El conflicto legal que implica a Nacho Cano y a su producción avanza con múltiples acusaciones de todas partes. Estas alegaciones están relacionadas con las actuaciones judiciales, registros policiales y apelaciones que forman un entramado en los tribunales de Madrid.
El arresto del músico el 9 de julio ha escalado el problema que comenzó meses antes entre Cano, la mayoría de sus becarios y un inspector de policía. El punto de partida de esta controversia fue la expulsión de una bailarina del musical Malinche en enero, que provocó un escándalo que se ha cruzado con la política debido a la relación de Cano con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1) ¿Son empleados o estudiantes?
Se acusa tanto a Nacho Cano como a tres colaboradoras del musical Malinche de supuestamente violar los derechos de los trabajadores, con una posible pena de hasta seis años de prisión, y violar los derechos de los inmigrantes, con un posible castigo de hasta un año de prisión. A ellos se les imputa alentar la inmigración ilegal de 19 bailarines mexicanos y la utilización indebida de estos como empleados en su espectáculo. Según el Código Penal, es ilegal imponer condiciones laborales injustas a través de contratos laborales que no se ajusten a la ley, así como facilitar la emigración de personas a otros países bajo falsas pretensiones de empleo.
Nacho Cano, bajo la defensa legal del bufete Cremades y Calvo Sotelo, desmintió las alegaciones presentadas ante él. Tanto él como su equipo de representantes aclararon que los 19 bailarines que llegaron a España no eran asalariados, sino becarios, y su presencia no causó la destitución de ningún miembro del elenco principal de Malinche, compuesto por aproximadamente 125 profesionales que actúan en cada presentación. Además, estos becarios mexicanos tenían un papel limitado en el escenario como parte de su capacitación educativa.
Según lo narrado por ellos, todo comenzó cuando la Casa de México en España le ofreció a Nacho Cano becas para tres personas para su producción musical. El artista, buscando replicar su espectáculo en ese país, se comunicó con sus patrocinadores para expandir la beca a 19 personas. El programa empezó en diciembre de 2023 y se implementó en colaboración con la Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas, un colaborador clave en Malinche The Musical Spain, cuya participación es crucial para la obtención del visado estudiantil.
Los letrados de Nacho Cano agregaron que, es atípico que los estudiantes que viajan a España obtengan su visado necesario sellado en su país de origen dado que ese proceso puede tardar meses, arriesgándose así a perder la oportunidad educativa. Por lo tanto, lo que hicieron estos becarios fue ingresar a España como turistas y usar los 90 días permitidos por la Ley de Extranjería para comenzar el proceso y obtener su permiso estudiantil ya estando en España.
Nacho Cano presentó correctamente la solicitud de visado de estudiante ante la Delegación del Gobierno en Madrid, sin embargo, esta fue denegada varias veces de manera injusta e infundada, según Cano. A pesar del rechazo, recurrió a la corte administrativa. Los letrados de Cano aseguran tener al menos seis extensiones de residencia otorgadas precautoriamente a sus bailarines. Las solicitudes de residencia para estudios se presentaron en enero y fueron aceptadas el 9 de febrero. Los requisitos legales fueron cumplidos, como reiteran los abogados del productor musical.
Con la asesoría de la embajada de México en España, todos los bailarines excepto uno realizaron los trámites. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, dirigido por la juez Inmaculada Iglesias. La juez no parece tener prisa y ha solicitado informes a la Inspección de Trabajo y a la Tesorería de la Seguridad Social. No le concedió un significado crucial a las prorrogas de estancia obtenidas en los tribunales administrativos, principalmente porque fueron medidas preventivas.
Ni Nacho Cano ni sus otros tres miembros del equipo han dado declaración en la corte. Está por declarar los bailarines quienes son considerados las partes perjudicadas a pesar de que han demostrado su apoyo al productor. Se esperaba que regresaran a México, por lo que se programó para declarar el 29 de agosto a las 10:30, aunque la medida tuvo que ser pospuesta un día antes debido a que no pudieron localizar a uno de los investigados del equipo de Nacho Cano.
