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La arquitectura mediocre que predomina en España se debe a la precipitación de los políticos

La rapidez con la que los políticos actúan está causando un descontento creciente entre los arquitectos españoles, ya que ésta ha llevado a una ola de construcciones de pobre calidad en toda España. Isbiliya, la antigua Sevilla, es famosa por proyectos como la Ciudad de la Justicia en Madrid o la renovación de la Torre de la Plata en Sevilla, los cuales han sido duramente criticados por su falta de visión a largo plazo.

En la antigüedad, cuando los Almohades construyeron la Torre del Oro junto al Río Guadalquivir, no había competencias de diseño. Sin embargo, en la actualidad y ocho siglos después, el gobierno de Sevilla decidió renovar el espacio abierto circundante a la Torre.

Esta renovación incluyó la transformación del Paseo Marqués de Contadero, que pasó de ser una zona con una estética reminiscente a un puerto habanero, a un área con un estilo escandinavo, atípico para una ciudad que tiene 3.500 horas de sol al año.

La remodelación se llevó a cabo sin previa competencia de diseño y estuvo bajo la dirección del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y se finalizó bajo la gestión de Juan Ignacio Zoido, miembro del Partido Popular. A día de hoy, más de diez años después, aún se espera la instalación de toldos para proporcionar sombra en la calurosa área, la cual ha perdido la personalidad que antes poseía. Dicha práctica se está volviendo cada vez más común entre las jefaturas de planificación urbana a nivel nacional, lo que está causando frustración entre los arquitectos.

El Ayuntamiento de Sevilla ha emprendido un proyecto de renovación para la Torre de la Plata, 15 años después de su intervención en los alrededores de la Torre del Oro. Esta decisión ha provocado una protesta oficial del Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS) debido a la modalidad de licitación utilizada. Sin embargo, la situación no es exclusiva de Sevilla. En abril, el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) también expresó su disconformidad cuando la Comunidad de Madrid decidió seguir el mismo método para el diseño de la Ciudad de la Justicia, en el distrito de Valdebebas, sin recurrir a un concurso de ideas.

Esta práctica ha sido apodada por los arquitectos madrileños como «arquitectura de legislatura», la cual permite a un gobierno llevar a cabo proyectos en un período breve, brindando la posibilidad de inaugurar trabajos antes de las próximas elecciones. Según la declaración de protesta del COAM, la Comunidad de Madrid ha argumentado la falta de un concurso de ideas debido a la «necesidad urgente» de construir la Ciudad de la Justicia. Sin embargo, los arquitectos de Madrid cuestionan esta justificación al afirmar que varios gobiernos regionales han estado considerando el proyecto durante 20 años. El COAM también argumenta que esta práctica favorece el costo sobre la calidad arquitectónica.

Nuria Canivell, la decana del Colegio de Arquitectos en Sevilla, en una entrevista, comenta que los políticos a menudo se apresuran de maneras que otros no pueden comprender. Según Canivell, los arquitectos poseen una calma que les proporciona una perspectiva diferente de las ciudades. Ella afirma que es vital tene una visión que demanda tiempo y destaca varios proyectos y áreas que no pueden ser abordados mediante licitaciones. Canivell también sostiene que los concursos de ideas atraen una mayor diversidad de gente y sus visiones únicas, y lamenta que la dependencia en las licitaciones limite las oportunidades para «intervenciones sobresalientes», las cuales podrían enriquecer el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Juanjo López de la Cruz, fundador del estudio Sol89 en el 2000 junto a María González, trae a la memoria que en las «áreas delicadas» siempre se solía recurrir a arquitectos de gran prestigio para juzgar los concursos de ideas. Él recuerda que estas situaciones delicadas requerían de las mentes más brillantes para valorar las soluciones precisamente porque deberían perdurar durante décadas.

