En medio de la controversia en el monasterio, cinco monjas ancianas, incluida una centenaria, siguen profesando su fe cristiana. La condición de estas monjas ha suscitado la preocupación del Arzobispado de Burgos por su estado de salud.
Estas cinco monjas son las únicas que continúan siendo fieles a la fe católica después de la excomunión del resto de su comunidad en el convento de Belorado, el 22 de junio.
Ahora, son la «prioridad absoluta» para el Arzobispado de Burgos tras la decisión unilateral de nueve exreligiosas de romper con la Iglesia católica el 13 de mayo y el inicio de un proceso de desahucio.
La preocupación por estas monjas fue reconocida abiertamente en un comunicado emitido el 16 de septiembre por la oficina del arzobispo y comisionado papal Mario Iceta, designado por el Papa para resolver esta situación.
La nota manifestaba la preocupación de la Comisión Gestora por la salud y cuidado de estas ancianas y que se ha preparado para atender inmediatamente todas sus necesidades con la ayuda de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu y los familiares de las monjas.
Hay preocupación entre los parientes que están observando la situación caótica en la que se encuentra este antiguo monasterio, alejado de la tranquilidad que normalmente eligen aquellos que deciden llevar una vida de retiro. En los últimos cuatro meses, todo ha sido un torbellino de emociones y experiencias, con conflictos, acusaciones, retiros debido a desacuerdos internos, llegada de supuestos sacerdotes y obispos, incautaciones de la Hacienda, demandas de proveedores por falta de pago de facturas e incluso un proceso de desalojo que podría terminar con la Guardia Civil irrumpiendo en el lugar.
No hay misas ni confesiones
Cinco monjas, un tercio de la comunidad actual, que permanecen leales a la Iglesia -la «comunidad monástica», como las denomina el Arzobispado y por lo tanto las únicas que tienen derecho a permanecer allí-, no están recibiendo la atención espiritual necesaria como monjas católicas, según las fuentes consultadas. Estas no dudan en mencionar que las monjas reciben la atención física y médica necesaria, ya que -según destacan aquellos cercanos a la Comisión Gestora- se pagan los salarios de las cuidadoras y otros gastos para su bienestar, incluyendo un audífono de 4,000 euros para una de las ancianas.
La ansiedad se originó por la falta de servicios religiosos católicos a las monjas, algunas con más de 80 años de residencia en el convento, siguiendo la disciplina de la Orden de Santa Clara, durante más de cuatro meses tras el cisma. Las fuentes explican que «la vida espiritual es fundamental para las monjas: necesitan misa, comunión y confesiones. Es escandaloso que en los últimos años de sus vidas se les niegue la asistencia espiritual, y más aún al descubrir que los demás miembros restantes de la comunidad ya no son católicos». Estas monjas confiaron en curas y obispos sedevacantistas y cismáticos liderados por la exabadesa Laura García de Viedma. «Si se nos permitiera entrar, mandaríamos a un sacerdote católico para prestarles asistencia espiritual y celebrar misas. Otras monjas clarisas se harían cargo de las más mayores… Pero no se nos permite la entrada», lamentan.
Familiares preocupados
La inseguridad se extiende a los familiares de las monjas, «quienes están muy alarmados, dado que su salud es delicada, y algunas muestran signos de envejecimiento avanzado». «Un miembro de la familia intentó retirar a su pariente del convento en un taxi adaptado para personas con movilidad reducida pero se le prohibió llevarla». Los familiares también se quejan de que no se les deja solos con las monjas y son escoltados hasta la enfermería cuando las visitan, lo que impide cualquier interacción privada con las ancianas. Desean una pronta resolución de esta situación y que «las que ya no son católicas canónicamente sean las que deban abandonar».
