El juez conservador José María Macías ha criticado la forma en que se llevó a cabo la sesión plenaria del Tribunal Constitucional, que aprobó por un pequeño margen la abstención de Juan Carlos Campo de la Ley de Amnistía. Macías sostuvo que Queda la impresión de que se está buscando mantener una mayoría específica.
Emitió un voto diferente, en el que condenó la forma en que se desarrolló la sesión plenaria de este martes. Esta reunió aceptó la solicitud de Campo de retirarse de todos los asuntos de la amnistía por una votación de 6 a 5, mientras que hace dos semanas se había avalado su abstención de forma unánime en el asunto de inconstitucionalidad del Supremo.
Macías alegó que la forma en que se manejó la abstención de un juez, con la participación de otros jueces anteriormente recusados antes de que se resolviera la recusación, era muy irregular. Este sería aún más el caso si esta situación se repite en los incidentes pendientes. Macías, que fue nombrado juez hace unas semanas, emitió su primer voto discordante en este caso. Según él, ninguno de los tres jueces que aún deben procesar y decidir las recusaciones en su contra -Cándido Conde Pumpido, Laura Diez y él mismo- deberían haber participado en el debate de esta mañana. Incluso mencionó que en línea con las objeciones que presenta en su voto, no debió haber participado como lo hizo. «Debo decir que mi participación en el pleno ocurrió en contra de mis convicciones y por decisión del propio pleno», afirmó.
El juez ha destacado una preocupación respecto a que «el Pleno del Tribunal se ha desarrollado de una manera irregular, ya que incluyó a magistrados que estaban en proceso de recusación antes de que estas fueran resueltas». Él hace hincapié en que la formación de un tribunal no es simplemente un asunto interno, administrativo o procesal, sino que es esencialmente un asunto crítico. Por eso, percibe que «la inevitable conclusión sería que no se busca salvaguardar la funcionalidad del tribunal, sino conservar una mayoría específica que se asume existente, y tal enfoque cuestionaría la credibilidad del TC como institución de justicia y alimentaría la narrativa de su politización».
Además, cuestiona que las abstenciones de Campo hayan sido tomadas por el presidente, puesto que las mociones han sido asignadas «a un magistrado bajo una recusación no resuelta». A su parecer, esta decisión no se ajusta a la ley que rige el tribunal que confiere al presidente «las medidas necesarias para el funcionamiento del Tribunal, las Salas y las Secciones». Según Macías, esto afecta los «aspectos meramente formativos que de ninguna manera permiten descartar o eximir las reglas de asignación de los casos».
A pesar de que este pleno aún no ha tratado directamente las recusaciones, la controversia ya está generada debido a que se ha presentado un récord de 54, una circunstancia inédita en el tribunal, cuyo curso será crucial para cambiar o mantener el balance actual de poder entre progresistas y conservadores. Esta dualidad quedó en una proporción de 6 a 5 con la salida de Campo. La votación de este martes ha servido como un adelanto de esto. Una de las discrepancias de los conservadores es que no están de acuerdo en que el presidente sea el relator de las abstenciones de Campo.
Sin embargo, según fuentes legales, no deseaban que tres jueces recusados -Conde Pumpido, Diez y Macías- formaran parte de la junta que iba a debatir las abstenciones debido a que habían sido recusados. De esta forma, la discusión actual se enfoca en cómo procesar y decidir sobre las recusaciones, con opiniones divergentes entre los grupos conservador y progresista, que podrían paralizar el tribunal. Como sucedió este martes, los conservadores defienden la idea de excluir a todos los recusados del debate, lo que llevaría a un empate (4 a 4) en el tribunal para resolver todas las cuestiones de recusación; aunque otros piensan que el recusado debería abstenerse en su propia votación pero participar en la de sus colegas.
