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Desde que concluyeron las elecciones del 23 de Junio, se anticipaba una legislatura ardua. Con el ciclo electoral completo ahora, el inicio del periodo político señala problemáticas para el Gobierno, reconociendo ya la complejidad de dirigir en minoría y teniendo como aliados a rivales como Junts y ERC.

Según fuentes gubernamentales, existe actualmente un incremento en la tensión política entre estas dos facciones independentistas, recién salidas de las elecciones sin obtener el control de la Generalitat y próximas a emprender sus procesos internos individuales. Este friccionamiento es percibido como desfavorable, ya que pone en peligro la estabilidad de la legislatura.

Sin embargo, el Gobierno mantiene su determinación de dirigir hasta 2027, a pesar de los desafíos parlamentarios y la incertidumbre que rodea regulaciones importantes como los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o la legislación para regular el alquiler temporal.

En la última semana, la confrontación entre ERC y Junts ha escalado aún más, sobre todo tras la decisión del Gobierno de retraer la votación de la senda de déficit -un paso previo a la tramitación presupuestaria- debido a la falta de respaldo. Como resultado, Moncloa ha iniciado negociaciones con Junts para establecer un nuevo límite de gasto, sin embargo, los republicanos también han demandado participar en dichas conversaciones, incrementando aún más la tensión.

El Gobierno admite que nunca antes había sido testigo de una disputa como la ocurrida este jueves en el Congreso, en la que Junts acusó a ERC de rendirse al PSOE «sin obtener nada a cambio», mientras que ERC contraatacó alegando que Junts había aprobado más medidas gubernamentales sin negociación. Tales acciones no hacen más que sumar dificultades a los socialistas.

Según los informes de Moncloa, es habitual que surjan conflictos de este tipo entre ellos, debido a la intransigencia política en Cataluña. No obstante, admiten que esta creciente hostilidad no les favorece, ya que el costo de obtener su apoyo está aumentando. Este incremento se debe a que el PSOE solamente estableció acuerdos de investidura con ellos, y no de legislatura, lo que implica que la negociación será ajustada según lo decidan estos grupos políticos. Actualmente, el Gobierno ya ha aceptado la realidad de tener que negociar paso a paso con la formación política Junts. Desde el Ejecutivo, indican que su enfoque principal es el primer objetivo, que es la senda de déficit.

Las negociaciones se iniciaron el pasado fin de semana, más precisamente cuando el Gobierno decidió retirar la votación al detectar una oportunidad de atraer el apoyo de los posconvergentes. Estos propusieron una distribución tripartita del déficit entre el Gobierno y las autoridades locales, una propuesta que Moncloa rechazó inmediatamente. Sin embargo, están dispuestos a aumentar la deuda del Estado en beneficio de las comunidades y municipios que obtendrían un mayor margen de gasto.

El gobierno también había afirmado previamente que no existiría un cronograma específico para estas negociaciones, pero después de que el partido ERC urgiese la necesidad de acelerar el proceso de la senda de déficit, Moncloa ahora se compromete a presentar pistas antes de las conferencias de ERC y Junts este octubre.

Se espera que la presentación de los Presupuestos Generales del Estado sea retrasada, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sus palabras al justificar la decisión, «No hacemos política sobre el vacío», sugieren que el Gobierno se tomará su tiempo en espera de que sus «socios parlamentarios» celebren sus congresos antes de presentar las cuentas públicas.

Mientras tanto, la presión asciende entre las dos facciones, cada una constituida por seis representantes esenciales para que el Gobierno pueda consolidar una mayoría legislativa. A pesar de que en un principio Sánchez afirmó que sería capaz de dirigir «con o sin la participación del cuerpo legislativo», rápidamente rectificó sus declaraciones frente a los legisladores socialistas, instándoles a ser receptivos a las «ideas y necesidades» de otros partidos parlamentarios con el fin de establecer mayorías.

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