El Partido Popular (PP) propone disminuir el límite de vulnerabilidad para los arrendatarios de 1.800 a 1.050 euros. Este planteamiento tiene como objetivo salvaguardar a los propietarios frente a situaciones de ocupación ilegal y fomentar un incremento en la cantidad de viviendas disponibles para alquiler.
La modificación del índice de vulnerabilidad, que según la actual Ley de Vivienda se sitúa en 1.800 euros, busca una inclusión en la nueva Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda que el PP planea presentar en el Congreso en un futuro próximo.
Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP y encargada de la redacción de esta propuesta, ha argumentado que la medida intenta evitar el «efecto adverso» que obliga a los dueños a pedir nóminas superiores a los 2.000 euros para alquilar sus propiedades, al mismo tiempo que asegura una mayor protección legal para los arrendadores frente a la ocupación ilegal. Con esta propuesta, el partido facilitaría el desalojo inmediato de inquilinos que no cumplan con sus obligaciones de pago, siempre que demuestren ingresos superiores a 1.050 euros al mes, un nivel que se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente es de 1.134 euros en 14 pagas.
Representantes del PP resaltan que no es correcto considerar vulnerable a alguien con un ingreso de 1.800 euros mensuales, argumentando además que esta propuesta busca motivar a los propietarios para que se sientan más seguros al alquilar sus propiedades, lo que, a su vez, aumentaría la oferta de viviendas y podría llevar a una reducción en los precios del alquiler.
Martín ha expresado su tristeza por la forma en que el Gobierno ha «estrangulado» el sector inmobiliario mediante medidas como la declaración de áreas tensionadas y la regulación de precios. Ha señalado que desde la implementación de la Ley de Vivienda hace 16 meses, «la oferta de alquiler ha caído un 15%» y los precios han aumentado un 13%. Según la vicesecretaria, «muchos votantes del PSOE están buscando soluciones en el PP, dado que este Gobierno se encuentra estancado».
El PP fundamenta sus propuestas en materia de Vivienda en la defensa de los propietarios, la lucha contra los okupas, la necesidad de liberar suelo y la implementación de beneficios fiscales, especialmente dirigidos a los jóvenes. La dirigente popular resumió: «más suelo, más nuevas construcciones, más opciones de alquiler, menos burocracia y menores impuestos para inquilinos y propietarios». Asimismo, criticó la «inacción» del Gobierno, que se enfoca en satisfacer a sus socios independentistas para «permanecer en el poder».
Paloma Martín ha dedicado una gran parte de su discurso a condenar cómo el Gobierno «ha dejado desprotegidos a los propietarios». Recordó que además de limitar el índice de vulnerabilidad de los inquilinos y facilitar los desalojos de okupas, el PP buscará implementar reducciones fiscales para quienes incorporen nuevas viviendas al mercado del alquiler. También sugieren la exención del Impuesto de Donaciones para los fondos destinados a la compra o alquiler provenientes de «familiares cercanos», y buscan reducir los tiempos de construcción de nuevas viviendas y «acelerar los procesos legislativos» para incrementar el número de viviendas protegidas.
Génova solicita a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que «corrija de forma urgente» la advertencia de retirar fondos a las comunidades autónomas que elijan no adherirse a la Ley de Vivienda nacional. Estas comunidades tienen la opción de rechazar su implementación dentro de sus competencias y de declarar áreas con problemas de precios. Similar a lo que ocurre con la Ley de Conciliación, el PP presentará su propuesta sobre Vivienda en el Congreso y establecerá diálogos con «todas las formaciones políticas» para lograr su aprobación en las Cortes. Una de las modificaciones que propone el PP es reducir el umbral de vulnerabilidad de los inquilinos, que actualmente está fijado en 1.800 euros, a un nuevo límite de 1.050 euros. Esta es una de las reformas que formará parte de su Ley sobre Desarrollo Urbano y Vivienda, que esperan presentar en el Congreso «en un futuro cercano». Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido y encargada de la redacción del documento, ha argumentado que este planteamiento pretende suprimir el «efecto negativo» que provoca que los propietarios soliciten ingresos cercanos a 2.000 euros para alquilar una vivienda, al mismo tiempo que busca ofrecer mayor seguridad legal a los arrendadores frente a los «inquiokupas».
