Feijóo establece alianzas con sus comunidades para formar un ‘frente unido’ contra el Gobierno en cuestiones de vivienda. Desde Génova, se está trabajando para coordinar una respuesta alternativa a la legislación de vivienda del Ejecutivo, con el objetivo de presentar un mensaje coherente durante la Conferencia Sectorial que se llevará a cabo este jueves y criticar a la ministra en un encuentro potencialmente intenso.
Evitar que Sánchez encuentre divisiones entre las comunidades autónomas ha sido una de las principales preocupaciones de Feijóo. Hasta ahora, el líder del PP ha logrado mantener la cohesión en el debate sobre la financiación autonómica, pero también busca consolidar esta unidad en un asunto que considera ‘prioritario’ y que marcará el rumbo del principal partido opositor.
Génova ha llegado a acuerdos con las comunidades autónomas, así como con distintos ayuntamientos y asociaciones, para formular una propuesta alternativa a la ley de vivienda que unifique su postura frente al Ejecutivo en un contexto de creciente tensión social. El PP tiene presencia en 14 comunidades autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla, lo que les permite crear resistencia frente a las iniciativas del Gobierno respecto a la Ley de Vivienda. Aunque la normativa está en vigor desde hace 16 meses, las comunidades gobernadas por el PP han rehusado, dentro de sus competencias, a designar zonas con tensiones en el mercado para regular los alquileres, manifestándose en desacuerdo con el Gobierno y su ‘ataque a la propiedad privada’, un tema que Isabel Díaz Ayuso enfatiza continuamente, situándose en el centro de la oposición al Ejecutivo. Para Génova, era crucial afinar la postura del partido en este ámbito antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda, programada para las 11.00 h de este jueves, donde todos los consejeros autonómicos en este sector se encontrarán con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
La cúpula del PP ha decidido adelantar la presentación de las principales directrices de su Plan para el Desarrollo Urbano y la Vivienda al miércoles, con el fin de llegar a la reunión con el Gobierno con la tarea completada, asegurando que las comunidades del partido dispongan de un marco común para formular su respuesta al Ejecutivo. La cuestión de la vivienda se ha erigido como una de las principales dificultades sociales, y en la dirección nacional del PP han estado observando a través de encuestas internas que este tema también actúa como un importante factor para movilizar un voto ‘transversal’ que buscan aprovechar. Por ello, además de su Ley de Conciliación, el PP tiene la intención de presentar su propia Ley de Vivienda en el Congreso, la cual planean discutir y negociar con todos los grupos parlamentarios en las semanas venideras, teniendo en mente atraer a formaciones como Junts o PNV. El PP propone reemplazar las políticas ‘intervencionistas’ del Gobierno por un esquema que favorezca la ampliación de la oferta de viviendas mediante la liberalización del suelo, reducción de trámites burocráticos, y atención fiscal y legal a los propietarios; así como combatir la okupación y la ‘inquiokupación’ —que, según cifras de Génova, ha aumentado hasta las 25.000 al año—, además de ofrecer bonificaciones y apoyos a los jóvenes. La sede del PP ha estado elaborando durante meses una propuesta que articule de manera coordinada sus políticas autonómicas de vivienda bajo un ‘paraguas nacional’. Este fue uno de los puntos clave, junto con la financiación, que enfocaron las discusiones entre Feijóo y sus líderes autonómicos en sus últimos encuentros.
De acuerdo con lo que informa El Confidencial, la inesperada propuesta del líder del PP de reducir la semana laboral a cuatro días no fue discutida previamente con los presidentes autonómicos, lo que generó desconcierto entre varios líderes regionales y ha suscitado críticas dentro del sector más conservador del partido. Feijóo no descarta convocar a sus presidentes a una nueva reunión antes de que termine el año, con el objetivo de establecer una estrategia conjunta contra Sánchez, especialmente pensando en la próxima Conferencia de Presidentes, que el Gobierno tiene planeado enfocar exclusivamente en el desafío de la Vivienda.
La reunión prevista para este jueves se interpreta como un precedente a la inminente confrontación entre los dos principales partidos. Las posturas del PSOE y del PP se encuentran en un punto de oposición total, en medio de la crisis de acceso al mercado inmobiliario, que culminará con una masiva manifestación en Madrid el 13 de octubre. Se anticipa que la nueva Conferencia Sectorial de Vivienda será tensa. Según el orden del día al que se ha tenido acceso, la ministra de Vivienda informará a las comunidades sobre los ‘criterios generales’ del nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2029, el cual tiene como objetivo presionar a las comunidades autónomas a implementar la normativa nacional. Isabel Rodríguez intensificó el debate al afirmar que condicionarían la distribución de fondos autonómicos al cumplimiento de la declaración de zonas de alta tensión para regular los precios, subrayando que entre el 70% y el 75% de los recursos para sus políticas de vivienda provienen del financiamiento estatal. Desde Génova, argumentan que, además de presentar sus propuestas para estimular la oferta, las regiones se opondrán a la advertencia del Gobierno, exigirán una ‘rectificación’ y dejarán claro que no aceptarán topes en los precios.
En ciertas áreas no se descarta, incluso, llevar el asunto a los tribunales por conflicto de competencias. En cualquier caso, la guerra abierta entre el Gobierno y el PP complica la posibilidad de establecer un Pacto de Estado en Vivienda. Es casi seguro que, a pesar de los tímidos contactos recientes, no habrá consenso entre los dos principales partidos para modificar la ley del suelo, una demanda antigua del sector y de los municipios, que el PSOE ha tenido que retirar en dos ocasiones debido a la falta de apoyo en el Parlamento. Frenar los esfuerzos de Sánchez por generar diferencias entre las comunidades autónomas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de Feijóo. Hasta ahora, el líder del PP ha logrado cerrar esas fisuras en el complicado debate sobre la financiación autonómica, pero también busca asegurar esa cohesión en un tema que considera ‘prioritario’ y que marcará los próximos pasos de la principal fuerza de oposición. Génova ha acordado con sus comunidades autónomas, así como con ayuntamientos y asociaciones, una propuesta ‘alternativa’ a la ley de vivienda para consolidar su posición frente al Gobierno en un contexto de creciente tensión social.
