María Ángeles Sánchez-Conde, subfiscal del Tribunal Supremo, ha producido un informe en el que rechaza la idea de que el tribunal superior indague sobre Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, acusado supuestamente por el compañero de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, de la divulgación de secretos privados.
Sánchez-Conde presentó su informe de 45 páginas, en el cual argumenta: «la introducción de una denuncia o demanda no da pie automáticamente a la apertura de un procedimiento jurídico. En esta instancia particular, queda claro que los actos en cuestión no corresponden a la categoría de un delito.»
Anteriormente, en julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó que existen suficientes evidencias para desarrollar una investigación sobre el fiscal general por un supuesto delito de divulgación de secretos.
Sin embargo, después de dos meses de escrutinio, el juez Francisco José Goyena dirigió al Supremo una exposición razonada basada en sus descubrimientos, considerando que es el único con jurisdicción para iniciar un litigio contra el fiscal general.
Todo comienza con el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía Provincial de Madrid, que detalla las conversaciones tenidas con el letrado de González Amador en una investigación paralela por presundo fraude fiscal. La Fiscalía defendía que la difusión de este comunicado era necesaria para refutar «las informaciones engañosas» previamente publicadas. Sin embargo, el TSJM rebatió esta defensa y admitió la demanda de González Amador.
Goyena advirtió que la información proporcionada no coincide con la intención propuesta por el Ministerio Fiscal, ya que esta supera lo que previamente fue divulgado en los medios y revela datos que no deberían ser compartidos con terceros. Él argumentó que la información podría haber sido presentada de otra manera, sin infringir la obligación de mantenerla en secreto.
Por otro lado, el lunes la fiscal suprema volvió a descartar esta lógica en su informe. Según argumenta, todo lo revelado en la nota informativa emitida por la Fiscalía ya era conocido públicamente. Explica que era crucial para el Ministerio Fiscal compartir los hechos y la secuencia de correos electrónicos, ya que algunos medios estaban cambiando el orden cronológico y de ese modo alterando la percepción pública del rol de la Fiscalía.
El informe provee un resumen de más de diez noticias publicadas desde el 12 hasta el 14 de marzo, el día en que la Fiscalía publicó su comunicado de prensa. Una de las noticias citadas mencionaba a «fuentes cercanas a la defensa» al reportar sobre un correo electrónico donde el fiscal y el abogado de González Amador insinuaban un posible acuerdo para finalizar la investigación. Sánchez-Conde argumenta que esta noticia por sí sola «descarta la participación de la Fiscalía y ubica el origen de la filtración en el círculo cercano a la defensa del Sr. González Amador, el cual sorprendentemente no ha sido objeto de investigación».
La fiscal adjunta del Tribunal Supremo intensifica su crítica en la sección final de su informe, desafiando «las falsedades publicadas» por varios medios de comunicación y «por el director del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid», Miguel Ángel Rodríguez. «Es necesario subrayar que la campaña de prensa diseñada para cuestionar la actuación de la fiscalía española, que se veía sazonada con información que de ninguna manera era verdadera, situaba a dicha institución en una situación de serio desprestigio», declara.
Tras la intervención de la Fiscalía, es tarea del Tribunal Supremo determinar la posible acusación contra el fiscal general. La jueza encargada del caso es Susana Polo, acompañada en la sala por los jueces Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
