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El segundo asalto de la lucha en el Pirineo vuelve a entrar en escena: los defensores del medio ambiente reanudan su oposición a la fusión de las estaciones de esquí

En el Pirineo aragonés, las organizaciones ecologistas y protectoras están de nuevo en pie de guerra, esta vez contra la unión de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú. Este proyecto es una de las muchas iniciativas del Aragon Ski Circus, presentado por el gobierno de Luisa Fernanda Rudi con el objetivo de crear el décimo dominio más grande del mundo, con 300 kilómetros de pistas de esquí.

A pesar de que la presión social logró frenar la conexión entre Astún y Formigal, uno de los últimos valles vírgenes, muchas de las propuestas del proyecto original aún están en marcha.

Actualmente liderado por Jorge Azcón (PP), el gobierno regional ve la conexión entre Astún y Candanchú a través de una telecabina de 3,6 kilómetros como un factor esencial para el desarrollo económico.

Con una inversión de 35 millones de euros – de los cuales 10 vendrán del Fondo Next Generation y 22 del gobierno regional – el proyecto espera desestacionalizar el turismo y convertir el Pirineo en un atractivo también en verano. Según las estimaciones de los organizadores, los visitantes podrían aumentar entre un 6 y un 12% durante la temporada estival, generando un impacto económico de entre 5,1 y 11,5 millones de euros. Esto se dio a conocer durante la presentación de la iniciativa a mediados de septiembre.

El presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, ha defendido la importancia y la estrategia del proyecto para la provincia de Huesca. Destacó la posibilidad de diversificar el turismo en el valle y dar a la región un valor único, no sólo en el ámbito de los deportes de nieve. Según informaciones proporcionadas al El Confidencial por funcionarios del gobierno, la integración de Astún y Candanchú generará un significativo estímulo económico. Asimismo, descartaron la controversia sobre el proyecto como innecesaria y artificial, subrayando que no existe resistencia social y que los habitantes locales han estado esperando este proyecto durante mucho tiempo.

Por otra parte, organizaciones ecologistas y de protección del medio ambiente critican el proyecto por priorizar los deportes de nieve sin tener en cuenta las implicaciones del cambio climático, que predice una disminución de niveles de nieve. Argumentan que la construcción del teleférico provocará un impacto ambiental negativo en un valle que, hasta ahora, había estado bien protegido. Estas preocupaciones vienen de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, líderes en protestas previas en Canal Roya.

El proyecto ha sido criticado por Ecologistas en Acción. Según José Luis Martínez, el problema principal no radica en el impacto ambiental, sino en la gestión de los fondos públicos. Ambos grupos ecologistas sostienen que el proyecto no cumple con las condiciones financieras establecidas por los Fondos Next Generation. Martínez destaca que para diciembre 2024, el 50% del proyecto tendría que estar concluido, sin embargo, no ha sido aún licitado. La Mancomunidad Alto Valle del Aragón planea hacerlo en los próximos días, pero Ecologistas en Acción tiene dudas sobre el cumplimiento de los plazos.

Los promotores del proyecto tienen otra interpretación, asegurando que el financiamiento se otorgará siempre que el 50% del proyecto esté tramitado administrativamente para finales de 2024.

Además, los grupos ecologistas critican la inversión de casi 80 millones de euros destinada a la renovación de los cañones de nieve y la expansión de elementos en diversas estaciones del Pirineo aragonés. Este es uno de los proyectos lanzados por el Gobierno regional para impulsar una industria crucial para la economía local.

Martínez lamenta que tal inversión no esté respaldada por un análisis apropiado del consumo de agua y energía en regiones con problemas estacionales de agua. La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón también comparte este punto de vista y advierte que los desafíos en los Pirineos son numerosos, incluyendo el problema de la vivienda y la escasez de personal sanitario para cubrir ciertos roles.

Las dos entidades tienen previsto reanudar sus rondas de diálogo tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo. «Repetiremos el camino que ya hemos tomado. Planeamos reestablecer las comunicaciones y ponerlos al corriente de los últimos avances», especifican desde el colectivo ecologista, haciendo alusión a los encuentros que tuvieron lugar en Madrid y Bruselas con el objetivo de obtener apoyos para frenar la fusión de Astún y Formigal.

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