En España, el creciente costo de vida en sus ciudades principales es notable, siendo uno de los elementos más significativos la recaudación de los tributos locales. Es en Madrid y Barcelona donde los ciudadanos terminan desembolsando más, rebasando en ambos casos los 1.000 euros por individuo.
Aunque podría esperarse que Sevilla o Bilbao ocupasen el siguiente lugar, es Tarragona la que sorprendentemente luce en la tercera posición gracias a su notable esfuerzo en recaudación, tal como revela un reciente estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Los residentes de Tarragona contribuyen con aproximadamente 917 euros cada uno, colocándola detrás de Barcelona, donde la contribución es de 978 euros, y Madrid, la líder de la lista con una contribución de 1.001 euros per cápita. Esta situación demuestra la abismal diferencia con otras capitales provinciales españolas.
El gravamen que más incide es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que representa el 66% de los ingresos de los ayuntamientos de todo el país. En Tarragona, el impacto de este tributo es significativo y se erige como uno de los elementos que elevan el costo de vida. Girona lidera el ranking de ciudades con el IBI más alto pero Tarragona no se aleja mucho con su contribución a este impuesto.
Además del IBI, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) también influyen en la economía local de Tarragona, incrementando la carga tributaria y situándola en esta destacada tercera posición. Finalmente, las tasas municipales constituyen un recurso crucial en la financiación de los ayuntamientos y, en el caso de Tarragona, su participación en la recaudación es considerable.
Las distintas tasas en diversos servicios y su inconsistencia han provocado descontento entre los contribuyentes. El Consejo General de Economistas de España ha resaltado la necesidad urgente de una propuesta de financiamiento autonómico y local más equitativa y transparente. Adicionalmente, la falta de una autoridad económica-administrativa en algunos municipios obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para expresar sus desacuerdos con las liquidaciones de impuestos. Este procedimiento, que usualmente requiere recurso al sistema judicial, es costoso e inaccesible para aquellos que desean cuestionar las decisiones fiscales municipales. Por otra parte, Tarragona tiene una de las cargas fiscales más altas del país, mientras que otras urbes como Pamplona (435 euros) y Jaén (492 euros) se encuentran al otro extremo de la escala, con cifras significativamente más reducidas. Esta situación resalta la variación en la carga fiscal para los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia, poniendo de relieve la necesidad de reconsiderar la gestión de los impuestos locales en todo el país.
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