La emblemática Torre de la Plata, que una vez fue parte de la fortificación almohade de Sevilla, ha sido un lastre para el patrimonio de la ciudad tanto tiempo, al igual que la Ciudad de la Justicia de Madrid sigue esperando su construcción. Actualmente está rodeada de un estacionamiento superficial, y hay planes de la municipalidad de Sevilla para transformarla en un centro dedicado a la interpretación de las antiguas defensas de la ciudad, que se encuentran mínimamente conservadas en ese lugar y en el barrio de la Macarena. Cabe destacar la cercanía de la Torre de la Plata con el famoso «triángulo Unesco», formado por la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, edificaciones protegidas por la ONU desde 1987 y constituyen el principal atractivo turístico de la capital andaluza.

Nuria Canivell resalta la importancia de considerar la totalidad del entorno, y no solo la zona de construcción. Cuando la administración de urbanismo de la ciudad publicó la propuesta para la Torre de la Plata en pleno agosto, con un escaso plazo de 15 días para recibir ofertas, desde el COAS se levantó una queja. Finalmente, se extendió a 30 días gracias a la intervención del organismo que representa a 2.500 arquitectos de la ciudad. Sin embargo, el comunicado del COAS sugiere que un proyecto de estas características, bajo esas condiciones de tiempo, está condenado al fracaso. Según el documento, este tipo de prácticas no son inusuales, tal como se refleja en la situación de la ciudad de la Justicia de Madrid.

Este método utilizado por las autoridades, afecta negativamente a los arquitectos principiantes o a los estudios pequeños e impide su crecimiento. Pedro Mena, un arquitecto e investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, sugiere que «sólo una empresa que pueda asignar a diez personas a un proyecto con esos tiempos límite puede competir». Mena opina que quitar los concursos significa dejar de lado una ruta natural para que los estudios florezcan. Esto favorece un entorno en el que «solo existen estudios grandes o aquellos que están relacionados con los gobiernos actuales». Mena se cuestiona «¿quién puede prepararse para una licitación en 15 días?».

«La mayoría de los arquitectos jóvenes quedan excluidos al no poder aportar experiencia en sus currículums», dice Juanjo López de la Cruz. Frente a estas limitadas oportunidades, López de la Cruz critica que acaban siendo «trabajadores de bajo costo» para otros arquitectos. En otros países, refiere López de la Cruz, a menudo se guardan puestos para los noveles o se realiza un concurso paralelo que les permite ganar proyectos a pesar de carecer de experiencia previa. Algunos concursos exigen haber diseñado un edificio del mismo tipo incluido en la competencia, un requisito que el arquitecto de Sevilla califica de «absurdo». Como ejemplo pone: «Es posible que hayas diseñado varios colegios, pero si piden una biblioteca y nunca has hecho una, estás descartado».

López de la Cruz atribuye parcialmente la génesis de las actuales circunstancias a la crisis financiera de 2008 que impactó directamente en la industria de la construcción española. Consecuentemente, se modificó la legislación de contratos públicos para favorecer aquellos proyectos con propuestas económicas más atractivas. «Se ha convertido en una especie de subasta», comenta el co-fundador de Sol89, reconociendo que los contratos suelen otorgarse a aquellos que «rebajan más los costos, no a los que proporcionan un servicio superior». Según él, esta discordancia de precios perjudica principalmente a la administración pública, un hecho que lamenta el arquitecto de Sevilla.

López de la Cruz argumenta que se ha recurrido a la arquitectura para atender a situaciones inmediatas, olvidando que tiene el potencial de moldear el futuro. Esta visión es compartida por arquitectos de Madrid quienes se refieren a la Ley de Calidad de la Arquitectura. Dicha ley, adoptada en 2022, establece que la arquitectura es «un recurso público» y debe ser defendida, por tanto, «más allá de ser solamente un proveedor de servicios y productos». A pesar de ello, el problema, según el arquitecto sevillano, es que dicha ley es «poco funcional» y debería ser interpretada «de forma más amplia y generosa».

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