El gremio de Comisiones Obreras, presente en el caso como parte acusadora, sugirió que se había realizado un acto de orquestación. Nacho Cano sostuvo en un comunicado, que su colega «decidió informar a su abogada el 17 de julio que se hallaría en México». El productor responsabilizó a la policía por no hacer contacto con los abogados de su protoagista.
Todos los becarios han mostrado su total apoyo a Nacho Cano, con excepción de uno. De cualquier manera, este asunto ya no impactará la estadía en España de los danzantes mexicanos, dado que el 1 de septiembre retornaron a su patria al finalizar su periodo de estudios, como estaba planeado. Todos han retornado a casa con excepción de Lesly Ochoa, la mujer que inició el caso.
2) «Por favor, ayúdenme»
De los 19 becarios que llegaron a España con el objetivo de participar en el proyecto Malinche, 17 permanecieron. Se les informó a dos de ellos que ya no requerían sus servicios por no cumplir con los estándares. Lesly Ochoa fue una de aquellas pero, en vez de retornar a México, decidió presentar una denuncia en la comisaría. Meses más tarde, hizo lo mismo ante la Fiscalía de Madrid. Este diario obtuvo el escrito que ella envió el 17 de junio por correo electrónico a la fiscalía. El asunto del email decía: «¡Por favor, ayúdenme! Nacho Cano carece de ética y se está beneficiando de todos los mexicanos y nuestra cultura» (sic).
Esta mujer relató que llevaba siete meses residiendo en Madrid, traída al país por la productora del artista, La Malinche, junto con otros 18 becados. Entraron a España como turistas con la intención de permanecer un año. Sin embargo, su principal preocupación no era su estatus migratorio sino el trato que recibió del músico. Aseguró que fue despedida del proyecto quince días después de su llegada y atribuyó esto a que había presenciado a Nacho Cano y su asistente besándose en la discoteca Kapital, luego de acompañarlos a una cena en Ifema. «Es una compleja anécdota que necesito detallar para que se entienda adecuadamente», señaló. Lesly Ochoa afirmó que había sido amenazada, que le habían dicho que nadie la creería y que no le proporcionaron razones al despedirla del proyecto.
«Me encuentro en un punto donde no sé cómo voy a subsistir en este país, he considerado quitarme la vida, pero no tengo el coraje.»
La ciudadana mexicana, representada por la abogada Beatriz Uriarte, expresó que era indigente, sin medios económicos y sin posibilidad de trabajar por no tener su documentación en orden. Confesó a la Fiscalía su intención de permanecer en España por razones de seguridad, aunque su situación era desesperada: «Me encuentro en un punto donde no sé cómo voy a subsistir en este país, he considerado quitarme la vida, pero no tengo el coraje, por favor ayudenme». Como respaldo a su relato, presentó evidencias como los boletos de avión, una carta de invitación de «Becas Malinche» y fotografías del grupo, una de ellas con Nacho Cano.
La joven también reveló que había informado a la Policía sobre estos incidentes en enero, pero expresó su escepticismo sobre si iban a tomar alguna acción, considerando los estrechos lazos de Nacho Cano con la Comunidad de Madrid. «Temo por mi vida, pero no permaneceré en silencio», afirmó. A pesar de estos puntos, la Fiscalía desestimó la denuncia solo ocho días después. «Los detalles proporcionados no tienen importancia penal», establece el documento de solamente tres páginas. Aunque la Fiscalía respondió a la historia de la joven, no abordó la presunta situación irregular de los becarios. El documento de archivo reconoce que la información presentada le daba el derecho a la productora de despedirla si no cumplía con condiciones como «compañerismo» y «dedicación y esfuerzo».
El círculo cercano a Nacho Cano sostiene que la joven fue una fuente de conflicto desde el comienzo, no sólo con la organización, sino en cómo coexistía con el resto del equipo. El penúltimo episodio de este conflicto surgió hace unos días cuando se revelaron los mensajes que la bailarina le enviaba al equipo de producción. Les solicitaba dinero y una carta de recomendación firmada por el artista a cambio de no hacer una denuncia formal. Los abogados del productor de música presentaron estos mensajes de WhatsApp al juez que está llevando el caso principal, pero el juez no los ha considerado pertinentes.
