Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha cambiado su enfoque hacia los «problemas reales», que más preocupan a los ciudadanos comunes de lugares como Majadahonda, Linares o Navalmoral de la Mata. Estas preocupaciones abarcan temáticas como el aumento de los costos de vida, las dificultades para conseguir una vivienda o el reto de equilibrar la vida laboral y familiar.
Esta perspectiva fresca surge tras varios análisis demográficos realizados en Génova 13, que han llevado a Feijóo a destacar aspectos más relevantes para la vida cotidiana de los españoles en lugar de centrarse únicamente en ataques directos al gobierno.
Con este enfoque renovado, las intenciones del PP en Génova son reconectar con diversos estratos de la sociedad, sin importar alineaciones políticas y ofreciendo propuestas novedosas.
El principal objetivo es influir en la agenda del Gobierno, algo sobre lo que se lamentaba la incapacidad percibida por muchas voces del partido en los últimos meses. Anteriormente, la atención se centraba en temas impuestos por el Gobierno de Sánchez, como la amnistía o la política internacional, en particular temas delicados como el reconocimiento del Estado de Palestina o la toma de posición respecto al Sáhara. El lema parecía ser «la polémica de ayer eclipsa la de hoy».
Feijóo ha iniciado el ciclo con la meta de desvincularse de la rutina y retomar la iniciativa en el ámbito político, principalmente en los aspectos sociales y económicos. Esto no significa que el partido principal de la oposición no exprese su indignación ante lo que ven como «atrocidades» en el gobierno, desde concesiones a los independentistas hasta el complejo panorama judicial de Sánchez, sin olvidar su fragilidad parlamentaria. Así, Génova está diseñando un «reparto de roles» donde el líder se concentra en los grandes problemas sociales, mientras se dejan los comentarios más mordaces contra el gobierno a portavoces elocuentes, como Miguel Tellado.
El líder popular inició la semana debate sobre la posible implementación en España de una jornada laboral de cuatro días, alineándose con las propuestas que ya están siendo examinadas por líderes europeos de diversas corrientes ideológicas, desde el laborista británico Keir Starmer hasta el conservador polaco Donald Tusk. Su propuesta desorientó al gobierno y lo llevó a un debate que hasta ahora solo defendía Sumar. Yolanda Díaz está en negociaciones paralelas con sindicatos y empresarios buscando un acuerdo general para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales.
Feijóo se inmiscuye ahora en este debate con un modelo diseñado para ganar el apoyo de los empresarios. En Génova esperan convencer al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que su iniciativa es factible, y de esta forma presionar al partido minoritario de la coalición gubernamental a negociar su propuesta. Porque no implica necesariamente reducir la cantidad total de horas trabajadas, sino reorganizarlas y concentrarlas en cuatro días para aumentar los días de descanso y el tiempo de conciliación.
Una vez que Alberto Núñez Feijóo asumió el liderazgo del PP, ha mantenido una constante comunicación con el sindicato. El líder del PP planifica llevar a cabo reuniones oficiales con Garamendi y los sindicatos más prominentes – UGT, CCOO y Cepyme, a partir de la primera semana de Octubre. Durante estas reuniones, Núñez Feijóo aprovechará la oportunidad para discutir elementos principales de su Ley de Conciliación, un proyecto de ley que se ha convertido en una gran prioridad para Génova.
La ley incluye varias propuestas notables, como el ofrecimiento de educación gratuita para niños entre 0 y 3 años; incentivos a las corporaciones que recontratan mujeres que han tomado una excedencia; y la extensión de licencias paternales y maternales de 16 a 20 semanas. Con estas propuestas, Génova pretende ampliar las medidas de conciliación existentes. Se espera que la ley sea presentada en el Congreso en las próximas semanas. Sin embargo, el PP está buscando un amplio acuerdo en las Cortes y comenzará a reunirse con los diferentes grupos parlamentarios, excepto EH Bildu.
Además, Génova está terminando su propio proyecto de Ley de Vivienda. Debido a la creciente importancia de escuchar los problemas sociales, Génova ve ahora como el momento apropiado para presentar sus propias soluciones al problema común de acceso a viviendas y los precios de los alquileres. Existe una gran expectativa por una manifestación de gran magnitud por el derecho a la vivienda planeada para el próximo 13 de octubre en Madrid, añadiendo presión a la ministra Isabel Rodríguez. La Ministra, quien fue objeto de críticas por pedir «solidaridad» a los propietarios en torno a los precios de los alquileres, ha endurecido su postura, advirtiendo a las comunidades autónomas sobre una ley de Vivienda que podría resultar en recortes a su financiación.
La agresiva advertencia de la ministra de Vivienda ha incitado la ira de las regiones gobernadas por el Partido Popular (PP), especialmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se opone firmemente a la regulación de los precios de alquiler. «Es un ataque a la propiedad privada», concluyó. En Génova también están inquietos por las «amenazas» del gobierno y planean contraatacar con su propia Ley de Vivienda y Suelo, que están finalizando y que presentarán en las próximas semanas, posiblemente al mismo tiempo que su Ley de Conciliación, que va en sintonía con el descontento social que podría irrumpir en las calles.
El Partido Popular está intentando aprovechar la situación social para avanzar en uno de los principales debates con sus propios argumentos. Su legislación no incluirá la regulación de los precios de alquiler, pero sí presentará propuestas enfocadas en la oferta para influir en el precio, como la liberalización de terrenos o el fomento de la colaboración entre los sectores público y privado para acelerar la construcción de propiedades, sin dejar de lado la ocupación ilegal de viviendas, otro problema que en Génova ven como «transversal».
En Génova sostienen haber estudiado además el impacto social del polémico cupo catalán debido a la «desigualdad» que impone a la financiación de las demás autonomías, aunque fuentes de la dirección reconocen que, hasta el momento, no han encontrado mucha resistencia social en este tema. Posiblemente debido a que, aparte del acuerdo preliminar del PSC con ERC, no se sabe más al respecto de la propuesta. Si finalmente se materializa y se lleva al Congreso, no parece que vaya a prosperar debido al aparente bloqueo de Junts.
Aunque en la cúpula del PP siempre han mantenido la posibilidad de regresar a las manifestaciones en contra del acuerdo económico con Cataluña, consideran que ahora no es el momento adecuado y que no existe suficiente agitación social para llenar las calles, a diferencia de lo que pasó anteriormente con la ley de amnistía. Es por esto que minimizan el llamado hecho por el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, quien propuso en una entrevista con El Mundo la necesidad de «insurgir» en la calle contra la singularidad financiera de Cataluña, un llamado al que se sumaron otros barones del partido.
Alberto Núñez Feijóo ha entendido que a un ciudadano común de Majadahonda, Linares o Navalmoral de la Mata le preocupa más el encarecimiento de la vida cotidiana, las dificultades para obtener una vivienda, o la lucha por equilibrar la vida laboral y familiar que las exageradas críticas al gobierno. Este pensamiento, fundado en las últimas semanas por los resultados de los sondeos demográficos que se realizan en Génova 13, ha empujado al líder de la oposición a traer al debate los «problemas reales». Estos asuntos realmente impactan la vida cotidiana de los españoles, en lugar de asuntos más «emotivos».