Según algunas fuentes, hay exreligiosas en el colectivo de las ‘insurrectas’ que desearían reincorporarse a la Iglesia Católica, pero les es negada la posibilidad de hacerlo. A principios de agosto, la vicaria Teresa Roca, antigua mano derecha de la exabadesa, se retiró debido a diferencias con García de Viedma. Aun así, se cree improbable que otras hagan lo mismo y desistan de su actitud de ruptura con la Iglesia en breve.
Actualmente, están evaluando diversas opciones para prestar la necesaria asistencia a las monjas ancianas. Según revelan a este medio, «Es un asunto clave». En esta línea, no descartan tomar acciones legales, aunque reconocen que las familias «están inciertas sobre cómo proceder, dado que no es sencillo». A día de hoy, no existe una estrategia concreta. Sin embargo, tras presentar una queja para iniciar el desalojo, el equipo legal que asesora a la Comisión Gestora estaría evaluando las vías apropiadas para garantizar la atención espiritual que requieren las religiosas mayores en conformidad con su fe católica, algo que, enfatizan, «no se les está proporcionando actualmente». «Es nuestra mayor inquietud», reafirman.
Acusaciones contra el arzobispo
Sin embargo, las religiosas que rompieron con la Iglesia no ven las cosas de la misma manera y acusan al arzobispo Mario Iceta de apoderarse de las pensiones de las monjas mayores tras tomar control de las cuentas bancarias del monasterio después de su nombramiento como comisario pontificio. «¿Qué dinero está llegando a nuestras cuentas?», protestaba una de las monjas más jóvenes en la cuenta de Instagram @tehagoluz el 21 de septiembre. «El dinero de las pensiones de nuestras hermanas mayores, eso es lo más importante, el dinero por el cual ellos dicen estar tan preocupados. Ese dinero ni lo vemos ni lo percibimos, y sobre todo, ellas tampoco lo ven ni perciben».
Después de un silencio de casi un mes y medio en las redes sociales, las ex religiosas rompen su silencio. Este período de quietud coincidía con la partida de la segunda al mando del convento y la «dosis de realidad» (como la describe la Comisión Gestora) que implicó la negativa del Ministerio del Interior a su petición de convertirse en una asociación civil, a partir de una organización religiosa, ignorando los acuerdos internacionales de 1979 entre España y la Santa Sede, autoridad bajo la cual el monasterio está realmente.
Además, esta nueva acusación contra el arzobispo tuvo lugar pocos días después de que el Diario de Burgos informase que el Arzobispado continuaba abonando los salarios de un grupo de empleados vinculados al monasterio, así como el intento -diminuido, al parecer, por la presencia de periodistas en el lugar- de la ex abadesa y dos de las hermanas mayores -«las que tienen la capacidad de moverse», según las fuentes citadas por El Confidencial- de acudir a un notario para obtener su tutela y tener acceso al dinero de sus pensiones, la única fuente de ingresos segura que llega a las cuentas que antes eran administradas por Laura García de Viedma y ahora están bajo el control de Iceta.
En relación a este asunto del poder notarial, previamente mencionado por Religión Digital, las ex religiosas no hacen comentarios en Instagram. Sin embargo, se burlan del arzobispo -«parece que Mario Iceta es el bueno de la película y que paga de su propio bolsillo, oh Dios, se salta el café para pagar a nuestros empleados…»-. Pero las fuentes consultadas le otorgan validez. Además, no eliminan la posibilidad de que busquen a un notario en particular -«más flexible»- porque los más próximos a la localidad burgalesa saben que «esas religiosas no están bien y un notario debe confirmar que están mentalmente capacitadas…».
Actualmente, mientras se aguarda que el proceso de desalojo continúe avanzando -«estamos dispuestos a esperar años si es necesario; dejamos todo en manos de nuestro equipo legal que tomará las decisiones pertinentes»-, la mayor inquietud es el cuidado integral de las cinco ancianas monjas. Se procuran sus necesidades físicas y espirituales. «Es nuestra máxima prioridad», insisten. También se cuida del bienestar de los familiares. La historia sigue.
