el complejo Ciudad Escolar en Madrid, la Escuela de Arte de FP de Alcalá de Henares en IES Antonio Machado, el IES Príncipe Felipe en Fuencarral, la Escuela de Idiomas en Leganés, el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur (CTIF) en Leganés, el IES Carlos Bousoño en Majadahonda, el IES Pío Baroja en Madrid y el Centro de FP Ignacio Ellacuría en Alcorcón. «No se trata de casos aislados», afirmó Manuela Bergerot, portavoz regional.
El informe amplía la denuncia del PSOE, que ya ha sido aceptada para su revisión, acerca de casi los mismos centros educativos. Más Madrid detalla adjudicaciones a varias empresas utilizando un proceso similar, entre las que se encuentran VIRELEC, DECON 86, DOS MC INSTALACIONES, LICUAS, SERRAZAR, SOINTEC PROYECTOS, PALADIO SOLUCIONES, HERMEX IBÉRICA, LA GESTIÓN BLANCA, ENBOR DIDAKTIKOAK y NITHANEL ÚNICA. Aunque la mayoría de los expedientes corresponden a la legislatura anterior, también se mencionan algunos de la anterior (2019-2021) y de la actual, aunque en menor cantidad.
Desde el año 2020, se han revisado varios contratos por parte de este grupo parlamentario. El objetivo ha sido analizar aquellos cuya descripción no especifica adecuadamente los trabajos a realizar, lo que es un requisito establecido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Se han examinado contratos menores de las consejerías que han estado bajo la dependencia del área de Educación en las últimas tres legislaturas. Esto ha permitido identificar los proveedores que han recibido más asignaciones y aquellos contratos que carecen de información sobre el qué y el dónde de los trabajos, los cuales podrían ser objeto de una investigación ante las circunstancias actuales.
Las acusaciones formuladas por los partidos de izquierda sugieren que estas adjudicaciones podrían estar relacionadas con delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y cohecho. Aunque la investigación sigue su curso, la Fiscalía aún no ha emitido un informe oficial.
Hasta ahora, el único implicado es el exsubdirector de Formación Profesional, Alfonso Mateos, quien fue destituido en marzo tras la revelación del escándalo. Sin embargo, el PSOE y Más Madrid consideran que la responsabilidad podría llegar más arriba. La oposición exige que Ossorio, quien ocupa el cargo de máxima autoridad, así como la actual consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, que en ese momento era su segundo en el departamento, den explicaciones al respecto. La Fiscalía continúa con su indagación.
El Ministerio Público ha comenzado una investigación a solicitud de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que identificó posibles irregularidades durante la gestión de Enrique Ossorio. Actualmente bajo la dirección de Emilio Viciana, esta consejería pidió a la Fiscalía Provincial de Madrid que indagara sobre la contratación de obras en el complejo educativo Ciudad Escolar y en la Escuela de Arte de Alcalá. Además, solicitó a la Intervención General de la Comunidad de Madrid que realizara auditorías internas para verificar la posible existencia de irregularidades en otras instituciones. No se han alcanzado conclusiones definitivas hasta el momento.
De acuerdo con la denuncia presentada por el PSOE, los trabajos fueron asignados a la empresa VIRELEC mediante contratos menores, siempre por montos inferiores a 40,000 euros, durante los años 2021 y 2022. Los costos de los proyectos sumaban 1.2 millones de euros para el centro de Alcalá de Henares y 2.5 millones de euros para la Ciudad Escolar en Madrid.
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ya está revisando más de 300 contratos menores que carecen de publicidad y competencia, otorgados por la Consejería de Educación para la construcción y reforma de centros públicos de formación profesional (FP), principalmente durante la administración anterior de Isabel Díaz Ayuso. Más Madrid ha sido la última en alertar al Ministerio Público sobre los expedientes sospechosos, que incluyen facturas supuestamente fraccionadas para evadir los controles y evitar la convocatoria de concursos, después del PSOE y la propia consejería.