Lesly Ochoa mencionó en su declaración que se dirigió a la fiscalía debido al temor de que la Policía no haya investigado nada debido a las conexiones políticas de Nacho Cano. Sin embargo, la Policía había estado realizando investigaciones durante varios meses, que culminaron con la detención del productor once días después del archivo en la Fiscalía.
3) El comisionado Alberto Carba.
Poco tiempo después de ser liberado tras su arresto el 9 de julio, Nacho Cano se presentó en una rueda de prensa masiva, acompañado por los becarios de su espectáculo musical. Durante su alocución, asoció su detención con su relación cercana con la presidenta de la Comunidad de Madrid y criticó a la Policía. Posteriormente, aclaró sus comentarios expresando que su crítica estaba enfocada solamente hacia «los responsables de este caso, es decir, algunos miembros de la comisaría de Leganitos». Específicamente, apuntó al máximo representante de la comisaría, el comisario Alberto Carba.
Leganitos alberga la comisaría de Centro, en Madrid, siendo esta la más grande de Europa en términos de personal, con cerca de quinientos efectivos. Alberto Carba es el comisario encargado de dirigirla. De acuerdo con los archivos del caso a los que tuvo acceso este medio, la investigación policial estuvo a cargo del Grupo II de Policía Judicial de la Comisaría de Centro. Asimismo, los becarios, al igual que el productor, han expresado fuertes críticas sobre el comportamiento policial, a pesar de que ellos son las supuestas víctimas en este caso.
El día previo al arresto de Nacho Cano, la Policía interrogó a los bailarines mexicanos. Denuncian que estuvieron detenidos durante horas en la comisaría, que fueron separados y que recibieron un trato humillante, siendo presionados para declarar en contra del productor. Estas acciones culminaron en una demanda contra los policías por coacción, amenazas, falsificación de documentos y arresto ilegal.
Las autoridades legales consultadas señalan que se han presentado 17 quejas únicas y separadas, cada una en varios juzgados de instrucción de Madrid, localizados en Plaza de Castilla. La queja inicial llegó al juzgado número 38. Los diversos jueces que han tenido a cargo estas quejas han optado por inhibirse en el juzgado número 19, el cual lleva a cabo la denuncia inicial en contra de Nacho Cano. Sin embargo, la jueza Inmaculada Iglesias cree que estas acusaciones contra los policías no están relacionadas con su procedimiento. Esto agrega más complejidad y extiende aún más el enredo judicial al que se enfrenta este conflicto.
Los estudiantes ampliaron su demanda tras la aparición de agentes de Madrid en el puerto de Ibiza, lugar al que habían asistido para su fiesta de graduación el 28 de julio. Los oficiales de policía se presentaron en persona para entregarles la convocatoria para una declaración jurídica, lo cual finalmente se pospuso.
Los defensores legales de Nacho Cano acusan a la policía de llevar a cabo la investigación de manera «irregular» por un lapso de seis meses, y de haber continuado aún después de que el caso se judicializó. Alegan que se realizaron «vigilancias» a los estudiantes mexicanos becarios y que fue por eso que les entregaron personalmente la citación para declarar, a pesar de que la policía podría haberlo llevado a cabo mediante los abogados. Los bailarines han solicitado una orden de restricción debido a las intimidaciones policiales de las cuales se consideran víctimas.
El litigio relacionado con Nacho Cano no parece tener una solución rápida. Existe una serie de aspectos secundarios en disputa, partiendo de varios pleitos legales con acusaciones mutuas. Las denuncias legales, los informes policiales y los recursos han generado una confusión entre los tribunales madrileños. El conflicto, que comenzó en julio con el arresto del músico, se ha intensificado con la mayoría de sus becarios enfrentándose a un comisario de policía. Todo inició con una de las bailarinas que se presentó en una comisaría en enero luego de ser despedida del musical Malinche. Este es un caso que saltó a la escena política debido a la relación cercana de Nacho Cano con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aquí presentamos una guía para entendimiento de este complicado escándalo.
