Desde que asumió el cargo en el Ministerio del Interior en 2018, Fernando Grande-Marlaska, un juez en servicio activo, demostró este martes su creencia de que «todos los jueces son susceptibles de crítica por cualquier otra autoridad estatal». Aseguró que, siempre y cuando dichas críticas se mantengan «dentro de los límites del respeto», son un indicador de un sistema democrático saludable.
Hizo estas declaraciones durante la conferencia de prensa que siguió a la reunión del Consejo de Ministros. Con esta postura, Grande-Marlaska se unió a varios ministros del gobierno que recientemente han expresado su desacuerdo con ciertas resoluciones judiciales. En la misma conferencia de prensa, Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, criticó al juez Juan Carlos Peinado acusándole de «hacer girar ruedas en el aire» durante su investigación de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno.
Otro ministro, en este caso Óscar López, responsable de la Transformación Digital, mostró su desacuerdo con la decisión de no conceder amnistía a los responsables del desvío de fondos durante el procés. López predicó que la amnistía «se implementará eventualmente y será constitucional», permitiendo a España superar la «judicialización» del conflicto catalán. Marlaska opina que esta clase de «desacuerdo», si se manifiesta con «cortesía institucional», es comprensible entre las ramas del gobierno. Incluso, el ministro afirmó que le «preocuparía» si estas críticas no fueran «posibles», ya sea que estén dirigidas a un juez o a un «fallo judicial». Esta tendencia se ha arraigado en los Poderes Legislativo y Ejecutivo, principalmente desde que el PSOE y Junts acordaron la ley de amnistía a cambio de la investidura de Pedro Sánchez luego del 23-J. Las alarmas saltaron en el poder judicial cuando ambos partidos incluyeron en su acuerdo el término lawfare.
Las agrupaciones jurídicas han criticado en repetidas ocasiones las referencias al término «prevaricación» realizadas desde la Cámara Legislativa, mencionando específicamente a ciertos jueces y casos. La ley de amnistía fue un detonante en la Cámara de Representantes, pero la investigación judicial sobre la esposa de Pedro Sánchez ha dejado una huella duradera en la narrativa de Moncloa. Ahora, los ministros hablan abiertamente de la «prevaricación» del juez Juan Carlos Peinado, y el mismo presidente del Gobierno ha presentado una demanda contra el instructor.
